Fronteras
A la caza del informe de vulnerabilidad: el requisito que ralentiza los primeros pasos de la regularización

Desde que el pasado 16 de abril comenzara el proceso de admisión de solicitudes para acceder a la regularización extraordinaria, los medios se han llenado de titulares y fotos que muestran largas colas de personas migrantes, en busca de un documento que apareció finalmente en el Decreto —a pesar de la lucha por Regularización Ya para que no fuera necesario— y que no había aparecido en borradores anteriores, el “Certificado de Vulnerabilidad”. La prensa recoge así instantáneas de los inicios de un proceso muy esperado, que comenzaba como una especie de contrarreloj: gente durmiendo al raso y largas colas en ciudades como Castellón, Valencia, Manresa, Sevilla, Palma de Mallorca. En todo el Estado miles de personas migrantes están intentando acceder a un certificado de vulnerabilidad en Servicios Sociales o el Registro, para poder adjuntarlo a su solicitud. 

Tras la publicación del Decreto, el pasado 15 de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha difundido diversos documentos con el propósito de aclarar un proceso que resulta vital para al menos medio millón de personas que residen en el país de manera irregular, y que cuentan con poco más de dos meses para regularizar su situación. Documentos de preguntas y respuestas, o la lista de entidades colaboradoras, que no han conseguido por ahora disipar todas las dudas y ansiedad en torno a cómo se concretarán en la práctica los trámites. 

Las iniciativas de aclaración en las redes, se ven respondidas por decenas de comentarios que buscan información más clara, denuncian la imposibilidad de realizar trámites en la práctica, o recuerdan que el hecho de estar en situación de irregularidad, ya supone una forma de vulnerabilidad. En una publicación del Ministerio de Migraciones en Instagram del pasado sábado específica sobre el informe, en la que compartía el formulario a completar, numerosos comentarios señalaban oficinas de servicios sociales en todo el Estado que desconocían cómo realizar el trámite, o acusaban a algunas ONGs de habilitar el proceso solo para sus propias personas afiliadas o usuarias. “Esta situación está generando una gran ansiedad en miles de personas, que sienten cómo una posibilidad de estabilidad se aleja cada vez más”, lamentaba uno de los comentarios.

En el documento Preguntas y Respuestas que ha difundido el Ministerio, se aclara que las personas solicitantes de protección internacional, quienes puedan acreditar haber trabajado o tener la intención de hacerlo o quienes forman parte de una unidad familiar con menores —o con mayores con discapacidad, o ascendentes— no tendrán que solicitar el certificado. Para el resto de perfiles, la situación de vulnerabilidad “se acreditará a través de un certificado que se descarga desde la web de la Regularización. Este debe estar sellado por entidades en materia de asistencia social (entidades y sindicatos inscritos en el Registro RECEX, o servicios sociales)”, especifica.

Una desinformación previsible

“Estamos determinando de qué manera vamos a trabajar en cada caso y también cómo vamos a hacer con el bendito certificado de vulnerabilidad, que yo creo que va a ser la palabra del año”, explica a El Salto desde Valencia Silvana Cabrera de Regularización Ya, quien también forma parte de una de las entidades colaboradoras, Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). La activista cuenta cómo durante los primeros días del proceso están teniendo que lidiar con la incertidumbre ante un requisito que en la negociación con el Gobierno, lucharon mucho por eliminar. Cabrera intenta entender este límite dentro de un proceso en el que también se consiguieron logros y facilidades. “Entendemos que estamos también en un momento político y socialmente muy complejo”, explica, “un clima adverso en el que el Gobierno ha querido de una forma blindarse de las críticas requiriendo este trámite”. 

Como ya habían previsto desde el Movimiento, la heterogeneidad de criterios e incluso la negativa de algunos ayuntamientos a facilitar el proceso, se ha convertido en una rémora para que el proceso avance. “El Ministerio ha dado un modelo único para el certificado de vulnerabilidad que sirve única y exclusivamente para el proceso de regularización extraordinaria. El problema es que no todos los servicios sociales tienen información o quieren facilitarla, así que yo creo que este trabajo va a recaer sobre las entidades colaboradoras”, apunta.

Cabrera considera que la situación que se está dando para conseguir este trámite pone en evidencia “cómo está montado el sistema para las personas migrantes”. Vagar por distintas oficinas, falta de información precisa en los servicios públicos, falta de voluntad para apoyar el proceso, o incluso observaciones racistas por parte del personal de la administración, no resultan nuevos para este colectivo: “Nada de esto nos sorprende. Ese es el trato diario que recibe nuestra comunidad”.

“Ahora mismo ningún proyecto tiene mayor validez que el que una persona pueda regularizar su situación. Son solo dos meses y medio” 

La activista confía en que las entidades colaboradoras vayan hallando las formas de facilitar un trámite que está suponiendo un quebradero de cabeza para muchas personas, entidades que deben de contar al menos con dos años de trabajo con personas migrantes y cuya experiencia sería fundamental para superar el “cuello de botella”, de la administración. Llama también a las organizaciones que tienen más recursos a centrarse en el proceso: “considero que ahora mismo ningún proyecto tiene mayor validez que el que una persona pueda regularizar su situación. Son solo dos meses y medio”.

En la sede valenciana de SEDOAC vienen ya con trayectoria en materia de regularizaciones, a través de la “Unidad Móvil de Atención a las personas migrantes que iniciamos en La Dana y que hemos continuado hasta ahora, no solo para ayudar a la regularización, sino también para garantizar todo el seguimiento y ahora la renovación”. En las próximas semanas su objetivo es centrarse exclusivamente en el proceso de regularización actual.

