Gobierno de coalición
Unidas Podemos considera incompleta la moratoria de cortes de suministro y reclama que se incluya agua y gas

El Gobierno, a través de la ministra portavoz María Jesús Montero, ha anunciado poco antes de las 14h que se garantizará que no se corten suministros a familias vulnerables este invierno. La medida será hecha oficial mediante una disposición adicional en los próximos días, posiblemente junto al decreto de desahucios.

El anuncio por parte de la ministra socialista ha llegado al mismo tiempo a la prensa que a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. La confluencia lleva presionando desde septiembre para que se garantice que no se corten los suministros. Fuentes de la organización dicen no entender “cómo el texto circulado a los medios por el Ministerio de Transición Ecológica no ha sido compartido con el resto de carteras”. En estos momentos, dicen, “no hay acuerdo con respecto al corte de suministros”.

A pesar de ello, desde la confluencia saludan la medida aunque advierten que “para ser efectiva debe contemplar todos los tipos de suministros: luz, gas y agua”. Además, reclaman que la protección vaya más allá de las personas que perciben el bono social, un mecanismo de descuento de la factura eléctrica que no incluye al conjunto de personas en situación de vulnerabilidad. En 2019 se calculaba que la pobreza energética afectaba hasta a 6,8 millones de personas mientras que el bono social solo cubre a dos millones.

Esta misma mañana, UP explicaba a los medios que estaban “trabajando para convencer al Ministerio de Transición Ecológica de la necesidad de prohibir los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma, como medida complementaria a la suspensión de los desahucios, y garantizar así viviendas en condiciones dignas”.

Desde el partido morado se toma con mucha cautela la interpretación del anuncio de esta mañana —y sobre todo, el hecho de que se hayan enterado por la prensa— pero persiste el malestar ante las últimas novedades en temas que están en negociación. Hace 15 días se cerró el acuerdo para evitar los desahucios, que estaba previsto anunciar la pasada semana. Sin embargo, el pasado miércoles, el ministerio de Economía y el de Justicia plantearon un cambio sustancial para conceder los mismos derechos sobre el impago de alquileres a los propietarios con una vivienda en alquiler y a los grandes tenedores de vivienda.

Grupos como Blackstone pasarán, de este modo, a verse beneficiados por el pago de esos alquileres a cuenta del Estado. Este hecho ha provocado una respuesta inmediata de los grupos de vivienda que, esta misma mañana, han protestado porque interpretan que “el gobierno se está plegando a los intereses de los especuladores, ofreciéndoles recursos públicos para que no dejen de hacer negocio”.