Fronteras
Se archiva la investigación de la Fiscalía sobre Melilla sin consecuencias para Interior

El Ministerio de Interior tiene un frente abierto menos: la fiscal de sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha archivado la investigación iniciada hace seis meses para esclarecer los hechos del 24J, tras no haber encontrado responsabilidad en la cartera de Marlaska en la muerte de al menos 23 personas —si bien los números que manejan colectivos y ONG son muy superiores— en la frontera terrestre con Marruecos. 

Desde que la investigación de la Fiscalía se anunciara el pasado 28 de junio de 2022, se habría tomado declaración a personas presentes en los hechos, tanto entre las personas migrantes como entre las fuerzas de seguridad, también se han revisado informes, vídeos y audios de aquel día, ha explicado el ministerio público. Desde la Fiscalía se ha argumentado que es Marruecos quien cuenta con datos oficiales sobre la masacre, dado que las autoridades de este país tuvieron que emitir un informe en respuesta a un requerimiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Paralelamente a las diligencias del ministerio público, no han dejado de revelarse datos que cuestionaban la versión oficial de Fernando Grande-Marlaska. No han sido suficientes las evidencias mostradas por el Defensor del Pueblo, las señaladas por parlamentarios y parlamentarias que acudieron a la zona fronteriza para realizar sus propias pesquisas, o los vídeos aportados por las amplias investigaciones periodísticas realizadas por varios medios en terreno, o difundidas, con vídeos que habían permanecido inéditos, tanto por la BBC, como la alianza de medios europeos que bajo el paraguas de Lighthouse Reports aportó pruebas de al menos una muerte en territorio español, para que el ministro de Interior cambiara su discurso.

El archivo de la investigación por parte de la Fiscalía preserva así a Fernando Grande-Marlaska, ministro en torno al cual se han articulado transversalmente requerimientos de dimisión, y que sin embargo persiste en su puesto, tras varias comparecencias que han contradicho, sin coste político, las pruebas recopiladas. 

El decreto del ministerio público publicado hoy mantiene la tesis de que los hechos son consecuencia de los sucesos en el lado marroquí de la frontera, que derivarían en el amontonamiento de personas “entre ambos recintos fronterizos”. Avala también la narrativa de que la actuación de los agentes fue proporcionada, si bien recoge que hubo —según mostrarían los vídeos— dos guardias civiles que lanzaron piedras contra personas migrantes encaramadas en las vallas, para quienes demandan una investigación en el marco del cuerpo. 

Ni homicidio imprudente ni omisión del deber de socorro, más allá de las responsabilidades individuales señaladas, la Fiscalía no considera que quienes estuvieron presentes en los hechos en los que se perdieron al menos 23 vidas, hayan cometido ningún de estos delitos, pues, explica en un comunicado, mientras los agentes procedían a rechazar a las personas migrantes en frontera no se apercibieron del riesgo que sufrían las vidas de las personas amontonadas, ni supieron qué pasó después, por lo que, se afirma en el documento “difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”.

La Fiscalía exime así completamente a la Guardia Civil, no ha encontrando problemático el uso de material antidisturbios contra las personas que intentaban cruzar la valla, ni las 470 devoluciones en caliente que se dieron durante los hechos, a los que define como “ataque masivo a una frontera española”, un ataque masivo contra el que se habría empleado, según define el ministerio público una “fuerza mínima imprescindible”. 

Desde la Fiscalía se considera que el casi medio millar de devoluciones —a personas que en muchos casos procedían de contextos que les hacían susceptibles de conseguir asilo— respetó el marco de la legalidad, pues no constaría evidencia “de que las personas rechazadas en la frontera fueran vulnerables o de especial fragilidad”. 

Tras exonerar de responsabilidad al Ministerio, el documento de la Fiscalía sí que hace un llamado para proporcionar vías seguras que permitan a las personas migrantes pedir asilo o visados en los lugares que deberían estar habilitados para estos trámites: consulados, oficinas diplomáticas, o puestos fronterizos. Algo que, según varios informes publicados en las últimas semanas, en la práctica no existe.