Galicia
Mil kilómetros al mes y cuerpos rotos para cuidar de un país que envejece: las trabajadoras del SAF van a la huelga

Uniformes blancos recorren a diario el rural gallego en coches de segunda mano. Dentro, mujeres de mediana edad transitan vías de sentido único con los minutos contados y las espaldas rotas. Las auxiliares de ayuda en el hogar (SAF, por sus siglas en gallego) se desplazan cada mes entre 800 y 1.000 kilómetros para atender, levantar, acostar y acompañar a personas cada vez más longevas, cada vez más dependientes y cada vez más solas. En uno de los países más envejecidos de una de las regiones más envejecidas del mundo, más de 12.000 mujeres remiendan un sistema que exige mucho y paga mal. El cuarto pilar del estado de bienestar descansa sobre sus hombros y algunas de ellas, hartas de discursos vacíos, se preparan para la huelga.

Antes de llegar aquí, se reunieron decenas de veces para probar otras fórmulas. Entre el abandono y el paternalismo, el colectivo de las cuidadoras resiste condiciones humillantes y lleva años infiltrando agujeros sistémicos para arrancar derechos que se dispensan solo a base de desgracias. En la pandemia se levantaron contra la falta de materiales para proteger sus vidas mientras cuidaban de otras. Tras el asesinato de una compañera a manos del marido de una usuaria en O Porriño (Pontevedra), por la memoria, por la justicia y por la prevención de riesgos. En municipios grandes y pequeños, por la remunicipalización. Ahora, marchan porque no pueden más y por todo lo anterior.

Las trabajadoras

El 30 de mayo, en la Alameda de Compostela se reunieron cerca de cuarenta mujeres y algunos hombres para denunciar las condiciones precarias en las que desarrollan una labor de cuyo carácter esencial pocos discuten. En el centro de las ambiciones, llegar a viejas con dignidad: “Como tengamos que jubilarnos a los 67, el servicio lo necesitaremos nosotras desde el día siguiente”. M. (56) lleva casi veinte años trabajando en el municipio donde vive. Ella, que cobra el salario mínimo interprofesional y que toma analgésicos a diario desde hace meses para soportar el dolor en un brazo izquierdo del que han colgado docenas de cuerpos vulnerables, admite, con todo, ser una privilegiada. La mayoría de las compañeras acumulan, además de lesiones musculoesqueléticas, contratos temporales, jornadas partidas, calendarios inciertos y llamadas intempestivas inmersas en una maraña burocrática en la que el sector privado pone las condiciones y la administración pública hace la vista gorda con sus propias reglas.

Para muchas, como para E. (60), la interlocución con las empresas que las contratan es un ejercicio de poder sibilino y desequilibrado: “Yo cada vez acudo menos a la oficina porque siempre tengo problemas. Juegan contigo al gato y al ratón, y después pueden vengarse de ti con los trabajos más duros y con más kilometrajes para que gastes más”. En los municipios, responsables de la gestión del servicio, suelen mirar hacia otro lado: “Solo quieren sacar el trabajo de encima y no tener problemas”. Para la mayoría, el agravio profesional se extiende también a la exigencia de las familias en casos para los que nadie evalúa los riesgos laborales. “Creen que somos grúas humanas”, afirma T. (53). En sus diecinueve años viviendo y trabajando en Galicia ha transitado todos los estamentos del trabajo de los cuidados, desde los domicilios privados, pasando por las residencias hasta el SAF. Como todas las que pusieron los cuerpos agotados en la Alameda, sabe que la mayoría calla porque teme las repercusiones. “Yo no tengo miedo a quedarme sin trabajo, ya hemos esperado demasiado”.

Las reivindicaciones

A las once de la mañana de ese sábado 30 se congregaron en la Alameda de Compostela mujeres con silbatos, cazuelas y campanas. “¡Rueda, entérate, vamos a por todas!” Uniformadas de cintura para arriba, gritaron estar hartas alrededor de una pancarta con la palabra huelga. Interpelaron a los políticos y también a la patronal. Tampoco olvidaron a los sindicatos ausentes. Detrás de ellas, otra pancarta blanca cerraba el grupo en condicional: “Si son negocio, no son cuidados”.

A primera vista, la centralidad de su labor hace difícil digerir lo básico de las peticiones. Reconocimiento y cobertura total de las enfermedades laborales, cobertura real de los costes de desplazamiento, jubilación anticipada, inspecciones en el lugar de trabajo y evaluación de riesgos laborales figuran entre las principales demandas de un colectivo que se responsabiliza a diario del cuidado de dependientes y de la relación con sus familias a cambio del salario mínimo. “Si tienes una avería en el coche te dicen que es problema tuyo y te lo descuentan del sueldo o te despiden. Tienes que mentir, ir al médico y que te den la baja como sea, porque si no estás vendida y tirada”.

