Fronteras internas
EH Bildu lleva al Senado la crisis humanitaria en la frontera Irun - Hendaia

Cada día cientos de personas atraviesan la frontera entre los estados español y francés, pasando de Irun a Hendaia. Se trata de una frontera interna dentro del espacio Schengen por la que la mayoría de estas personas pasan sin mayor complicación. Mientras sean blancas. Para las personas racializadas esta frontera se ha convertido sin embargo en una “trampa”, como denuncia la sociedad civil local que ha sido testigo en los últimos años de cómo Irun devenía en un embudo para quienes intentan proseguir su proyecto migratorio desplazándose hacia el Norte, encontrándose con controles racistas que les imposibilitan continuar. En su intento de escapar de los controles, al menos 9 personas han perdido ya la vida tratando de cruzar el Bidasoa desde el año pasado.

Ayer 7 de septiembre, la senadora  Idurre Bideguren Gabantxo, de EH-Bildu trasladaba la denuncia de esta situación al Senado. La moción, presentada por el grupo ERC-EH Bildu ante la mesa de la Cámara Alta a principios del verano, por iniciativa de la propia Bideguren y de su compañero de partido Gorka Elejabarrieta Díaz fue aprobada con el acuerdo del grupo socialista. La mayoría fue amplia: 142 senadores votaron a favor, 105 en contra y 4 se abstuvieron.

En el documento presentado a la mesa se apuntaba a la necesidad de promover “medidas eficaces para impedir nuevas tragedias en las fronteras internas de la Unión Europea y facilitar las condiciones de seguridad de las personas migrantes, con especial atención al río Bidasoa”. La senadora Bideguren expresa la necesidad de que los tránsitos sean seguros para las personas migrantes, por ello, explica a El Salto, su intervención en el Senado buscaba  “primero, denunciar la situación y segundo, procurar que el gobierno se comprometa sobre todo a dos cosas fundamentales, garantizar de alguna manera vías seguras para el tránsito de los migrantes y trabajar en diferentes mecanismos para evitar el trato discriminatorio que está habiendo y que hemos visto en en la frontera de Irún y Hendaia”.

Y es que en junio una delegación de EH Bildu se encontró con los colectivos de la sociedad civil que llevan años denunciando cómo en la frontera del Bidasoa las prácticas racistas de la policía francesa, junto la falta de recursos del lado sur, aboca a miles de personas a duras condiciones y a arriesgar su vida intentando cruzar la frontera. Esta impermeabilización —denunciaban en la moción recogiendo los argumentos de los colectivos— se justificó en un principio con la amenaza yihadista, después con la emergencia del Covid19, “pero ya en los últimos meses desde las autoridades francesas se señala directamente a impedir lo que denominan ‘inmigración ilegal’”.

Para EH Bildu, explica Bideguren, empezar el curso político poniendo esta situación en la agenda política es fundamental, la senadora recuerda cómo una persona falleció intentando cruzar el Bidasoa tras la visita del grupo parlamentario. Insiste en que toda persona tiene derecho a migrar, y que, tras haber llegado hasta esta frontera, tras un largo periplo migratorio, “no hay vuelta atrás”.

Son más de 8.115 personas las que pasaron por los recursos habilitados para la atención de las personas migrantes en tránsito en la frontera entre Irun y Hendaia durante 2021, un récord en los últimos cuatro años 

El documento de motivación apunta a que son más de 8.115 personas las que pasaron por los recursos habilitados  por el Departamento de igualdad, justicia y políticas para la atención de las personas migrantes en tránsito en esta zona durante 2021, un récord en los últimos cuatro años. 

La moción rescata los datos recogidos por la Red de Acogida de Irun -Irungo Harrera Sarea que hace su propio recuento: cifras que incluyen a quienes se quedaron fuera de los recursos, por ejemplo, de las 527 personas que atendieron en marzo del 2022, 28 no pudieron contar con los dispositivos dispuestos por la administración.

