Fronteras
Diez mil crímenes en un solo título

El pasado 19 de mayo, sobre las 23h, el servicio de emergencias recibía una llamada alertando de que en la colonia Nueva Aurora, al suroeste de la ciudad fronteriza de Tijuana, se estaban oyendo disparos. Había estallado un tiroteo en las calles de tierra que rodean al albergue Ágape, poniendo en peligro a los que descansaban allí dentro. Por eso, algo más pronto sonaba, también, el teléfono del pastor Albert Rivera, pentecostés evangélico, fundador y director de este refugio donde se hospedan alrededor de 600 personas que han tenido que huir de sus países y que ahora esperan para poder cruzar a Estados Unidos.

El pastor cuenta que esa noche uno de los hombres armados llegó corriendo hasta los portones: “Él estaba disparando para atrás y le estaban disparando. Huyendo de las balas se quiso meter a nuestro albergue pero las puertas estaban cerradas”. Una de esas balas se coló en el interior del hospedaje e impactó contra una mujer que no tenía nada que ver con aquel conflicto. “La bala le tocó cerca de la columna. Duró unos días que no podía mover las piernas. No puede mover bien sus manos. No puede mover bien sus hombros”, dice el pastor. La mujer había llegado huyendo de la violencia del crimen organizado en el estado mexicano de Michoacán. Llevaba en este albergue apenas dos semanas, pero huyendo de la violencia se encontró con más violencia. Ahora, ella y su familia están ya en EE UU, pero la mujer continúa en terapia para recuperar la movilidad completa de los hombros y el cuello.

Baja California, donde se encuentra Tijuana, es el segundo estado mexicano con más delitos por cada 100 mil habitantes, según los datos de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del país. Y en 2021 Tijuana aparecía cuarta en el ranking de las  ciudades más violentas del mundo que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Las tres ciudades que la precedían eran también todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón y Zacatecas.

En enero de 2019, Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México)

Quizás por eso en Ágape no es la primera vez que tienen que protegerse de los disparos. El pastor Albert puede recordar bastantes malas experiencias desde que fundó este albergue a finales de 2017. Sus recuerdos incluyen más impactos de bala, dos secuestros, y la irrupción de hombres armados buscando a esposas de sicarios, para hacerlas pagar por haberles denunciado. Por ese motivo, explica el pastor, a las personas que corren un mayor riesgo las tiene que llevar a otro lugar: “No los puedo tener en el albergue normal con los otros porque si están acá sabemos que los van a buscar y van a poner en peligro a los otros inmigrantes. Se tienen que canalizar a albergues de seguridad. Albergues que nadie conoce, ni las autoridades”. 

En hospedajes como el suyo —y muchos otros en la ciudad de Tijuana— hay personas que esperan durante meses, incluso años, para poder cruzar a EE UU. María —un nombre ficticio para proteger su identidad— llegó con su hija de cuatro años hace ya más de diez meses, huyendo del estado de Guerrero, a orillas del Pacífico. En ese estado es donde en 2021 la violencia del crimen organizado provocó más desplazados: 21.800, dice el Índice de Paz México que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Y eso que, según ese mismo informe, Guerrero es uno de los lugares donde más se ha reducido el nivel de violencia en los últimos siete años. No para María. Allí la habían despojado de su casa y la habían amenazado, pero no esperaba que en la frontera con EE UU las cosas fueran tan lentas. No esperaba la larga espera: “Pensaba que podría pasar rápido”. Pero las gestiones para pedir el derecho de asilo pueden atascarse durante tiempo. “La única persona que me apoyaba era mi abuelita, pero ya falleció…”. Ahora está sola en Tijuana con su hija, sin saber muy bien qué hacer, y hay días que se desespera ella y se desespera su hija: “Llora, que ya se quiere ir. No sabe ni a dónde, pero dice que ya se quiere ir”. 

María estaba en el albergue Ágape la noche del 19 de mayo. Tuvo suerte y la bala perdida no impactó contra su cuerpo, pero la larga espera es inversamente proporcional a la suerte: cuanto más prolongada es la exposición a la violencia, más probabilidades de que te toque. 

Las trabas

Las cosas se complicaban en enero de 2019, cuando Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México). Ese programa obligaba a los migrantes que querían cruzar a EE UU a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus solicitudes de asilo en los juzgados estadounidenses. El pasado mes de junio —casi cuatro años después del inicio de esa política migratoria—, la administración del actual presidente Biden obtenía la aprobación de la Corte Suprema de EE UU para rescindir el ‘Remain in Mexico’. 

Los muros que nos separan

Leonardo Toledo Garibaldi

Fronteras

Los muros que nos separan

Leonardo Toledo Garibaldi

Hay un muro para la gente de Centroamérica, otro para los medios… casi ninguno es el muro que Trump quiere construir.

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.