Fronteras
Europa señala a las redes de tráfico pero encarcela a personas migrantes

Baboye K. tiene 32 años, llegó al puerto de la Restinga, en la isla Canaria del Hierro, en junio de 2024, un año y medio después, en diciembre de 2025, recibía en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife una noticia que nunca hubiera imaginado escuchar cuando partió de Mauritania, le condenaban a más de siete años de cárcel. Sus delitos, según la sentencia: favorecer la migración irregular, homicidio involuntario y lesiones. Junto a él, otros dos jóvenes sufrieron la misma suerte. 

El texto recoge el relato de lo que se les acusa: “una vez a bordo los tres encausados (...) se encargaron por turnos de las imprescindibles funciones de control de la navegación como el manejo del timón y la fijación y seguimiento del rumbo operando con al menos un dispositivo de GPS”. La sentencia también los acusa del hacinamiento de la embarcación, la escasez de agua y víveres, así como la falta de chalecos salvavidas. Por último, se les achaca la muerte de un hombre mauritano que falleció durante el trayecto. 

Tras un año y medio de prisión preventiva, Baboye ha padecido un segundo invierno desabrigado y con frío, esta vez sabiendo que le esperan varias primaveras entre rejas. Cuando llegó en verano del 2024 al Hierro, tras haber sobrevivido seis días en el océano, Baboye fue trasladado, junto al resto del pasaje, un total de 47 personas, al campamento de Las Raíces, en Tenerife. Allí, tenía una cita con la policía. Cuenta el joven mauritano que cuando el traductor y uno de los abogados de Accem (la organización que gestiona el campamento) le entregaron la citación policial, no comprendió la gravedad de la situación. “Yo pensaba que iba a declarar como los demás, me dijeron que no pasaba nada, no me dijeron nada más. Luego en el juzgado lo mismo. Llegué y me preguntaron si yo era el capitán. Yo dije que no. Después estuvieron un tiempo hablando y la traductora no me traducía nada, no sabía lo que estaban diciendo”.

Aquel día le pidieron a Baboye que firmara un documento, y aunque no entendía nada, firmó pensando que así podría volver al campamento “yo solo me enteré un poco de lo que pasaba cuando entré en prisión. Llamaron a casi todas las personas de la patera, y a nosotros los últimos, pensamos que era para lo mismo pero de pronto nos ponen unas esposas y nos llevan al calabozo”. Así, el 16 de julio de 2024, pocos días después de llegar, Baboye se encontró encerrado. El joven explica que nunca había estado en ningún lugar así, en nada que se le pareciese. Que cuando tomó la embarcación precaria que le llevaría hasta Canarias, jamás imaginó que sería detenido. “Cuando entré en prisión todavía estaba enfermo del viaje, estaba siendo tratado por el médico del campamento”, recuerda.

Un tipo penal en el que cabe todo

El testimonio de Baboye nos llega a través de su abogada, Sara Rodríguez Trigo. Rodríguez Trigo va a visitar a su defendido con frecuencia, el joven le preocupa. No está llevando bien estar en prisión, su condena de hecho es especialmente alta, la peor en estos casos en los últimos tres años: asciende a siete años y cuatro meses de prisión —cinco años por favorecimiento de inmigración irregular, dos por homicidio involuntario, y cuatro meses por el delito de lesiones por imprudencia grave. Por “estos casos”, Rodríguez Trigo se refiere a las acusaciones contra personas migrantes de ser patrones de barcos, o “capitanes”, como refería Baboye. Personas que bajo el artículo 318 bis del Código Penal son sentenciadas a años en la cárcel tras un juicio sin garantías, según denuncian profesionales de la abogacía y activistas. El Proyecto Patrones, que busca visibilizar esta situación, estima que entre 200 y 300 personas son encarceladas anualmente en España tras ser acusadas de capitanear las embarcaciones. 

El artículo 318bis penaliza ayudar a una persona extranjera a entrar o transitar por el territorio nacional, vulnerando la legislación pertinente. Una pena agravada en caso de lucro, cuando se pertenezca a un organización articulada para facilitar el paso de personas extranjeras de manera irregular, o en caso de que se ponga en peligro la vida de las personas en movimiento. Para la abogada de Baboye resulta problemático cómo se usa este tipo penal, “de la manera que lo interpreta el Supremo, ahí cabe todo: el que reparte agua, el que achica, el que conduce aunque sea una vez, el que habla con quien conduce, todos pueden formar parte de ‘la organización’”. Frente a esta idea, explica que la mayoría de las personas que salen de las pateras refieren que allá se trata de sobrevivir, que no manda nadie, que no hay rastro de esa presunta “organización”. Además, subraya el hecho de que no hay precedentes de viajeros que hayan denunciado a los supuestos patrones alegando haber sufrido daños como consecuencia de sus acciones. 

