Galicia
La UE designó la mina de litio de Doade como proyecto estratégico ignorando a sus propios expertos

La Comisión Europea lleva dos años negándose a explicar cómo seleccionó los proyectos mineros que considera estratégicos para su seguridad de suministro de materias primas. Ahora, una investigación del medio alemán Table.Briefings, basada en más de 290 páginas de documentos internos de la Comisión Europea, revela lo que organizaciones ecologistas y comunidades afectadas llevaban meses sospechando.

Al menos once proyectos, entre ellos la mina de litio de Doade (Beariz, Ourense), fueron incluidos en la lista final de proyectos estratégicos a pesar de no haber superado la evaluación de los expertos independientes contratados por la propia Comisión.

Los documentos analizados por Table.Briefings muestran que Mina Doade no figuraba en el borrador de comienzos de 2025, elaborado tras la revisión técnica externa. Apenas unas semanas después, ya aparecía en la lista definitiva. Lo que ocurrió en ese intervalo es precisamente lo que nadie en Bruselas quiere explicar.

Presión política donde debería haber criterio técnico

La investigación apunta a que los Estados miembros pudieron presentar alegaciones o reclamar reconsideraciones tras conocer la evaluación negativa de sus proyectos. Según informó el diario portugués Público, la presión política ejercida sería determinante para que Mina Doade acabara en la lista definitiva.

La eurodiputada gallega Ana Miranda (BNG) y la portuguesa Catarina Martins (BE) trasladaron estas preocupaciones en una carta a la Comisión, en la que solicitan explicaciones sobre la base legal del proceso que llevó a la selección de proyectos que “aparentemente no cumplían con los criterios de selección de la evaluación técnica inicial realizada por expertos externos”.

La plataforma SOS Suído Seixo, que agrupa a los vecinos del entorno afectado por el proyecto de Doade, lo califica directamente de “tongo”. “Ahora entendemos por qué existe tanta opacidad en torno a la designación de Mina Doade como proyecto estratégico y por qué la Comisión Europea no nos quería dar acceso a los documentos”, señala María Lavandeira, su portavoz. “Parece que tienen mucho que ocultar”, recalca.

Adriana Espinosa, de Amigas de la Tierra, describe un patrón sistemático de bloqueo institucional que se extiende entre Bruselas y Madrid: “Llevamos casi dos años intentando conseguir una reunión con la Dirección General de Minas para hablar del proceso de selección de proyectos estratégicos”.

Varias organizaciones ecologistas han solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica conocer qué proyectos españoles se habían presentado como candidatos, para poder aportar información independiente sobre sus impactos ambientales y sociales. La respuesta fue negativa.

Cuando, ya con los proyectos seleccionados, pidieron acceso a las evaluaciones ambientales y sociales que sirvieron de base para la designación —incluida la de Mina Doade—, también se les denegó.

Este periódico ha contactado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para solicitar su valoración sobre las revelaciones de Table.Briefings y sobre el papel de España en las consultas que condujeron a la inclusión de los proyectos españoles en la lista final. Hasta el cierre de esta edición, el ministerio no ha respondido.

Pero lo mismo ocurrió a escala europea. En diciembre de 2024, Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones europeas, presentaron ante la Comisión un informe que ponía a Mina Doade como ejemplo de malas prácticas. “No nos respondieron absolutamente nada”, dice Espinosa. El informe fue remitido también al Ministerio. El resultado fue el mismo.

En abril de 2025, ante la negativa reiterada a facilitar información básica, 230 organizaciones de toda Europa firmaron una carta dirigida a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunciando la ocultación de información y reclamando el derecho de acceso garantizado por el Convenio de Aarhus, del que España es parte.

Un experto independiente que trabajaba para la empresa promotora

Por encima de las irregularidades en el proceso de selección, la plataforma SOS Suído Seixo denuncia en sus alegaciones un presunto conflicto de intereses que conecta directamente a la empresa promotora con la evaluación técnica de la Comisión Europea.

