Fronteras
La detención de migrantes en Italia, contada desde dentro
“Estoy a medio camino de cumplir mis sueños: una oportunidad de reinserción y un trabajo socialmente útil”. Sunjay Gookooluk está sentado en una mesita del bar de los Jardines de Viale Carlo Felice, en Roma, donde trabaja como voluntario, mientras se lía el enésimo cigarrillo de una serie interminable. Es originario de Mauricio, tiene 57 años, pero lleva en Italia desde los 20: “He vivido aquí gran parte de mi vida. Escribo más en italiano que en indio”, dice.
Fue precisamente la escritura lo que le salvó de la desesperación cuando, entre 2014 y 2015, acabó dos veces en el entonces Cie (Centro de Identificación y Expulsión), hoy CPR (Centro de Permanencia para la Repatriación), de Ponte Galeria, cerca del aeropuerto de Fiumicino. Gracias a unos eurodiputados que estaban de visita de inspección, recibió un bolígrafo, un objeto prohibido por considerarse peligroso, que por las noches utilizaba para escribir un diario en envases de comida, aprovechando el insomnio. Un relato valioso que, tras más de diez años, se convierte en un libro, Diario di un invisibile, publicado por Sensibili alle Foglie, el primer testimonio literario de la detención administrativa desde dentro.
Los CPR se introdujeron en Italia en 1998 para identificar y expulsar a las personas sin permiso de residencia. En estas instalaciones, equivalentes a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles, las personas migrantes son recluidas en régimen de internamiento administrativo durante un máximo de 18 meses, sin haber cometido ningún delito o habiendo cumplido ya su condena. Hoy en día existen diez en Italia, además de la estructura de Gjadër en Albania, que se ha convertido en el modelo para la externalización de las fronteras en el nuevo pacto europeo sobre migración y asilo, pero el Gobierno de Giorgia Meloni, tal y como ya preveía el exministro del Interior del Partido Demócrata Marco Minniti en 2017, tiene previsto abrir uno por cada región, 20 en total.
En los CPR las personas migrantes son recluidas en régimen de internamiento administrativo durante un máximo de 18 meses, sin haber cometido ningún delito o habiendo cumplido ya su condena
Gookooluk fue recluido en el CPR de Roma, el único dotado de una sección femenina, en dos ocasiones. Es el menor de los diez hijos de un agricultor de caña de azúcar y había llegado a Italia poco después de la muerte de su padre en 1989 para reunirse con su hermana, tras haber rechazado una herencia agrícola a la que parecía destinado. En Roma empezó enseguida a vivir en condiciones precarias: en el mercado del barrio de Pigneto trabajaba con las cajas de verduras que también eran su medio de subsistencia; luego, por la noche, buscaba refugio “por ahí, en Cáritas, con las monjas, donde me tocara”, afirma. En aquellos años también tuvo dos hijos, luego pasó por las cárceles de Frosinone, Santa Maria Capua Vetere, pero sobre todo Rebibbia, en Roma, donde estalló su pasión por la escritura.
“Un alumno especial”, así lo define en el libro Maria Teresa Caccavale, quien conoció a Gookooluk en 2008, cuando era profesora y él se encontraba en pleno encarcelamiento. “Enseguida percibí su gran inteligencia y su deseo de aprender y enriquecer sus conocimientos”, afirma. Salió de Rebibbia con dos títulos, de operador turístico y de contable, asistió a un curso de mosaicos con obras expuestas en diversas exposiciones, puso en marcha un curso de yoga y, sobre todo, devoró las páginas de los libros de la biblioteca. Todo esto, sin embargo, no bastó para eliminar el estigma de peligrosidad social —una condición jurídica determinada por un juez que sirve para indicar la probabilidad de que una persona cometa nuevos delitos— ni para evitarle un destino aún peor: el internamiento en un centro de detención para migrantes (CPR).
El primer internamiento
El primer internamiento comienza en noviembre de 2014, cuando acaba de salir de la cárcel. En su diario se presenta con el número que le han asignado, el 8703, y luego describe los espacios y el transcurso de un día típico en el centro de Ponte Galeria: desde los tratamientos farmacológicos hasta el desayuno, pasando por los largos paseos por el patio y los partidos en la cancha de fútbol, hoy en día inaccesible. “Yo también tengo un corazón capaz de amar”, escribe en un texto que ha titulado “Los invisibles con alas”.
El Estado italiano ha subcontratado la gestión de estos centros a empresas privadas, pero se supone que debe velar por el respeto de los derechos de las personas recluidas. Organizaciones como Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, LasciateCIEntrare y No Cpr-Mai più lager llevan tiempo denunciando la falta de controles o la imposición de multas irrisorias por graves violaciones, como el suministro de comida en mal estado.