El artículo 318bis penaliza ayudar a una persona extranjera a entrar o transitar por el territorio nacional

Rodríguez Trigo, quien lleva años defendiendo a personas migrantes acusadas de ser patrones de sus respectivas pateras, ha investigado las sentencias en los últimos años. Es una información que ha incluido en el recurso que ha presentado ante la condena de Baboye, para mostrar “cómo se contradice la Sección en la condena y como la aumenta respecto a todas las demás”. La abogada explica que en general, en este tipo de juicios, se tiende a buscar que los acusados se declaren culpables — es decir, firmen la “conformidad”— y de este modo aplicarles condenas inferiores, de entre dos y cuatro años, respecto al tipo básico, que va entre cuatro y ocho años. 

El problema es de fondo, denuncia Rodríguez Trigo, pues estas conformidades se firman muchas veces a pesar de que los casos podrían defenderse. Además, tampoco rebajan normalmente la pena, porque cuando las personas acusadas no firman la conformidad y van a juicio, suelen recibir condenas de duración parecida. La abogada lamenta que desde fiscalía se pidan normalmente seis años, cuando ni siquiera se hace una investigación rigurosa del delito que se denuncia. Entre los déficits señala la falta de identificación de personas fallecidas, o la ausencia de peritaje de las lesiones de víctimas a las que sin embargo sí se interroga como testigos para acusar a los supuestos capitanes. 

La historia de Baboye muestra además otras fallas, señala Rodriguez Trigo, como que los tres acusados no contaran cada uno con un letrado que se ocupara individualmente de su caso, un problema habitual que implica que un solo profesional se encargue de varios acusados. “Esta práctica vulnera el derecho a la defensa y la asistencia jurídica gratuita, y se agrava por la falta de tiempo y de medios en los juzgados y en colegios de abogados para especialización y por las potenciales incompatibilidades entre investigados”, explica Rodríguez Trigo.

Un sinfín de contradicciones

En el juzgado aparece el documento que Baboye firmó: un acta autoinculpatoria en la que reconocería que condujo la patera, aunque sin cobrar nada a cambio. “A Baboye se le condena por dicha declaración, que se realiza con vulneración de derechos fundamentales porque no se graba y solo consta el acta que fue firmada por Baboye sin traducción previa del contenido”, a esta declaración se suman los testimonios de tres testigos “que ni siquiera asistieron físicamente al juicio y no pudieron identificar en sala, añadiendo que uno de ellos admitió que se le habían ofrecido beneficios administrativos por declarar”, apunta la abogada. Respecto a la persona que falleció en el trayecto, el acta recogía que Baboye lo habría llevado a la parte de atrás al encontrarse mal, extremo que el acusado también desmiente.

La abogada resume todas las irregularidades que detecta en el caso contra Baboye, y que ha podido ver en otras ocasiones: instrumentalización de supervivientes del viaje atravesados por estrés post traumático, incoherencias entre lo que afirman los testigos en sus distintas declaraciones, errores graves en la traducción de estas, declaraciones que “no cumplen con ninguno de los parámetros legales”, testimonios contradictorios e incompletos y un ministerio fiscal que justifica su acusación en declaraciones que acumulan todas estas deficiencias.

La letrada además reclama que no se hacen actas de los interrogatorios, la policía no pudo por ejemplo especificar en el juicio cuántas personas fueron interrogadas en el caso de Baboye, un dato que para Rodríguez Trigo es crucial: no es lo mismo que se llame a declarar a tres personas y señalen a su defendido, a que se llame a declarar a 25 y solo le señalen tres. La abogada habla además de una falta de diligencia, al no investigarse a otras personas también señaladas por testigos.

“Baboye está destrozado y con pensamientos autolíticos. Esta sentencia se ha recurrido y la vamos a perder”

En el caso de Baboye, además, su abogada denuncia que el cálculo de los años de condena está por encima de lo habitual y que se vulnera el principio non bis in idem, que prohíbe condenar dos veces por la comisión de los mismos hechos: en este caso se condena a cinco años de prisión como patrón, incrementando la pena por el pasajero fallecido, y además se le suman dos años por homicidio imprudente. El problema se centra en el tipo penal, ya que es muy amplio y la interpretación se realiza en contra de las personas migrantes.

