Fronteras
La ofensiva judicial de la derecha contra el proceso de Regularización se encamina hacia el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo anunciaba ayer 12 de mayo el aplazamiento de la vista convocada inicialmente para hoy, miércoles 13, con el objetivo de estudiar los recursos presentados por HazteOír, la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros, contra el Real Decreto 316/2026. En la cita, que ha sido aplazada al próximo 22 de mayo, aludiendo  a “necesidades del servicio” se revisará la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso, una decisión a la que se opone la Abogacía del Estado, alegando que esto supondría una “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”. 

La semana comenzaba con el anuncio, el lunes 11 de mayo, de que la Abogacía del Estado, se habría pronunciado contra el recurso presentado el pasado 16 de abril por parte de la organización HazteOír en el que exigía la suspensión cautelar del proceso de Regularización. El órgano que representa a la administración central en este caso, apuntaba mediante un escrito facilitado a la prensa a la “inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación activa de la asociación recurrente”. 

En este sentido, ha explicado la abogacía, el artículo 19.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa exige la concurrencia de un interés legítimo propio, cualificado, específico y distinto del meramente abstracto, que se traduzca en un beneficio real o en la evitación de un perjuicio cierto como consecuencia directa de la estimación del recurso. Un criterio con el que no cumpliría la asociación ultraconservadora, que apela a la invocación genérica de la defensa de la legalidad o de valores constitucionales.  Ante esto, el abogado del Estado es claro: “existiendo una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación activa, habrá de inadmitirse éste sin necesidad de resolver sobre la medida cautelar interesada”. 

El escrito de la Abogacía del Estado destaca que Hazte Oír “no acredita la existencia de una relación concreta, directa y singular entre el Real Decreto 316/2026 y su propia esfera jurídica”, limitándose a justificar su legitimación en base a fines estatuarios genéricos y digresiones no sustentadas sobre cuál sería el impacto del proceso.  “Lo que se plantea es, en realidad, un control abstracto de la oportunidad o conveniencia de una opción normativa del Gobierno, ajeno al modelo de legitimación que rige en el proceso contencioso‑administrativo”, abunda el organismo. 

Rama española del lobby internacional ultraderechista Citizen Go, Hazte Oír incluye en la nota de prensa ubicada en su web, en la que se anuncia la vista de este 13 de mayo, una imagen en la que se muestra el Congreso de los Diputados en un imaginario arquitectónico árabe, con personas caracterizadas estereotípicamente como musulmanas. Una imagen acompañada del lema “No es integración, es reemplazo”.  En su recurso se denuncia la presión sobre los servicios públicos que implicaría la regularización, un argumento que la abogacía del Estado cuestionaba en su escrito, recordando que las personas que se regularizarán residen en el país desde antes del 1 de enero de este año, por lo que ya pueden ser usuarias de estos servicios. 

Frente a esta acusación, la Abogacía recuerda que la regularización administrativa posibilita “el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo. Ello no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral”. 

La organización ultraconservadora no ha sido la única en arremeter legalmente contra el Real Decreto 316/2026. La Comunidad de Madrid presentaba su propio recurso apenas aprobada la norma, el 17 de abril, con argumentos similares a los de Hazte Oír, apuntando a que el Real Decreto “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios (...) contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional”. 

Ya el pasado 16 de abril el Tribunal Supremo rechazaba la suspensión cautelarísima del Real Decreto para la regularización de personas migrantes solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, una organización revisionista de la Memoria Histórica, que dice tener como misión la “conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural español”, y está bregada en la batalla judicial de tintes ideológicos contra aquellas iniciativas legislativas que considera contrarias a su tendencia ultraconservadora: un recurso contra la Ley de Amnistía, o contra la concesión de la nacionalidad española a descendientes de las brigadas internacionales, dan muestra de esta vocación, según recoge el diario Público. 

El primero de mayo, era el partido ultraderechista Vox, en el marco de su campaña por la “prioridad nacional”, quien anunciaba su intención de recurrir la regularización extraordinaria ante el Supremo, sumándose así a la ofensiva judicial desde una retórica que asocia el proceso con la “invasión”, y la “islamización”, del país. “No puede ser que se le dé la nacionalidad española al primero que llega”, profería su líder Santiago Abascal en un mitin en Jaén.

Desde Regularización Ya, consideran los intentos de boicot del proceso por parte de la derecha como una forma de generar confusión ante una norma que posibilitará finalmente el acceso a los derechos fundamentales de más de medio millón de personas que se considera que se hallan en situación irregular en el país, tras seis años de lucha por la regularización. “Aunque los sectores ultras, antiinmigración y contrarios al acceso a derechos de  miles de personas, niñas y niños intenten frenar este proceso mediante recursos judiciales la lucha continúa. Le pese a quien le pese la regularización es ya ley”, defendían ayer 12 de mayo en sus redes sociales.