Según el documento, al que este periódico ha tenido acceso, Carlos Martínez Torres fue director de Recursos Minerales de Galicia —la empresa promotora de Mina Doade, perteneciente al holding aragonés Samca— hasta agosto de 2024, período en el que preparó la solicitud de proyecto estratégico europeo entregada a la Comisión en agosto de ese año.

A partir de ese momento, pasó a ser director de Recursos de Galicia (RDG), la empresa mixta público-privada participada por la Xunta. Entre noviembre de 2024 y, como mínimo, febrero de 2025 —justamente el período en el que se estaba realizando la evaluación técnica de los proyectos estratégicos— fue contratado por la Comisión Europea como experto independiente para evaluar esas mismas candidaturas.

Las alegaciones presentadas por la plataforma SOS Suído Seixo ante la Xunta documentan además potencial un conflicto de intereses estructural que iría más allá de la figura de Carlos Martínez Torres. En el momento en que la Xunta participó en la elaboración y remisión de la contestación a la evaluación inicial negativa del proyecto, Recursos de Galicia —sociedad público-privada participada mayoritariamente por la Xunta— ya mantenía una participación accionarial significativa en Recursos Minerales de Galicia, la empresa promotora de la mina.

“Una administración pública con interés económico directo en el proyecto participó simultáneamente en la defensa institucional de su candidatura ante las autoridades españolas y europeas”, alertan desde la Plataforma.

El 10 de julio de 2025, el mismo día en que la Consellería de Economía e Industria sometía el proyecto a información pública, la junta general de Recursos Minerales de Galicia acordó reducir el capital social de la empresa en más de 13 millones de euros y permitir que Recursos de Galicia realizase una aportación de 750.000 euros, convirtiéndose en el segundo mayor accionista e incorporándose al consejo de administración.

El resultado es que la titular del órgano sustantivo que debe evaluar el proyecto —la consejera Lorenzana— es al mismo tiempo miembro del consejo de administración del segundo principal accionista de la empresa promotora, junto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Las alegaciones de la plataforma concluyen que esta situación “vulnera el principio de imparcialidad de la Administración” y evidencia “la absoluta falta de reparo por el respeto a los principios rectores de buena administración”.

La Xunta se desentiende; Madrid, silencio

Consultada para este reportaje, la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia ha respondido que “en el proceso de designación de proyectos como estratégicos europeos, las comunidades autónomas no intervienen, sino que es el Gobierno central quien defiende la inclusión de estos proyectos en el listado”.

La consellería del ramo asegura que el expediente “está siguiendo una tramitación garantista” y que solo se autorizará el proyecto si “se considera que es ambientalmente viable”. Adriana Espinosa sitúa el caso de Mina Doade dentro de un problema estructural más amplio. La legislación minera española data de 1973 y permite, según denuncia, prácticas vetadas en otros países. “China prohíbe construir balsas de lodos residuales tóxicos a menos de un kilómetro de núcleos de población, mientras que esto en España ocurre constantemente, por ejemplo, en la mina de Touro”, explica.

Mina Doade no es un caso aislado. Según la información revelada por Table.Briefings, otros dos proyectos mineros españoles —Las Navas, en Extremadura; y Cobre las Cruces, en Andalucía— tampoco figuraban en la lista preliminar presentada por la Comisión el 20 de febrero de 2025 y fueron igualmente incorporados a última hora.

Amigas de la Tierra lleva tiempo advirtiendo de que los tres son objeto de fuerte contestación social por sus impactos ambientales y sociales y que algunos, como Cobre las Cruces o el propio Doade, acumulan un historial de irregularidades. Por ello, la organización reclama ahora al Ministerio que aclare si hubo irregularidades en la selección de los tres proyectos y que proporcione información sobre los criterios que condujeron a su aprobación.