Así serán los “centros de tránsito” alemanes para inmigrantes
El eufemismo “centros de tránsito” suena mejor en alemán que la propuesta acordada en la cumbre europea: “centros controlados”. Los Kontrollierte Zentren podrían ser confundidos en su abreviatura, “KZ”, con los campos de concentración nazis. Una comparación que nadie quiere realizar en Berlín, cuando además se da la casualidad de que el primero de los campos de concentración se abrió en Baviera, que ahora ha sido la punta de lanza en la consecución de un acuerdo en el que al final los solicitantes de asilo en cuyos casos haya dudas serán internados en centros cerrados hasta que se resuelva si pueden permanecer en el país o ser expulsados directamente desde los mismos.
Con los centros de tránsito, Merkel resuelve la primera gran crisis de su Gobierno tras la constitución del mismo el pasado mes de marzo. Finalmente, Horst Seehofer, ministro de Interior y líder de la CSU —el partido conservador bávaro, socio histórico de la CDU de Merkel— se queda en su puesto. Y todo indica que el SPD tampoco romperá el acuerdo de Gobierno.
La idea detrás de los centros de tránsito es coordinarse con otros gobiernos europeos y firmar acuerdos de expulsión, tal como Merkel aseguraba la semana pasada que había hecho con catorce países en la cumbre europea. Al día siguiente República Checa y Hungría desmentían haber negociado esto.
En principio se tratará de internar en casetas prefabricadas o tiendas de campaña a inmigrantes que ya hayan presentado una solicitud de asilo en otro país europeo, donde su solicitud debe ser cursada en función del tratado de Dublín. Los centros serían cerrados y las personas no podrían salir de ellos, limitados por una valla o por un servicio de seguridad o policía que los controle.
Merkel se ha inspirado en la idea de los “centros de tránsito” en el ejemplo húngaro, que a partir de septiembre de 2015 instaló cárceles de este tipo en su frontera para recluir a los refugiados.
Los centros serán instalados en la frontera alemano-austríaca y los inmigrantes que hayan presentado una petición de asilo en un país de la Unión con el que Alemania no haya firmado un acuerdo deberán ser expulsados a la frontera de Austria, algo para lo cual el gobierno de dicho país debe estar de acuerdo, lo que no parece ser el caso hasta ahora. El canciller austríaco Sebastian Kurz dijo hoy que su país “se verá obligado a actuar para proteger a su propia población” si el plan alemán se lleva a cabo. Ello podría significar que Austria haría lo mismo que Alemania en su frontera con Italia y Eslovenia.
Los jefes de AfD aseguraron este martes que ellos habían obligado a Merkel “a lo que ella jamás quería hacer: crear centros para refugiados y rechazar a inmigrantes ilegales en la frontera”
En 2015 cuando cientos de miles de refugiados llegaron a Alemania, la CDU de Angela Merkel y su socio CSU propusieron la creación de dichos centros, pero el SPD se opuso. El entonces ministro de justicia y hoy ministro de exteriores del SPD Heiko Maas rechazó categóricamente su creación asegurando que “son cárceles” y que “se mandaría una señal fatal si se interna a decenas de miles de personas que vienen huyendo de una guerra en la frontera”.
En esta ocasión aún se desconoce si lo aceptarán o no. En la tarde de hoy, 3 de julio, a las seis tendrá lugar una reunión del gobierno y después se sabrá si el partido socialdemócrata lo aprueba. El semanario Focus pronostica que darán su brazo a torcer porque la celebración de nuevas elecciones si el gobierno se rompe les pasaría una factura mayor a su imagen.
Para el partido populista ultranacionalista Alternativa por Alemania (AfD) el acuerdo del gobierno alemán es un éxito propio. Los jefes del partido, Alice Weidel y Alexander Gauland, aseguraron en una conferencia de prensa este martes que ellos habían obligado a Merkel “a lo que ella jamás quería hacer: crear centros para refugiados y rechazar a inmigrantes ilegales en la frontera”. Para la AfD, si ellos gobernasen, se cerrarían todas las fronteras y se expulsaría a todo aquel que hubiese entrado de forma ilegal.
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La ONG Pro-Asyl ha criticado la medida en palabras de su jefe Günter Burkhardt: “Huir no es un delito. En campos cerrados no hay procedimientos de asilo justos y legales. Pro-Asyl rechaza la creación de centros de internamiento”. El jefe de Die Linke Bern Riexinger hablaba en el mismo sentido: “Los centros de tránsito no son mas que centros de internamiento masificados”.
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