Galicia
Galicia concentra cerca de 7.000 anuncios ilegales de Airbnb sancionados por Consumo

Galicia figura entre las comunidades más afectadas por la sanción histórica impuesta a Airbnb por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de Pablo Bustinduy. En total, la plataforma publicitó 6.956 anuncios de viviendas turísticas ilegales en Galicia, la inmensa mayoría —6.897— por carecer del número de registro obligatorio, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

Estas cifras sitúan a Galicia como la tercera comunidad con más anuncios ilícitos, solo por detrás de la País Valencià y Canarias, dentro de un expediente que ha concluido con una multa de 64 millones de euros a la empresa, la segunda más elevada impuesta por Consumo a una compañía privada.

La ausencia del número de registro es la irregularidad más habitual detectada por el ministerio en todo el Estado y también en Galicia, donde este requisito ya era exigido por la normativa autonómica antes de la entrada en vigor de la Ventana Única Digital. Esta herramienta, activa desde este año, obliga ahora a que todos los anuncios de alojamientos turísticos en España incluyan un código oficial de identificación.

El ministro Pablo Bustinduy explicó que el expediente se inició tras advertir a Airbnb, en octubre de 2024, de la existencia de miles de anuncios ilegales. Ante la negativa de la plataforma a retirarlos, Consumo abrió el procedimiento sancionador en diciembre de ese mismo año. “La multa llega por la inacción de la empresa tras ser notificada”, subrayó el ministro.

En el conjunto del Estado, Consumo detectó 65.122 anuncios ilegales, de los cuales más de 59.000 no incluían número de registro y cerca de 5.800 utilizaban códigos falsos o incorrectos. En el caso gallego, esta práctica se ha convertido en el principal foco de incumplimiento, en un contexto de creciente presión sobre el mercado de la vivienda en zonas turísticas y urbanas.

Airbnb ha mostrado su desacuerdo con la sanción y sostiene que la obligación de verificar la inclusión del número de registro en los anuncios no era exigible a las plataformas cuando se produjeron los hechos. No obstante, Bustinduy recalcó que la sanción es firme y que la compañía deberá abonarla, sin perjuicio de que pueda recurrirla ante la Justicia.

La actuación del Ministerio refuerza el control sobre el alquiler turístico en Galicia, una comunidad donde el crecimiento de este tipo de alojamiento ha generado un intenso debate político y social por su impacto en el acceso a la vivienda y en la regulación del sector.