Huelga general
Cómo desbordar la huelga general que le gustaría a Pedro Sánchez

El 11 de noviembre, huelga general. El 12, votación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente. El 13, inicio de la campaña electoral. El 16, primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El camino hacia las elecciones generales del 29N parece predeterminado y decidido en otras instancias, lejos de las calles y las plazas que han forzado el final de esta legislatura. 

Pese a todos estos condicionantes, los sindicatos de inquilinas y el movimiento de vivienda, las centrales laborales más combativas y otras organizaciones sociales y políticas se niegan a seguir bajando por este tobogán hacia las elecciones en el que se ha convertido el mes de noviembre. Se resisten a ver instrumentalizada la lucha por la vivienda, por el aumento del coste de la vida y por los salarios. Tienen sus propios planes para desbordar el marco dispuesto por el Gobierno. 

“No somos ingenuas, sabíamos que esto iba a pasar”, dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid en un desayuno con la prensa en el Ateneo La Maliciosa (Madrid). Esta activista da por hecho que el Gobierno intenta apropiarse del movimiento: “Sánchez es el mago de la apropiación, pero de nada nos sirve enfadarnos porque el PSOE haga ‘pesoadas’. No vamos a gastar un minuto en esto, porque hay mucho que hacer”.

A pocos metros de la sala donde se celebraba el encuentro, Pablo Carmona, analista de la Fundación de los Comunes, explica a El Salto que nada de esto tiene sentido si no se contempla la naturaleza del sanchismo, un “cadáver político que es capaz de alimentarse de todo lo que vive, de todo el tejido vivo que hay a su izquierda”. Una capacidad de absorción que ya demostró durante las movilizaciones por Palestina, recuerda Carmona, cuando “en un tiempo récord fue capaz de utilizar la fuerza de la calle, la desobediencia, para convertirlas en política de legitimación de su Gobierno”. Todo esto lleva, dice el autor de Democracia de propietarios (TDS, 2023), a que estemos ante la primera huelga general “pro-gobierno” de la historia de España. “Eso es algo que todo el movimiento de vivienda ve con claridad, pero el calendario es realmente complicado”, añade.

“Todo el progresismo mediático intentará encapsular esa realidad dentro de una huelga que esté dentro de los parámetros del Gobierno”, dice Pablo Carmona, autor de ‘Democracia de propietarios’

La sucesión de fechas de noviembre hace que “sea muy difícil salir de ese marco interpretativo”, argumenta Carmona. Para el que fuera uno de los concejales díscolos de Manuela Carmena en Ahora Madrid, se trata de una “gran contradicción” que afecta a todo el espacio de la izquierda, al sindicalismo de clase y los movimientos sociales, aunque reconoce que hay margen para escapar: “Todo el progresismo mediático intentará encapsular esa realidad dentro de una huelga que esté dentro de los parámetros del Gobierno. Todo esto obliga también al movimiento de vivienda a salirse de la longitud de onda discursiva que marca el propio Gobierno progresista y los decretos”.

La secretaria general de la CNT, Nieves Román, no está dispuesta a permitir que Sánchez “se salga otra vez con la suya”. Se trata de una huelga “de abajo arriba”, dice a El Salto, forzada por el movimiento de vivienda y las protestas desencadenadas tras el desahucio y la muerte de Maricarmen. Al PSOE se le “debería caer la cara de vergüenza”, advierte, por intentar apropiarse de una lucha que ha postergado y obstaculizado en cada uno de sus ocho años de gobierno.  

Tanto en las manifestaciones por la vivienda, como en las acampadas y en los comités de huelga, amplios sectores de la juventud están jugando un papel determinante. Entre los colectivos que están organizando la participación de esta generación de menos de 25 años destaca la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). Uno de sus portavoces, Gonzalo Gallardo, reflexiona sobre el intento del Gobierno de utilizar a la sociedad movilizada en su favor: “Vieron que era una posibilidad para hacer campaña electoral, para tratar de reposicionarse, de ganar posiciones”. Gallardo acusa al Gobierno, a los partidos de izquierda y a los grandes sindicatos de intentar darle a la huelga un “cariz simbólico”. Frente a esta deriva, contrapone la necesidad de “disputar políticamente la huelga frente a las burocracias sindicales”. Aunque este movimiento ha apostado por los espacios unitarios, ya han llegado las primeras rupturas. 