La desesperación de los detenidos suele tener consecuencias dramáticas. En el centro de Roma, por poner un ejemplo, tras el suicidio de Ousmane Sylla, un joven guineano de 22 años, el 4 de febrero de 2024, se produjeron en pocos días 21 episodios entre intentos de suicidio y actos de autolesión, según el registro de incidentes críticos, un cuaderno que rellenan los empleados del centro, al que ha tenido acceso la agencia Ansa. Sylla es solo uno de los casi 50 fallecidos, por lo que sabemos, desde que existen los CPR.
Precisamente durante el tiempo que estuvo recluido, Gookooluk también es testigo del relevo entre el antiguo gestor, la empresa Auxilium, y el nuevo, Gepsa, lo que provoca un empeoramiento de las condiciones internas. “Faltan psicólogos, educadores [...] mediadores culturales [...] incluso las fuerzas del orden nos dan la razón”, cuenta. Los recortes derivados de la licitación a la baja se reflejan en la calidad de la comida, en la falta de personal, en las condiciones higiénicas y también en la salud de Gookooluk, que es diabético y, para recibir la dieta prescrita por el médico, se ve obligado a iniciar una huelga de hambre y a rechazar todos los medicamentos.
Gran parte del gasto de los organismos gestores de los centros se destina a la compra de psicofármacos utilizados a menudo para intentar apaciguar a las personas internadas
Gran parte del gasto de los organismos gestores, según ha constatado una investigación de la revista Altreconomia, se destina a la compra de psicofármacos —el 64 % del total en el caso del CPR de Milán—, utilizados a menudo para intentar apaciguar a las personas internadas. Además de utilizar su propio cuerpo, la otra arma para reclamar el respeto de sus derechos es la protesta, que en el pasado también ha llevado al cierre de algunos centros, como el de Turín, reabierto tras dos años, donde se quitó la vida mientras estaba en aislamiento el guineano de 23 años Moussa Balde. El año pasado, sin embargo, el derecho a la protesta fue tipificado como delito por el decreto de seguridad del Gobierno de Meloni. Hoy en día, quien proteste en un CPR se enfrenta a hasta cuatro años de cárcel.
La segunda reclusión
Cuando finalmente, en enero de 2015, Gookooluk sale del CPR —la duración máxima de la reclusión estaba fijada en 90 días, frente a los 18 meses actuales—, lo peor parece haber pasado. Sin embargo, unos meses después, en agosto, lo que parecía una inocua citación en la Comisaría se convierte en un nuevo traslado a Ponte Galeria. No es hasta noviembre cuando la segunda detención se considera ilegítima, tal y como también dictaminó posteriormente la Corte Suprema de Casación.
En esos momentos, Gookooluk ya no tiene un bolígrafo, pero se convierte en una especie de reportero desde dentro que mantiene informadas mediante mensajes a las personas que están intentando sacarlo y que, mientras tanto, crearon la página de Facebook “Free Sunjay, un escritor en el CIE de Ponte Galeria” para publicar sus actualizaciones, lanzaron una petición y escribieron una carta al presidente de la República, Sergio Mattarella, para solicitar su intervención.
“Hay un chico tunecino que ya ha sufrido varias crisis epilépticas [...] a pesar de ello, lo mantienen en el CIE. Anoche lo encontré en el baño. Estaba a punto de ahorcarse”, escribe. “Soy diabético [...] pero siguen dándome mermelada y pasta, que para mí son veneno”, añade. Luego, por fin, la liberación definitiva: “¡Voy a salir! ¡Mi pluma ha hecho mella!”. Y una invitación a quienes le han seguido para que lo celebren con él: “Vengo de Mauricio, un país donde hay sol y mar y nadie es peligroso. Os invito a todos, ¡he heredado dos palmeras!”.
Tras su paso por el CPR, Gookooluk se hizo cargo de su hermana discapacitada, antes de que ella falleciera a causa de la Covid19. Siguió escribiendo y encontró refugio precisamente en casa de quienes le habían ayudado, el agrónomo Gianfranco Laccone y la antropóloga Annamaria Rivera, quien dio a conocer su historia al público en un artículo en Il Manifesto tituladoUn fantasma a Ponte Galeria. Ahora la está ayudando en un momento de fragilidad: “Esta persona, con traumas provocados por el racismo sistémico e institucional y una vida compleja y difícil, ha sido capaz de reconciliarme con el mundo y de ser el interlocutor intelectual y afectivo que Annamaria necesitaba para retomar su incierto camino”, escribe Laccone en el libro. Mientras tanto, Gookooluk mira al futuro con optimismo: “Encontraré mi lugar en la sociedad”, dice, “este libro será una bofetada para muchos”.
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