Construyendo acogida

“Cualquier iniciativa, sea de entidades que hacen política social como de partidos que ponga sobre la mesa el tema, para nosotros ya es algo bueno”, valora la activista Oihana Galardi, perteneciente a la Irungo Harrera Sarea. La red, explica, ha desarrollado una incidencia que ha conseguido tener un impacto social, pues además de la labor humanitaria ejercida, “somos conscientes de que si en Irun a día de hoy hay los recursos que hay, si de Irun se habla y si en un momento dado los medios estáis mirando a Irun, es precisamente por esa labor que hemos hecho desde un principio de denuncia”.

Con el principio, Garaldi se refiere a cuando en 2018, después de que tres años atrás se incrementasen los controles policiales en la frontera, empezaron a llegar cada vez más personas en tránsito como consecuencia del cierre de la ruta del Mediterráneo Central, cierre que ha terminado de apuntalar el lugar del Estado español como territorio de tránsito.  Fue ahí cuando se formó la Red de Acogida y desde entonces, estas y estos activistas han empujado para que las administraciones den respuesta, “fueron poniendo recursos, pero muy a cuenta gotas, siempre insuficientes, en absoluto integrales”, valora Garaldi.

La Red se muestra especialmente crítica con la Cruz Roja, a la que, apunta Garaldi, “no vemos Cruz Roja como una institución humanitaria en este caso porque su rol es más de gestionar el servicio con los recursos que que le ponen siguiendo casi a rajatabla las indicaciones o límites que vienen  desde diferentes instituciones”. La activista señala así mismo la falta de transparencia para poder determinar de qué entidad concreta depende la labor de esta entidad en la frontera de Irun. 

“Las instituciones sí que están dando respuesta a la situación que viven las personas migrantes en Irun, pero siempre por detrás, después de que se haga presión”

A esta falta de transparencia, explica, se unen otros espacios opacos, como “los criterios de acceso y entrada”. De hecho para acoger a quienes se quedaban fuera de dispositivo encabezado por Cruz Roja, el Ayuntamiento de Irun puso recursos para estas personas “que no tenían acceso a ese dispositivo de Cruz Roja porque no cumplían los criterios que desconocemos, que solamente conocemos porque a fuerza de estar en contacto directo con las personas migrantes, hemos terminado por concluir”. En definitiva, la iniciativa municipal para ofrecer sus propias respuestas, o la presentación de diversas mociones en este ámbito son muestra, para Garaldi, de que “las instituciones sí que están dando respuesta, pero siempre por detrás, después de la presión”.

Presión es lo que sienten las personas alojadas en el albergue de la Cruz Roja cuando les cuentan que tienen tres días de pernocta. “Si estamos exigiendo corredores seguros, el corredor seguro no tiene que empezar en Francia, tienen que empezar en Irun y tienen que empezar por no empujar a la gente a salir precipitadamente del recurso en el que están”, tener que exponerse a una frontera hipervigilada, supone riegos para la vida de las personas, “después, cuando suceden desgracias, pues todos nos llevamos las manos a la cabeza e incluso las propias instituciones y los propios cargos electos”.

La persecución contra la estigmatizada “migración ilegal”, no se limita a las personas en tránsito, el sesgo racista de las fuerzas de seguridad afecta a personas racializadas residentes en la zona con la documentación en regla: “Estamos hablando de pueblos transfronterizos en los que nos paseamos todo el día de un lado al otro. A las personas residentes en el lado español con tarjeta de residencia de larga duración la policía también les hostiga para que en el Estado francés lleven en todo momento su pasaporte, aunque tienen un título que les permite estar por toda Europa”, explica Galardi.

La situación denunciada por los colectivos supone, para la senadora, una violación de los derechos humanos más básicos y se contradice con el espacio Schengen. Con la moción aprobada esperan continuar en el camino de denunciar lo que sucede para forzar cambios. “El presidente Sánchez va a coger la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Yo creo que es buen momento para plantear nuevas políticas migratorias y nuevas políticas en los controles fronterizos internos, también de la Unión Europea”, concluye Bideguren.