Las acciones en más de cincuenta ciudades protagonizadas sobre todo por jóvenes han señalado que “este sistema, gobierne quien gobierne, no les sirve, y lo quieren cambiar ya”, dicen desde la CGT

Una de las más sonadas se ha producido en Granada, donde este espacio y la CNT local han roto con CCOO y UGT para denunciar la “instrumentalización” de la huelga. En Zaragoza y Valladolid también se han planteado distanciamientos entre los bloques que convocan la huelga. En Madrid, la Mesa Sindical —integrada por CGT, CNT, ASC, MATS, Co.Bas, Plataforma Sindical y Solidaridad Obrera— publicó el 31 de octubre una carta abierta con advertencias a la dirección de los grandes sindicatos: “No estamos dispuestos a convertir esta convocatoria de huelga general en una precampaña para ningún partido”.

Para el secretario general de la CGT, Miguel Fadrique, los intentos de encuadrar la protesta y la huelga en el marco preelectoral están destinados al fracaso: “La convocatoria de huelga es la respuesta al estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen. Quien quiera sacar rédito político de esto o quiera hacer ver que esta huelga es una huelga política es que no ha entendido nada”. Las manifestaciones, las acampadas, las acciones en más de cincuenta ciudades protagonizadas sobre todo por jóvenes, han dejado muy claro, dice a El Salto, que “este sistema, gobierne quien gobierne, no les sirve, y lo quieren cambiar ya”. 

Las organizaciones sociales y sindicales, continúa, deben estar a la altura de ese mensaje: “Si no lo hacemos, estaremos defraudando a una gran parte de una generación”. De no ser por estas movilizaciones, sostiene, las grandes centrales sindicales nunca hubieran dado el paso de la primera huelga general laboral desde 2012: “Esto es así, lo saben ellos y lo sabemos todas y todos”.

“Cuando dijimos eso de ‘o sale el Decreto Maricarmen o este Gobierno no tiene sentido’, estábamos señalando al Gobierno y a todos los partidos que sirven de muleta al Gobierno de coalición”, precisa Del Río

Desde el Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río insiste en la misma línea: el objetivo de la huelga es “ir en contra de todos los gobiernos y todas las instancias gubernamentales que se han puesto al servicio del rentismo, tanto por obra como por omisión”. Una definición en la que entran quienes “han abierto la puerta a los fondos buitre”, pero también quienes han legislado para que pudieran hacer negocio con la vivienda. “Cuando dijimos eso de ‘o sale el Decreto Maricarmen o este Gobierno no tiene sentido’, estábamos señalando al Gobierno y a todos los partidos que sirven de muleta al Gobierno de coalición”, precisa Del Río. 

Los grandes sindicatos no apostaban por la huelga general, recuerdan desde el Sindicato de Inquilinas, y “se han tenido que mover” tras las gigantescas movilizaciones del último mes. Ahora, apuntan, el trabajo conjunto es clave: en determinados centros de trabajo, en el transporte y en muchos de los puntos estratégicos, el triunfo de la huelga depende de los grandes sindicatos. De la misma forma que el movimiento inquilino consiguió empujar a las grandes centrales a la huelga general, la próxima tarea, añaden, es llevar a la militancia de estos sindicatos a posiciones más combativas. “Debemos extender el mensaje de que la huelga es un golpe de la gente contra todas las instituciones públicas, todos los gobiernos que están al servicio del rentismo”, resume Alicia del Río, quien apuesta por situar, allí donde se pueda, las demandas del movimiento y preparar el día después, porque la “huelga general es solo el inicio”. 