Necesitan que los municipios y las empresas dispongan de medios técnicos para mover a personas con las que nadie puede en casa, necesitan calendarios laborables estables que permitan la conciliación y necesitan ser escuchadas cuando familiares y usuarios las tratan mal. “En las casas me han preguntado qué hay que estudiar para ser limpaculos”, cuenta T. Los recorridos de profesionalización obligatoria que todas ellas tienen que seguir por ley no les ahorran ni los desprecios ni la asignación de tareas domésticas que no les corresponden. M. recuerda que en sus funciones tienen que primar las necesidades de la persona usuaria y su cuidado personal. Sin embargo, “en la mayoría de los casos no predominan; llegas y te están esperando con el cubo del friegasuelos”.

“Esto no es el metal. Se habla de cosas muy básicas porque el sector está abandonado”. Martín Paradelo es miembro del comité sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) en Galicia, el único que apoyó decididamente las concentraciones del 30 y el camino hacia la huelga que empieza a articularse en distintas partes del Estado. Incide en la importancia de la organización colectiva en un sector que lo tiene casi todo en contra y recuerda que no hay atajos. “Convenios como el de los bomberos, de un perfil sociológico contrario al de las trabajadoras del SAF, requirieron doce años de lucha. ¿Cuánto van a pasar ellas?”, sostiene.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) concuerda, por ahora, con las demandas más que con las formas. “Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan movilizaciones; ahora, el problema no es ese. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta conocida por todo el mundo”. Pedro Pérez, de CIG Servizos, se refiere sobre todo a la reapertura de la Mesa de Trabajo sobre el protocolo contra la violencia, que condicionan al compromiso de la patronal para renegociar un convenio congelado desde 2011. Lo intentaron hace tres años pero no hubo acuerdo. “Los que pagan quieren pagar cuanto menos mejor y quien contrata también”, denuncia.

La CNT desconfía de la negociación colectiva y defiende que las reformas estructurales necesarias deben llegar de la movilización colectiva desde abajo y de la implantación de las reivindicaciones “empresa a empresa y servicio a servicio”. Desde CIG Servizos y CIG Administración Pública, abundan en el “apoyo incondicional” al colectivo, pero opinan que las demandas de ámbito estatal ignoran las particularidades territoriales del país. Por el momento, muestran su escepticismo ante el surgimiento de “plataformas”, reivindican su liderazgo en la lucha por los derechos del SAF y afirman que “aún no hay nada decidido” en cuanto al apoyo a la huelga. Ellas, por su parte, no ocultan su descontento por la actitud de los sindicatos mayoritarios ante un proceso de organización colectiva liderado por las trabajadoras.

El SAF, cuyo germen surgió de los proyectos asistencialistas de matriz católica con los que el tardofranquismo intentaba alinearse con Europa, es con diferencia el servicio social más solicitado en Galicia

El sistema

Frente a las movilizaciones, el Gobierno, los municipios y la patronal sitúan las dificultades de las trabajadoras en el campo de la responsabilidad ajena. La Xunta califica de “histórico” el acuerdo con la Federación Gallega de Municipios (Fegamp) sobre el incremento progresivo de la contribución autonómica de 12 euros por hora a 18 euros por hora y culpa a la administración central de la infrafinanciación del servicio. La Fegamp, por su parte, le reprocha a la Xunta la escasez de los medios a disposición para un servicio que diversas fuentes le estiman el coste real entre 22 euros y 25 euros. Y la patronal afirma que les corresponde a la administración pública fijar precios adecuados e indexarlos al IPC. Al amparo de la ley de contratación pública, la competencia entre privados por recortar costes repercute de manera directa en la salud de las trabajadoras, primero, y en las familias después. Con el convenio colectivo bloqueado por la guerra de precios, la remunicipalización del servicio ni se comenta.

El SAF, cuyo germen surgió de los proyectos asistencialistas de matriz católica con los que el tardofranquismo intentaba alinearse con Europa, es con diferencia el servicio social más solicitado en Galicia. Sobre el papel, es un programa preventivo y rehabilitador de competencia autonómica y gestión municipal en el que se articulan servicios y técnicas de intervención física y psicosocial en domicilios en situaciones frágiles o de dependencia.

En la práctica, es un servicio público crecientemente externalizado en el que las trabajadoras ocupan una zona gris entre la atención a la dependencia y el trabajo doméstico. El último informe sobre financiación local publicado por la USC y la Fegamp señala, entre las principales carencias del sistema en el que el SAF se inserta, tiempos de tramitación excesivos, desigualdades territoriales, bajas prestaciones y “un modelo de bajo coste que compromete la calidad asistencial”.

Aquí, donde un tercio de los hogares son unipersonales, las personas mayores superan el 20% de la población y el 40% de las personas dependientes habitan en municipios de menos de diez mil habitantes, la atención en el hogar atiende cada día a más de veinte mil personas vulnerables. Otras casi cuarenta mil perciben el llamado Bono Hogar, que dota con 5.000 euros anuales a usuarias bajo el cuidado de familiares o allegados. María Cadaval y Carmela Sánchez, profesoras de la facultad de Economía y coautoras de parte del citado informe, advierten una “elevada presencia de cuidado informal” con más de 137.500 personas cuidadoras no profesionales identificadas y alertan sobre la “externalización de costes hacia los hogares, tanto en términos económicos como laborales y psicosociales”.

