Galicia
Jueces para la Democracia impugna ante el CGPJ el acuerdo del TSXG que apartó a Villares de la sala de eólicos

Jueces para la Democracia ha interpuesto un recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial contra la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que separó a Luis Villares y otros tres magistrados de la sala competente para resolver los litigios sobre parques eólicos.

La asociación ha explicado en un comunicado que, a su juicio, las resoluciones “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.

La entidad sostiene que la decisión se adoptó sin dar audiencia a los cuatro magistrados concernidos, entre los que se encuentra Villares, miembro de la asociación. A ello añade que la medida carece de una motivación suficiente y que no se respetaron los trámites y contenidos que la normativa exige para este tipo de acuerdos.

En este sentido, invoca la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de marzo de 2025, que subrayan la necesidad de que decisiones de esta naturaleza se sustenten en motivos claros y criterios objetivos, requisitos que la asociación considera ausentes en este supuesto.

La organización advierte de que estos déficits se producen en “un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales” que, a su entender, hace más necesario aún extremar las garantías. Recuerda, además, que según la jurisprudencia del TEDH, las irregularidades en la composición de los órganos judiciales pueden derivar en la nulidad de sus resoluciones.

Por ello, JJpD ha solicitado también la suspensión cautelar de los acuerdos impugnados, y ha subrayado que está plenamente legitimada, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la doctrina del TEDH, para actuar en defensa de la independencia judicial.

La asociación ha trasladado su confianza en las instituciones y espera que el Estado de Derecho conjure lo que califica de un peligro objetivo para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.