Cómo recuperar una huelga en manos del “mago de la apropiación” 

Más allá del resultado de las elecciones y el futuro inmediato de las medidas del Decreto Maricarmen, el valor de la huelga general y su preparación está sirviendo para conectar luchas y ámbitos a menudo dispersos —la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios públicos, las pensiones, el feminismo, la ecología, el antirracismo— en un curso acelerado de “sindicalismo de base”, entendido como “una forma de desobediencia frente a un sistema injusto”, dice la portavoz del Sindicato de Inquilinas. 

El trabajo en los comités unitarios ha permitido llevar ese sindicalismo de base a espacios donde antes no llegaba, incluso a la militancia de los sindicatos mayoritarios, “a menudo desconectados de la calle”. Entre los principales objetivos de la preparación de la huelga, comenta Del Río, se encuentra “extender” esta forma de entender el sindicalismo a sectores que antes no estaban organizados y generar “poder popular”, una acumulación de fuerza capaz de “presionar e imponer reformas estructurales a cualquier Ejecutivo, gobierne quien gobierne”. 

En la aplicación Toka lanzada por el Sindicato de Inquilinas ya se han registrado 284 comités de huelga y más de 1.160 convocatorias. Talleres de pancartas, formación en sindicalismo y huelgas, pegadas de carteles, mesas informativas, asambleas abiertas, reparto de panfletos, piquetes en comercios, calles o centros de trabajo son algunas de estas acciones en las que ya se han registrado más de seis mil personas en cientos de municipios de todo el Estado. Según la Confederación de Sindicatos de Inquilinos, más de 4.300 comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadores ya se han adherido a la huelga. Entre ellas, grandes empresas como SEAT, Volkswagen, Amazon, Mercadona, Renfe, Telefónica o BBVA de distintos territorios.

Mientras las organizaciones de base intentan salir del marcaje del Gobierno y las direcciones de los grandes sindicatos, la propia población movilizada está desbordando a los colectivos y sindicatos que impulsan la huelga. Los comités territoriales y unitarios de la huelga están sirviendo para unir personas movilizadas de orígenes y trayectorias muy diversas. En el caso de Madrid, cuentan desde el Sindicato de Inquilinas, confluyen asambleas de barrios, pensionistas, feministas, defensoras de la sanidad y la educación, asociaciones vecinales, gente de sindicatos combativos, pero también de CCOO y UGT. 

“En todos estos comités hay un interés en hacer un trabajo político desde abajo, desde los barrios, que supera las reivindicaciones de la huelga porque se están poniendo otras cosas sobre la mesa”, dice Elisa Molina, de la Comisión de Organización del Sindicato de Inquilinas, en el mismo encuentro con la prensa. Se trata, según sus palabras, de un “despertar político”, una “esperanza recuperada de cambiar las cosas” con un “desborde a nivel político” que recuerda a lo que ocurrió en la Acampada de Sol. La huelga, en todo caso, es el inicio. “No sabemos lo que vendrá después”, añade. 

Desde CGT coinciden en señalar la huelga como un “primer paso” de algo mucho mayor. “Ahora se ha dado el escenario perfecto para que la huelga sea un éxito y sea el inicio de un proceso de lucha para conseguir unos objetivos claros”, dice Miguel Fadrique, secretario general de este sindicato.

Fadrique se muestra optimista sobre todo lo que ha pasado desde el 23 de septiembre, un momento histórico que este sindicalista interpreta como la demostración de que la “clase obrera organizada está viva”. Las luchas por la vivienda, por la educación, la convocatoria de la huelga, dice a El Salto, “hacen ver la luz al final de un túnel en el que la extrema derecha parecía habernos quitado el protagonismo, ocupando un espacio que nunca ha sido ni será suyo, y difundiendo sus mensajes de odio”. 

El 11N también “va de eso”, agrega, “de plantar cara a la extrema derecha, decirles basta, y dejar claro que la clase obrera organizada está aquí, y que está aquí para luchar por sus derechos y para frenar la ola reaccionaria que pretenden instaurar”. 

