Gobierno de coalición
Pedraz amplía la causa de “los fontaneros” del PSOE y hunde al partido en un nuevo pantano judicial

El juez Santiago Pedraz ha ampliado la investigación del caso Leire y sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de una presunta trama destinada a obstaculizar causas judiciales que afectaban a miembros del partido y del Gobierno. En un auto emitido este pasado miércoles 27 de mayo, Pedraz atribuye a Cerdán un papel de “dirección y coordinación” de una hipotética estructura que, según la investigación, habría utilizado recursos y fondos del PSOE para financiar actuaciones encaminadas a desacreditar jueces, fiscales, mandos policiales y testigos en las causas abiertas contra integrantes del partido y el Ejecutivo. En este sentido, el juez también apunta a la intervención de la gerente socialista Ana María Fuentes en la gestión o autorización de recursos económicos del partido.

El mismo miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación económica, correos electrónicos y archivos relacionados con pagos presuntamente realizados a la exmilitante socialista Leire Díez. El magistrado ha imputado también al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, además de mantener investigados al empresario Javier Pérez Dolset y a otros colaboradores vinculados a la denominada “fontanería” socialista.

Todo habría empezado con las acciones contra Begoña Gómez

En el auto, el juez Pedraz sostiene que la estructura investigada comenzó a operar en abril de 2024, coincidiendo con la apertura de las investigaciones judiciales contra Begoña Gómez, y durante los cinco días de reflexión anunciados entonces por Pedro Sánchez sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Según el magistrado, a partir de ese momento se articuló una estrategia “sistemática y continuada” para “desestabilizar” cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera perjudicar al PSOE o al Gobierno. El juez considera también que existen indicios de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, inducción al falso testimonio y delitos contra las instituciones del Estado.

La pieza central de la investigación gira alrededor de Leire Díez, exmilitante socialista y antigua colaboradora en empresas públicas, a quien el juez atribuye funciones ejecutivas dentro de la presunta trama. El auto recoge que Díez habría actuado como intermediaria en operaciones destinadas a obtener información sensible sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil vinculados a investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno. Según la resolución judicial, esas actuaciones incluían la recopilación de información reservada, contactos con empresarios y abogados, maniobras para desacreditar investigadores y presuntos intentos de manipulación de testimonios.

Según la documentación incorporada a la causa, la UCO ha identificado al menos 22 reuniones entre Cerdán y Díez en la sede federal del PSOE

Pedraz sostiene que Díez recibió pagos periódicos a través de sociedades interpuestas vinculadas a Gaspar Zarrías, al abogado Ismael Oliver y a otros colaboradores de la trama. Esos pagos rondaban los 4.000 euros mensuales y se habrían canalizado mediante consultorías y facturación presuntamente ficticia para ocultar el origen de los fondos. La investigación apunta a que parte de esos recursos procedían directamente de estructuras del PSOE y contaban con autorización o conocimiento de responsables de la organización del partido.

Uno de los elementos más relevantes del auto es la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez. Según la documentación incorporada a la causa, la UCO ha identificado al menos 22 reuniones entre ambos en la sede federal del PSOE, además de otras 17 celebradas fuera de Ferraz o en ubicaciones aún no determinadas. La primera reunión documentada data del 26 de abril de 2024, en plena crisis política generada por la imputación de Begoña Gómez y coincidiendo con el periodo de reflexión anunciado por Pedro Sánchez.

El juez interpreta esas reuniones como parte de una estructura de coordinación dirigida desde la Secretaría de Organización del PSOE. En el auto, Pedraz sostiene que Cerdán habría encargado personalmente a Díez la ejecución de actuaciones orientadas a “atacar la correcta dirección de las investigaciones” abiertas contra personas vinculadas al Gobierno y al partido. La resolución atribuye al exnúmero dos socialista un papel jerárquico superior dentro de la organización investigada y lo sitúa como responsable estratégico de la operación.

Sánchez no tiene responsabilidad penal

El auto, además, recoge referencias a presuntos intentos de soborno y manipulación de testigos por los implicados en la trama. Entre los episodios mencionados figura una supuesta oferta económica a la empresaria Carmen Pano para alterar declaraciones relacionadas con investigaciones judiciales, así como contactos dirigidos a fiscales y mandos policiales. La resolución también menciona la obtención y circulación de información reservada, audios y documentación sensible sobre procedimientos en curso.

Otro de los nombres destacados en la investigación es el del empresario Javier Pérez Dolset, viejo conocido de los tribunales y vinculado desde hace años a distintos entornos empresariales y tecnológicos en España. El juez considera que Pérez Dolset formaba parte del núcleo operativo de la estructura investigada y que participó en reuniones y estrategias destinadas a recopilar información y coordinar actuaciones. En el auto también aparece mencionado el grupo de WhatsApp Hirurok (nosotros tres, en euskera) utilizado presuntamente por varios de los implicados para coordinar sus actividades.

Aunque el auto contiene referencias a la crisis desatada en el PSOE y el Gobierno tras la investigación a Begoña Gómez, y menciona conversaciones en las que algunos implicados aluden a Pedro Sánchez, el juez no atribuye por ahora responsabilidad penal alguna a Pedro Sánchez. Las resoluciones no incluyen su imputación ni afirman que existan pruebas sobre su participación directa en las maniobras investigadas. Lo único que recoge el auto de Pedraz es ese supuesto objetivo de proteger intereses políticos y judiciales de perfiles relacionados con el PSOE y el Ejecutivo.

La dirección federal del PSOE ha rechazado de forma tajante las acusaciones contenidas en el auto de Pedraz y niega que el partido utilizara facturas falsas o sociedades interpuestas para financiar las actividades que se les atribuyen. Sobre el requerimiento de la UCO en Ferraz, los socialistas insisten en que se colaboró “en todo momento” con la justicia y reclaman que cualquier acusación contra ellos sea sustentada con pruebas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido nuevamente que se adelanten las elecciones generales y asegura que la situación política atraviesa un momento “agónico”

La dirección del PSOE sostiene que ellos son los primeros interesados en facilitar la documentación requerida por la Audiencia Nacional y en que se levante el secreto de sumario para conocer íntegramente el contenido de la investigación. No obstante, también admiten preocupación por el impacto político del caso, aunque consideran que existe una dinámica de “acoso y derribo” contra el PSOE y contra Pedro Sánchez.

La oposición ha aprovechado el movimiento del juez Pedraz para redoblar la presión sobre el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido nuevamente que se adelanten las elecciones generales y asegura que la situación política atraviesa un momento “agónico”.

El auto de Pedraz llega apenas una semana después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación en una trama relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y en medio del caso Koldo-Ábalos.