Galicia
Varias mujeres acusan al presidente de la Deputación de Lugo del PSOE de acoso sexual

Varias mujeres han presentado denuncias internas por presunto acoso sexual contra José Tomé Roca, presidente de la Deputación de Lugo, alcalde de Monforte de Lemos y secretario general del PSdeG-PSOE en la provincia. Las acusaciones, difundidas inicialmente a través de testimonios recopilados por el programa de televisión Código 10 de Cuatro, describen conductas que incluirían tocamientos no consentidos, llamadas y mensajes con contenido sexual y, en algunos casos, insinuaciones o proposiciones relacionadas con la posibilidad de obtener empleos o mejoras profesionales a cambio de favores sexuales. Las denunciantes, que piden mantener el anonimato por temor a represalias, señalan que las situaciones habrían ocurrido durante años y que habrían puesto los hechos en conocimiento de responsables del partido sin que se hubiesen adoptado medidas visibles.

Los relatos de las mujeres apuntan a un patrón de comportamiento reiterado en el tiempo. Varias de ellas aseguran que comenzaron a recibir comentarios inapropiados, insinuaciones o invitaciones de carácter personal que, con el paso del tiempo, derivaron en actitudes más insistentes. Según describen, la relación jerárquica y la influencia política de Tomé generaban un contexto de vulnerabilidad que dificultaba rechazar o denunciar las conductas. Algunas de las afectadas afirman que, tras manifestarlo, la situación lejos de mejorar se convirtió en un entorno hostil que las llevó a apartarse de actividades del partido o incluso a renunciar a responsabilidades orgánicas.

Una parte de las denunciantes sostiene haber trasladado sus experiencias a cargos relevantes del PSOE en Galicia y por lo canales internos del partido. De acuerdo con sus testimonios, se habrían producido conversaciones con miembros de distintas organizaciones internas del partido en las que se expusieron los hechos con detalle. Sin embargo, aseguran que la respuesta recibida fue insuficiente. Algunas relatan haber sido invitadas a minimizar la gravedad de lo ocurrido o a considerar las conductas como propias de la personalidad del dirigente. Otras afirman directamente que se les aconsejó no avanzar en una denuncia formal para evitar conflictos internos o daños políticos a la organización en la provincia de Lugo.

Por su parte, José Tomé niega de manera categórica todas las acusaciones. Ha calificado los hechos en la Cadena Ser como un “montaje” construido para dañarlo políticamente desde sus propias filas y asegura que nunca ha recibido una comunicación formal —ni interna ni judicial— en relación con estas denuncias. Afirma que emprenderá acciones legales contra quienes, en su opinión, estén intentando difundir informaciones falsas o perjudiciales. Su entorno político más cercano sostiene que no existe evidencia de las conductas descritas y que los relatos forman parte de un intento de desestabilizar la estructura provincial del partido.

A nivel orgánico, la dirección nacional del PSOE ha señalado públicamente que cualquier denuncia de acoso sexual será tratada con la máxima contundencia y que, de confirmarse los hechos, se adoptarán medidas inmediatas. Sin embargo, el partido también subraya que las denuncias internas requieren un proceso específico que respete la confidencialidad de las personas afectadas y que no todas las comunicaciones realizadas a través de los canales internos se trasladan automáticamente a la dirección autonómica o federal. Esta situación ha generado confusión y debate interno sobre la eficacia de los protocolos existentes y sobre el grado de protección que ofrecen a las mujeres que denuncian.

El caso adquiere especial relevancia en un momento delicado para el partido, que en las últimas semanas ha enfrentado otras denuncias de acoso en distintos territorios como el caso Salazar. La acumulación de casos ha abierto —si es que algún día se cerró— un debate sobre la cultura interna de las organizaciones políticas y sobre los mecanismos de control y prevención frente a comportamientos abusivos en estructuras donde existe una relación jerárquica fuerte y un elevado nivel de dependencia orgánica o laboral.

Mientras tanto, las denunciantes insisten en que su principal objetivo es que se abra una investigación independiente, que se salvaguarde su identidad y que el partido garantice que no habrá represalias contra ellas ni contra otras mujeres que puedan decidir dar un paso adelante. Afirman que no buscan un conflicto interno, sino la protección de sus derechos y la necesidad de que cualquier institución pública mantenga conductas ejemplares en materia de igualdad y prevención del acoso.

El desarrollo de los próximos días será clave para determinar la dirección del caso. Si las denuncias se formalizan en los órganos internos del partido o en instancias judiciales, podrían iniciarse procesos con consecuencias políticas significativas. En caso contrario, el debate se centrará en la necesidad de revisar los mecanismos internos de los partidos para garantizar que las personas afectadas encuentran vías efectivas y seguras para denunciar. El impacto ya es evidente: el caso ha sacudido el panorama político gallego y ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la responsabilidad institucional frente a la violencia sexual y el acoso en espacios de poder.