“Baboye está destrozado y con pensamientos autolíticos. Esta sentencia se ha recurrido y la vamos a perder”, lamenta la abogada, señalando que en el Tribunal Superior de Justicia no hay precedentes de que se haya estimado ningún recurso respecto a estos casos en Canarias, y que tampoco guarda mucha esperanza respecto al Tribunal Supremo. “Lo llevaremos al Tribunal Constitucional y seguramente va a tener que llegar a nivel europeo”, apunta Rodríguez Trigo. Mientras, el joven se pregunta por el sentido de todo su viaje, mostrando un malestar profundo: “cuando supe que estaba en prisión empecé a estar mal de la cabeza, a pensar mal y tener malos pensamientos. Yo vine para buscar un futuro mejor, nunca pensé que iría a prisión. Me arrepiento de haber venido”.

Del cayuco a la cárcel

Lo que le ha sucedido a Baboye le viene sucediendo a muchas de las personas migrantes que arriban a Europa y, tras haber sobrevivido al viaje, son acusadas de favorecer la inmigración irregular. La narrativa de la Unión Europea, que pone a las “mafias” en el centro del debate migratorio, convierte a quienes conducen barcos, o manejan GPS en carne de estadísticas sobre “traficantes de personas” detenidos. Desde Grecia a España, pasando por Francia o Italia, cada país tiene sus propias legislaciones, pero todos tienen en común una definición del delito muy amplia, que les permite condenar a quienes migran como supuestos “traficantes”. 

El abogado canario Daniel Arancibia está bregado en este tema, que viene documentando desde hace años, aportando estadísticas que permiten a otros actores, como el Proyecto Patrones, hacer seguimiento de la dimensión del fenómeno. Según los datos del Ministerio del Interior recopilados por este letrado, entre 2001 y 2023 fueron acusadas y juzgadas como patrones 1147 personas en las Islas Canarias, 528 en Ceuta, o 334 en Murcia. 

Arencibia explica cómo es generalmente el proceso que espera a las personas cuando llegan a las islas, y cómo algunos de estos migrantes acaban siendo acusados y condenados a penas de cárcel. En general, es Salvamento Marítimo quien identifica la patera en alta mar y la traslada a puerto. Una vez allí, las personas reciben una primera atención de la Cruz Roja, esta entidad tiene el mandato de identificar a las personas vulnerables, por ejemplo menores —una información que, matiza el abogado, la policía muchas veces, desoye—. Tras la Cruz Roja llega Frontex a entrevistar a las personas supervivientes.

La actuación de la agencia europea es particularmente polémica por el momento en el que interviene. “El Defensor del Pueblo ha protestado y ha dicho que en estas entrevistas no se puede hacer una investigación criminal porque estos chicos están en una situación de debilidad y además no han tenido ningún tipo de asesoramiento letrado y no saben lo que están contando y lo que no están contando y cuáles son las consecuencias si hablan, o si no hablan”, recuerda el abogado. 

Pero Frontex no ha tenido en cuenta las protestas y afirma que no hace interrogatorios obligatorios, ante lo que el Defensor del pueblo contestó, apunta Arencibia, que las personas interrogadas no están en condiciones de saber si el interrogatorio es obligatorio o no, y que no deben hacerse preguntas hasta que no haya presente un letrado. Desafortunadamente, Frontex declina hacer caso al Defensor del Pueblo, concluye el abogado. 

“Muchos chicos lo que dicen es que en esas entrevistas les quitan los teléfonos. La Fundación Porcausa ha hecho un estudio en el que dicen que estos teléfonos se someten a un software israelí que se llama Cellebrite, con el que se accede al contenido de los dispositivos”, cuenta Arencibia que mientras las personas migrantes preguntan por su teléfono mucho después de que les fuera requisado, la policía afirma que son ellas mismas quienes los entregan voluntariamente “como si fuese creíble que alguien que viene de un país extranjero lo primero que hace cuando llega es regalarle su teléfono a la policía”. 

El abogado continúa describiendo la secuencia de la llegada a territorio español: Después de la entrevista con el Frontex las personas son llevadas “a un CATE o un centro de detención temporal donde puede estar un máximo de 72 horas detenidos para su filiación”. Una comisaría, aclara Arencibia para que no queden dudas, donde permanecen detenidos hasta que pasado el plazo se les deriva o al Centro de Internamiento de Extranjeros, en caso de pasar a disposición judicial, o a un campamento, como Las Raíces. Días después, como ya explicaba la abogada de Baboye, la policía empieza a hacer investigaciones siguiendo las indicaciones dadas por Frontex. 