Confusión en los ayuntamientos

Del cuello de botella saben mucho en Servicios Sociales. Simona (nombre no real) trabaja en uno de los centros del Ayuntamiento de Madrid. Cuenta que hasta que no leyeron el decreto, el 15 de abril, no supieron que se iban a solicitar informes de vulnerabilidad, un requisito que en otros borradores no aparecía. Cuando llegó al trabajo el 16, ya había gente esperando, a lo largo de la jornada la afluencia no paró, hasta el guardia de seguridad acabó atendiendo a gente: “Fue una locura, no sabíamos qué decir, empezamos a montar un grupo informativo, pero sin información”. 

Ante la situación, las auxiliares del sistema de información y acogida, que atienden las primeras citas y también a la gente que llega al mostrador, se dedicaron a tomar los datos de las personas que se acercaban para emplazarlas a una reunión informativa cuando tuvieran más datos. “Las indicaciones que nos iban llegando por correo a todo el distrito cambiaban cada pocos minutos”, primero les decían que tenían que mandar a la gente a registro con una instancia general para solicitar el certificado. Al cabo de un rato, un nuevo correo anulaba las instrucciones porque en el registro no estaban cogiendo las solicitudes. 

Simona denuncia que los Servicios Sociales en el municipio madrileño están ya colapsados, pues no están cubiertos todos los puestos de trabajo y además, ya antes del decreto, había un gran retraso dando citas con las trabajadoras sociales: “Ahora ya es impensable”. La trabajadora recuerda que hay personas que ya pidieron la cita desde enero, y cuando por fin llegan, lo hacen con la expectativa de que van a ver a una trabajadora social, pero en la primera cita son auxiliares sin posibilidad de firmar informes quienes les esperan, por lo que necesitan una nueva cita con las trabajadoras. “Antes del decreto, las citas con las trabajadoras sociales las estábamos dando como pronto para junio, “tenemos una lista de espera brutal”, afirma Simona, y le consta que es la situación de muchos centros.

“Aquí empiezan a meter personas simplemente para hacer certificados de vulnerabilidad o la gente no va a llegar a presentar sus papeles en plazo”

“Aquí empiezan a meter personas simplemente para hacer certificados de vulnerabilidad o la gente no va a llegar a presentar sus papeles en plazo” alerta, y confía que de momento animaría a las personas migrantes a dirigirse directamente a las entidades colaboradoras. Aunque en estos días, lamenta, ha visto llegar a Servicios Sociales a muchas personas enviadas desde las propias entidades. 

Ya la semana pasada sindicatos como el CSIF en Zaragoza, reclamaban que se reforzara la plantilla y un plan de choque, junto a “formación y protocolos claros”, para hacer frente a la demanda de informes. El jueves 16, el alcalde de Madrid, agitó la Junta de Gobierno acusando al Gobierno de haber hecho una “chapuza”, y advirtiendo de que el Ayuntamiento no iba a pagar las consecuencias. Además, aseguró que el consistorio defiende la dignidad de las personas migrantes, para después difundir un mensaje en el que advertía de que iba a “regularizarse a delincuentes”. 

Al agobio por el proceso, Simona le suma la indignación ante las palabras de Almeida: “El Ayuntamiento tiene a los servicios sociales abandonados y bajo mínimos desde mucho antes de que se dijera que se iba a aprobar el decreto. Llevan años desmantelándolos ignorando que son un derecho garantizado por la ley ”. La trabajadora social tacha al alcalde de hipócrita: “ha dicho que para ellos la dignidad de las personas es innegociable, pero no quieren regularizarlas”, lamenta. “Y luego dice que el PSOE ha hecho esto para no perder los votos de Podemos. ¿Y tú para qué dices esas barbaridades criminalizando a todos los inmigrantes? ¿No lo habrás hecho por cuatro votos de Vox?”. 

La gente se desespera

Desde la Red de Hondureñas Migradas (Redhmi) en Madrid Karen Rodríguez insiste en que estar en situación de irregularidad es una forma de vulnerabilidad, y lamenta que esta tesis no permeara finalmente en el Decreto, porque, como se está viendo, supone una barrera. “Lo que se va a conseguir con esto es enfrentar a las entidades, enfrentar a los ayuntamientos, a los servicios sociales con la gente, porque la gente en su desesperación va a exigir”, lamenta esta activista, quien teme que, en un contexto de ataques políticos, haber mantenido este requisito perjudique al proceso. “Encima el Gobierno ha publicado el decreto sin poner los medios necesarios, sin las herramientas y sin siquiera dar las indicaciones a los servicios sociales y a las entidades, de cómo emitir estos certificados”. 

Una falta de recursos que a quienes acaba afectando principalmente es a las personas migrantes a los que “ya sabemos que algunos partidos tienen en el ojo de la diana constantemente, culpándoles de todo. Lo que hace este requisito es que se vuelva todo todavía más hostil, repercutiendo en la salud mental de las personas migrantes que están esperando esta regularización desde hace años”.

A esta activista le parece particularmente dañina la desinformación que está viendo en estos primeros días, y también la falta de formación a quienes tienen que concretar el proyecto, como es el caso de los servicios sociales. Además, lamenta, al depender los servicios sociales de administraciones municipales muchas veces en manos de partidos contrarios a la regularización “algunas van a hacer todo lo que puedan por torpedear cualquier certificado, papel, expediente, documento o lo que sea que tengan que hacer”.

Rodríguez considera que en este marco la labor de las entidades es fundamental, también para estar alerta ante los intentos —como se viene dando con citas de extranjería o certificados de empadronamiento— de capitalizar la desinformación y la falta de acceso a documentación vital para hacer negocio. Los casos de ofertas de certificado de vulnerabilidad previo pago, ya empiezan a aparecer en las conversaciones de las organizaciones o a transcender en la prensa.