Galicia
El Congreso aprueba la ley para transferir la AP-9 a Galicia tras el pacto de BNG, PSOE y Sumar
El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la proposición de ley sobre la AP-9, con la que se inicia el camino para ceder tanto la gestión como la titularidad de la autopista a Galicia. La norma seguirá su recorrido parlamentario en el Senado mientras se espera que el traspaso concreto sea negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Ejecutivo central. La única oposición al texto vino de los votos de PP y Vox.
La iniciativa tiene su origen en el Parlamento de Galicia, aunque no tomó impulso hasta hace unas semanas, cuando PSOE, BNG y Sumar alcanzaron un acuerdo para ampliar su alcance: ya no se limitaría a la gestión, sino que incluiría también la titularidad de la vía. Ese entendimiento dio lugar a una proposición de ley orgánica que ahora transita hacia la Cámara Alta.
La Xunta y el PP han mostrado su malestar con el proceso, al considerar que el texto resultante no recoge fielmente lo que aprobó en su día el Parlamento gallego. Los populares intentaron reconducir la situación mediante enmiendas, pero todas fueron rechazadas.
En el debate celebrado en el pleno, los grupos que respaldaron la ley —PSOE, Sumar y BNG— la calificaron de “reivindicación histórica”. Por su parte, Sumar y BNG fueron más allá y reclamaron que la AP-9 pueda ser algún día “libre de peajes”.
El contenido del acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG
El objetivo declarado de la ley es “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”. Cabe recordar que los socialistas habían presentado inicialmente una enmienda que esquivaba la cuestión de la titularidad, aunque finalmente se sumaron a este texto más ambicioso.
El mecanismo previsto pasa por que la Administración General del Estado y la Xunta eleven a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta que fije las condiciones del traspaso, la cual deberá ser aprobada mediante real decreto.
Entre los aspectos que deberá regular ese acuerdo figuran la autorización de nuevos tramos o reformas en la infraestructura, la supervisión e inspección del funcionamiento de la autopista, la potestad sancionadora frente a incumplimientos de la concesionaria y, de forma especialmente relevante, todo lo relativo al régimen económico-financiero de la concesión. Este último punto abarca, según el texto, “el establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”.
El reparto de responsabilidades económicas
En materia económica, el texto establece una distinción clara entre lo que corresponde asumir al Estado y lo que recaerá sobre la Xunta. El Gobierno central mantendrá las obligaciones derivadas de decisiones tomadas durante el periodo en que tuvo la competencia sobre la vía, incluidas las revisiones de tarifas que de ellas se deriven.
La comunidad autónoma, por su parte, asumirá “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”. Además, cualquier decisión que implique un aumento de los compromisos económicos ya previstos “deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.
Un día dulce para el BNG
“Hoy vamos a dar un paso decisivo para dar cumplimiento a una aspiración del pueblo gallego que motivó la unanimidad reiterada del Parlamento gallego y también un consenso de la sociedad gallega en relación a la transferencia de la AP-9”, ha señalado el diputado del BNG durante el debate final de la Proposición de Ley.
Pero, por otra parte, Rego ha dejado claro que “es solo una de las aspiraciones que tiene el pueblo gallego en relación con la Autopista del Atlántico: la otra es ver que tenemos una autopista libre de peajes, acabando de una vez por todas con la discriminación que implica seguir pagando peajes por una infraestructura ya amortizada”. En este sentido, el diputado nacionalista adelanta que el BNG “mantiene en alto la bandera de la reclamación de una AP-9 gallega y libre de peajes”.
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