La situación es perversa: ante la amenaza de ser señalados como capitanes y por tanto, llevados a juicio, es tentador acusar a otros antes de que otros te acusen. 

“Aquí empieza ya el tema delicado, porque lo que nos encontramos cuando leemos los atestados es que a lo mejor llega la policía con un intérprete y se reúne solamente con un grupo de los que vinieron”. Qué implica esto: facilitar que alguien salga acusado de ser patrón de la patera. Arencibia sostiene que se sirven de la diversidad en las embarcaciones para incentivar que los pasajeros se acusen entre sí: “preguntan solo a los de un país o lengua sobre si una tercera persona ha dirigido la patera. Al principio siempre se callan pero después la policía les explica ‘vamos a ver, a nosotros la ley nos permite darles papeles, permiso de residencia, permiso de trabajo, a quienes colaboren’”.

Arencibia tiene identificado que cuando el pasaje comparte origen o idioma, resulta más fácil que se pongan de acuerdo para prevenir que alguno de ellos sea designado como patrón u organizador, y por tanto acusado de tráfico:  “es importante llegar a estos consensos en alta mar, pues alguien tiene que tomar el timón para que no mueran todos”. El problema es cuando no hablan todos el mismo idioma: “la Policía lo sabe y aprovecha esa debilidad”, lamenta este abogado. La situación es perversa: ante la amenaza de ser señalados como capitanes y por tanto, llevados a juicio, es tentador acusar a otros antes de que otros te acusen. 

Así, el hecho de hacerse cargo de que la travesía no acabe en naufragio, ya sea capitaneando el barco o colaborando en la organización de la supervivencia una vez en el mar, pone a la persona en riesgo de cárcel, pues las autoridades necesitan señalar a alguien para justificar su relato de que se están deteniendo a los traficantes, y los buscan entre quienes, como Baboye, se juegan la vida para llegar a Europa. En este proyecto, la verdad queda en segundo plano. 

Arencibia insiste en que no es algo que diga él, apunta a una sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que “lo explica con mucha claridad y lo que dice es que con demasiada frecuencia se abandona el rigor en la investigación criminal. Se basa toda la investigación en lo que dice una persona acusando a otra de las personas que venían en el barco”, esto, explica el abogado, puede llevar a que el propio patrón del barco sea quien acuse a alguien para protegerse a sí mismo. El letrado subraya la importancia de la sentencia murciana “un organismo de primer nivel de España dice que no se están haciendo investigaciones rigurosas y que se está decidiendo quién se mete en la cárcel por sorteo”.

La Europa fortaleza reparte mala suerte

La suerte de Baboye no fue buena, firmó una declaración que nadie le tradujo, y ahora está en la cárcel. Su mala suerte afecta a su entorno, y eso le genera aún más frustración: “mi familia es muy pobre y están mal. Estoy preocupado por las condiciones de mi madre y no puedo tener casi contacto con ella desde prisión. Están mayores y me necesitan pero yo no puedo trabajar para ayudarles enviando dinero”. Es difícil para este joven entender que se le esté tratando como un delincuente, teme que la cárcel le termine de robar el futuro. “Las leyes de España no tienen la justicia clara. Necesitamos que digan las cosas, que nos expliquen nuestros derechos”.

No parece que la cuestión de los patrones se mueva en el ámbito de la justicia o los derechos, sino más bien, según el criterio de quienes perpetúan la criminalización, a obtener un supuesto efecto disuasorio para que la gente no migre. “Yo creo que no cumplen ningún objetivo de este tipo”, apunta Arencibia, “porque es tan marginal el número de personas que acaba en prisión, que la gente que está en África no condiciona su comportamiento. Prefieren acabar en prisión en Europa, que saben que van a sobrevivir, que estar en Mali pensando que pueden morir”.

Quizás las personas migrantes que acaban siendo acusadas de patrones y encarceladas son cuantitativamente poco representativas respecto al conjunto de quienes arriban a territorio español, pero las consecuencias para quienes caen en esa situación son de las que te cambian la vida: a la gente le pueden caer “hasta ocho años de cárcel”, apunta el abogado, “aunque la media está sobre los tres años”. El abogado se refiere al delito de favorecimiento, quienes como Baboye son acusados por homicidio o lesiones reciben entre uno y cuatro años más de condena.