Para desbordar la huelga que le gustaría al Gobierno, Nieves Román (CNT) plantea “el bloqueo logístico de las infraestructuras, paralizar los centros de distribución, los puertos, los transportes de mercancías”

Para Nieves Román, de CNT, la primera medida para que “Sánchez no se salga con la suya” es negociar unos servicios mínimos no abusivos, especialmente en transporte y otros servicios esenciales. Para evitar que el 11N se convierta en “un día de fiesta”, la huelga laboral debe ir de la mano de una huelga de consumo, pero también de “cuidados y reproducción social” para demostrar que, “sin este tipo de trabajos, el sistema colapsa”. Para desbordar la huelga que le gustaría al Gobierno, Román plantea “el bloqueo logístico de las infraestructuras, paralizar los centros de distribución, los puertos, los transportes de mercancías, así como “quitar el monopolio de las portavocías a los liberados sindicales, creando espacios de decisión vecinales que coordinen las acciones de forma horizontal”. Coincide en concebir la huelga general como el inicio: “Creemos que esto es un punto de partida para seguir movilizados. No queremos que solo sea una huelga de un día y que todo se olvide, porque estaríamos en las mismas. La población está muy movilizada ahora mismo y es un hecho que las cosas están cambiando”.

La utilización del 11N para organizar el día después de las elecciones generales es otro de los puntos coincidentes. Esta tarea pasa por desbordar a las direcciones de los grandes sindicatos estatales, afirma Gonzalo Gallardo, portavoz de la CJS. Según afirma en conversación con El Salto, “hay muchos trabajadores, incluso en Comisiones Obreras y UGT, que no quieren una huelga pro-gobierno, no quieren una huelga que sea un mero acto simbólico y un acto de campaña”. 

Para ello, dice, es imprescindible hacer lo que se supone que se tiene que hacer en una huelga general: “Interrumpir la producción, la normalidad económica, demostrar fuerza y enfrentarse a quienes les explotan”. Al igual que otros movimientos sociales y sindicatos alternativos, la táctica del Movimiento Socialista ha sido participar en los comités unitarios para intentar radicalizar el discurso con demandas que vayan “más allá del marco limitado que las burocracias sindicales quieren plantear”. 

Pablo Carmona considera que engañar “al mago de la apropiación” y desbordar la huelga es “realmente complicado”. Según su análisis crítico, el movimiento de vivienda “está encerrado en gran medida en una trampa, que es la trampa de haberse convertido en una especie de consultor premium que habla en la misma longitud de onda que el propio Gobierno”. No intenta, según dice a El Salto, crear una “institucionalidad alternativa” sino que se enmarca en las “posibilidades que ofrece la legislación”. 

“Al igual que en la anterior crisis de vivienda, todo pasa, reflexiona Carmona, por la “organización política del impago”: decidir cuándo y cómo se va a dejar de pagar

A la vez, Carmona reconoce que todo lo que ha ocurrido desde el 23 de septiembre ha hecho que se multiplique el trabajo realizado desde el movimiento de vivienda, desde los sindicatos de inquilinos, las PAH, las asambleas: se han abierto nodos, las asambleas se han llenado, se han parado desahucios, una movilización fundamental para enfrentar una posible derrota del bloque progresista el 29N. En este escenario, el más probable, dice Carmona, este esquema de colaboración entre movimientos y Gobierno quedaría completamente enterrado, advierte este integrante de la Fundación de los Comunes. 

Carmona comparte la necesidad de “estirar” la movilización y el espíritu Maricarmen todo lo posible, pero es crítico con las limitaciones del modelo reivindicativo, que “no termina de escapar de la dinámica progresista”. La única salida, indica, pasa por mezclar las “herramientas de desobediencia que están dentro de nuestra tradición insurreccional”, en referencia a los stop desahucios, los escraches o la okupación, con un “sistema de demandas” que apunten directamente al origen del problema: “El conjunto de la propiedad inmobiliaria de este país”. Al igual que en la anterior crisis de vivienda, todo pasa, reflexiona, por la “organización política del impago”: decidir cuándo y cómo se va a dejar de pagar, ya sea porque llegue una gran huelga de alquileres o porque las condiciones materiales ya no permitan seguir pagando.