Antía Pérez Caramés, profesora de Sociología de la Universidad de A Coruña e investigadora en el ámbito de la dependencia y del trabajo doméstico, afirma que “la crisis de los cuidados es el sistema colapsando”. Como primer dato, explica que el Estado español tiene un tercio de las empleadas del hogar de toda Europa. “El recurso al empleo del hogar es útil para subsanar la ausencia de cuidados de larga duración en un Estado del Bienestar tardío y familista que obliga a las mujeres de las familias a atender las necesidades sociales antes que el estado, y que atiende la dependencia tarde siendo de los más envejecidos”.

En este sentido opina que “las migajas de la dependencia caen en el SAF, que debería tener carácter preventivo y cubrir situaciones de dependencia leves, pero que en la práctica cubre todo tipo de situaciones con poca intensidad horaria”. Esto, dice, asume un carácter “crítico” en situaciones de gran dependencia, en las que “los recursos públicos son insuficientes o implican un copago difícil de asumir, y el mercado privado ve posibilidades de negocio”.

“Es más fácil reventar a las trabajadoras”, afirma Martín. Para la CNT y para la CIG, la falta de recursos no es una excusa válida. Ambos sindicatos defienden la remunicipalización del servicio y la dotación de recursos que protejan la dignidad de trabajadoras y usuarias.

Antía señala “muchos puntos de tensión en las costuras del sistema de cuidados”. Por un lado, las circunstancias demográficas incrementan la demanda. Por otro, la distribución “asimétrica, desigual y precaria” de los cuidados impide que quienes se ocupan de otras puedan cuidar de sí mismas. “Por ejemplo, mujeres migradas descuidan sus propias familias, transfiriendo capacidades productivas de unas capas a otras, reforzando desigualdades preexistentes”.

Las alianzas

La escasez de trabajadoras es casi el único aspecto en el que coinciden instituciones, patronal, profesionales, investigadoras y sindicatos. Y la precariedad de las condiciones en el SAF explica solo en parte esta escasez. Para muchas mujeres, el nivel de profesionalización que requiere este servicio es inaccesible por falta de papeles. En este sentido, los precios del sistema también los determinan las condiciones de miles de mujeres migradas que viven como personal doméstico en condiciones de semiesclavitud. El del trabajo doméstico es, como recuerda Antía Caramés, “un suelo pegajoso” muy difícil de abandonar. Y añade a este respecto que el lugar de origen y la situación administrativa trazan a menudo una línea divisoria en el perfil demográfico de las trabajadoras, “cuando hay semejanzas que harían compatible trabajar juntas”.

También lo piensan las trabajadoras, que llevan años aproximándose a otros movimientos de mujeres agotadas por el patriarcado a nivel estatal. “A día de hoy las kellys son nuestro referente de autoorganización”, dice M. Reconoce además que, a pesar de las diferencias sectoriales, fue a través del proceso abierto por las kellys que el SAF obtuvo mejoras en la prevención de riesgos laborales. “Nos metieron ahí como un favor”. La última victoria también fue en Madrid. El 26 de mayo, trabajadoras del SAD de distintos territorios del Estado asistieron a la aprobación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados presentada por Esquerra Republicana en la que se recogían sus principales demandas. Un año antes, el asesinato de la compañera de O Porriño empujó a las mujeres del SAD en Cataluña a mostrar su solidaridad y la rabia compartida a las puertas de la Generalitat.

Trabajadoras y sindicatos reivindican además la necesidad de sensibilizar a la sociedad, comenzando por las familias de las personas usuarias. Antía Caramés aboga por alianzas entre “personas cuidadas, familias, migrantes, trabajadoras del SAF”, y mira con esperanza a los últimos avances en la regulación del empleo del hogar. “Aunque las reformas son tímidas e insuficientes, desde la covid-19 se les ha reconocido el derecho al desempleo y han entrado en el sistema de riesgos laborales; son mejoras muy potentes en poco tiempo, fruto de la visibilización y lucha de los colectivos”. Además, cree que las complejidades de un territorio articulado en pequeñas geografías como el gallego pueden convertirse en oportunidad a través de proyectos de cuidados comunitarios “que compatibilicen las vidas en el entorno rural con servicios residenciales sin macroimpactos.” También se muestra optimista sobre la acogida de las protestas que vendrán. “Vimos que es un sector que genera simpatía y empatía social. Todo el mundo conoce a alguien, sabe cómo es el servicio de primera mano; esto es un factor fundamental”.

Las trabajadoras, escarmentadas de fotos, aplausos y promesas en vano, se muestran más pesimistas respecto a los apoyos, pero optimistas de espíritu. Saben que tienen un largo camino por delante, pero no contemplan abandonar la lucha. “Este es el año del SAF”.