Una realidad que la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito criticó en un informe monográfico sobre la ruta canaria, en 2022, confirmando que no se persigue a quienes organizan los viajes, sino a las mismas personas que migran. “No hay una sola condena en la que se descubra quién se ha llevado el dinero, porque los que vienen en el barco son los pasajeros. Entonces, si tú metes en la cárcel a un pasajero, el organizador del viaje mañana te manda a otro grupo y pasado te manda otro grupo y otro grupo”, apunta el abogado.

Si lo que se pretende es impedir las llegadas de personas a través de rutas irregulares y peligrosas, lo que se está haciendo no tiene ningún sentido, insiste Arencibia, quien considera que el objetivo es otro: “resulta muy cómodo para los políticos y para los mandos policiales poder decirle a la sociedad: ‘estamos luchando contra las entradas ilegales’”.  En un momento en el que la gestión migratoria domina el debate político, “si puedes decir: ‘hemos detenido en este año a 450 personas por tráfico de personas’, ya tienes un mensaje que dar a la sociedad de que no estás de brazos cruzados”. 

Esta estrategia, considera el abogado, resulta más fácil y productiva en términos políticos que las más complicadas y largoplacistas operaciones de investigación en las que las autoridades han de coordinarse con policías de otros países. Por otro lado, la opacidad y la falta de escrutinio público favorece que se perpetúen este tipo de prácticas, y que pasen por una forma eficaz de luchar contra la inmigración irregular: “la eficacia que te da no respetar los derechos humanos”, lamenta el abogado. 

Un camino difícil pero no solitario

“Tengo el corazón completamente roto. Siento que me han tratado como a un animal. Ahora en invierno hace mucho frío y no tenemos ropa. No nos llevan nunca al médico. Los africanos en prisión vivimos como animales. No tenemos derechos”, lamenta Baboye desde prisión. Rodríguez Trigo comparte su frustración por la pena que le ha caído a su defendido, la interpreta como un castigo hacia el joven mauritano y en cierto modo también hacia ella misma por cuestionar el proceso. Valora que la sentencia ha sido “ejemplarizante”, y sufre al ver cómo la recibió su defendido: “está bastante mal y sobre todo está muy nervioso, con mucha ansiedad”. Con todo, no recibe ningún apoyo psicológico, y aún le queda por delante mucho tiempo en la cárcel: “Hasta que no pase por lo menos un año y medio más de los dos años que lleva en prisión no se agota el máximo de la prisión provisional. Si la condena hubiera sido la habitual en Tenerife, entonces sí podría estar fuera mientras recurrimos”.

“Tengo el corazón completamente roto.  Los africanos en prisión vivimos como animales. No tenemos derechos”

No es fácil luchar por estos casos, Rodríguez Trigo es autónoma, trabaja probono y a precios accesibles, tanto con las familias de estas personas como con la colaboración de otras ONGs que en ocasiones financian la defensa letrada. El Proyecto Patrones, y el colectivo de:criminalize —dos grupos de activistas especializadas en apoyar a personas migrantes criminalizadas como supuestos patrones— la están ayudando en un camino que viene de lejos, pues se halla realizando un doctorado en derecho penal  sobre patronaje: “la hipótesis de la tesis es demostrar que hay un racismo institucional sistemático y muy grave cuando se trata de patrones de patera”. Vulneraciones de derechos, desarrolla, que se amparan en la supuesta falta de recursos al tiempo que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en movimiento, que no tienen arraigo, no pueden permitirse asistencia letrada, o desconocen sus derechos.

“Los flujos de llegadas, la falta de medios, tanto de policía, como de la administración de justicia, como de las abogadas, unida al sesgo racial y contextual de este tipo de delitos, generan la tormenta perfecta para culminar con procedimientos, que deberían ser nulos, pero que condenan cada año a cientos de personas”, apunta Rodríguez Trigo, quien añade que defender a los patrones no da dinero ni satisfacción: “es una lucha que, de antemano, está perdida. Si bien antes de la sentencia de Baboye, en 2025, hemos obtenido fallos absolutorios muy positivos en Tenerife, queda mucho trabajo por hacer para que los cambios se realicen desde la investigación policial”. 

Desde el Proyecto Patrones, la activista Inés Marco recuerda también que tienen como objetivo formar a los Colegios de abogadas y abogados, y celebra que la red se está ampliando a medida que se da visibilidad a una situación que afecta a tantas personas cuyo proyecto de vida se topa con la versión más punitiva de la Europa fortaleza.