Frontera sur
¿Cero euros, señor Marlaska?

Que el ministro vaya a sede parlamentaria a negar que Marruecos obtiene beneficios de la gestión europea de fronteras es algo que debería preocuparnos a todas.

Fernando Grande-Marlaska y Alfredo Pérez Rubalcaba
Dos ministros de Interior Fernando Grande-Marlaska (actualmente en el cargo) y Alfredo Pérez Rubalcaba (2006-2011). Foto de Interior.
Irene Ruano Blanco

@irene_r_b


publicado
2018-09-07 05:55

La pasada semana el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se empeñó en negar pagos a Marruecos por las deportaciones sumarias que tuvieron lugar el pasado día 23 de agosto.

Ese día, las 116 personas que habían entrado el día anterior en Ceuta por la zona conocida como Finca Berrocal fueron montadas en un autobús camino a algún lugar desconocido de Marruecos en una operación coordinada entre Guardia Civil y Policía Nacional. Apenas 24 horas después de entrar en Ceuta fueron devueltas.

Tal y como ha reconocido el Ministro de Interior, la atención a estas personas se realizó entre las 18h del día 22 de agosto y las 15h del día 23. A todas luces es un periodo de tiempo insuficiente para dar una adecuada atención a todas estas personas. Sin embargo, de la intervención del ministro lo escandaloso no es solo el hecho de que defienda que la atención fue en base a la ley, sino que se sienta con la libertad para negar que existe una financiación al gobierno de Marruecos para que controle las migraciones. Que el ministro vaya a sede parlamentaria a negar lo evidente es algo que debería preocuparnos a todas.

El pasado mes de julio los gobiernos de Marruecos y la Unión Europea firmaban el nuevo acuerdo pesquero, comprometiéndose a una rápida ratificación de cara a su entrada en vigor. Dicho acuerdo incluía, tal y como reclamaba Marruecos y en contra de la legalidad internacional vigente, las aguas del Sáhara Occidental Ocupado.

Este acuerdo no sólo supone un aumento de las licencias y capturas beneficioso para la Unión Europea y sus países miembro, sino que además y en parte, el documento reconoce explícitamente, y como elemento central de la negociación, que se podrá faenar desde Cabo Espartel hasta Cabo Blanco (ya en el Sáhara Occidental). De este jugoso acuerdo, en concreto España se beneficia de 92 barcos de un total de 128 barcos comunitarios, una buena proporción no sólo justificada por la cercanía geográfica (Portugal renunció a los suyos).

De esta manera la Unión Europea obvia la sentencia publicada meses antes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se dictaminó que ese acuerdo no podía incluir aguas saharauis por no considerarlas aguas de soberanía marroquí. El precio de este acuerdo es de 52 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años, 40 de los cuales saldrán de la Comisión Europea (los 12 restantes de los armadores que quieran beneficiarse de las licencias).

Semanas antes de esta decisión, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) también decidieron incluir el Sáhara Occidental en el acuerdo comercial agrícola con Marruecos, teniendo en cuenta que el 60% de las exportaciones de Marruecos se hacen a la Unión Europea, no es una cuestión menor.

Por otro lado, el 11 de agosto, Angela Merkel y Pedro Sánchez se reunieron en Doñana para “buscar posiciones comunes en temas centrales europeos” entre ellos la migración. Tras esa reunión se comprometieron a “ayudar” a Marruecos y Túnez en el control migratorio. Lo que denominaron como ayuda no era otra cosa que una dotación para Marruecos de 180 millones del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea.

La dotación económica actual de la Unión Europea para el Fondo Fiduciario es de cerca de 3.000 millones de euros a lo que habría que sumarle las aportaciones de los Estados miembro que según respondía el Gobierno en pregunta parlamentaria 25 de julio suman cerca de 400 millones de euros. En total serían más de 3.300 millones a disposición del Fondo Fiduciario que según la misma fuente se destinarían a lo que denominan “mejora de la gestión de la migración” 555 millones de euros.

Este fondo, que tantas vueltas ha dado, fue creado por la Comisión Europea en noviembre de 2015 en la Cumbre de la Valetta y su objetivo es “paliar las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África”. Concretamente:

“El Fondo Fiduciario ayudará a hacer frente a las crisis en la región del Sahel y en la zona del lago Chad, en el Cuerno de África y en el norte del continente. Su objetivo es contribuir a impulsar la estabilidad en estas regiones y a mejorar la gestión de la migración. Más concretamente, contribuirá a hacer frente a las causas profundas de la desestabilización, el desplazamiento forzoso y la migración irregular, promoviendo la igualdad de oportunidades y las oportunidades económicas, la seguridad y el desarrollo”.

Sin embargo este fondo se ha utilizado principalmente en securitización y control de fronteras o centros de detención de personas migrantes en países de tránsito a pesar de que el 95% de estos fondos, según datos de la propia Comisión Europa, provienen de aportaciones destinadas a cooperación y ayuda humanitaria. Queda, por tanto, bastante lejos de su objetivo fundacional, que debería ser las “causas profundas de la migración” como combatir la desigualdad y la pobreza.

Cuesta creer que ese cambio de política del gobierno alauita se haga a cambio de nada, mientras Marruecos decide el cierre unilateral de la Aduana Comercial existente desde 1956 con Melilla

No es nada nuevo que Marruecos sea en este ámbito —como en otros— socio preferente. Sólo así se entiende que ya en el año 1992 se firmara un acuerdo de repatriación con el país vecino. Acuerdo que por otro lado y de manera poco casual se reactiva estos días.

La reactivación de ese acuerdo no sólo significa un hito histórico dentro de la política migratoria española en tanto se abre la vía a las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla, sino que supone un reconocimiento de facto de la soberanía española sobre las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este era el principal escollo por el que Marruecos no permitía las devoluciones desde Ceuta y Melilla pero sí desde la Isla de Perejil o desde Chafarinas. Un acuerdo del año 1992, aplicado en contadas ocasiones y sin reconocer, en ningún caso, la soberanía de España sobre estas ciudades. Cuesta creer que ese cambio de política del gobierno alauita se haga a cambio de nada. Todo sucede mientras Marruecos decide el cierre unilateral y definitivo de la Aduana Comercial existente desde 1956 con la Ciudad Autónoma de Melilla.

No se trata pues de un acuerdo agrícola o pesquero o de contrapartidas ofrecidas a cambio del reconocimiento por una y otra parte de ciertas soberanías. Se trata de saber si el modelo migratorio que se ha construido en los últimos años y se sigue construyendo antepone el respeto de los derechos humanos de las personas que migran a los intereses económicos y geoestratégicos o si por el contrario la vida de las personas se puede negociar a cambio de  migajas. Quienes creemos que otro modelo de gobernanza de las migraciones es posible, creemos también que la vida de las personas no vale ni 180 ni 40 millones.

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