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Hace tan solo cinco días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionaba a la empresa energética Naturgy Generation por manipular el mercado eléctrico para inflar los precios e incrementar su beneficio en el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 en la zona geográfica de Galicia abastecida por la central Sabón 3. La sanción se eleva a los 43,2 millones de euros, cantidad que el organismo calculó que había sido el beneficio extra de la empresa por dicha manipulación.
Pero para la organización de consumidores Facua no es suficiente y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con dichos hechos probados, ya que consideran que la compañía podría haber incurrido en un delito contra el mercado y los consumidores. Además, Facua argumenta que considera ridícula la sanción, teniendo en cuenta que dicha cantidad supone apenas un 0,4% de los 1.649 millones de euros de beneficios netos que la eléctrica obtuvo el pasado año 2022.
Facua considera que de los hechos probados por la CNMC podría desprenderse una posible conducta delictiva por parte de Naturgy Generación en relación al artículo 284 del Código Penal: “Se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o informador por tiempo de dos a cinco años”.
Además, no considera razonable que la empresa justifique este incremento de precios con el fin de recuperar pérdidas pasadas, sirviéndose de las circunstancias de la zona de Galicia y de la ausencia de competidores para incrementar sus ingresos.
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No solamente las grandes empresas y la banca pueden asumir cómodamente sus multas. Es que además hay personas que han tomado esas decisiones a sabiendas, por lo tanto deben ser perseguidas judicialmente. Eso de que las empresas respondan como entes jurídicos (y las administraciones del Estado), no funciona. Tienen que pagar los directivos que tomaron esas decisiones.
Les da la risa de maria luisa estas sanciones…
Les sale a cuenta seguir estafando a la sociedad y pagar propinillas por ello despues