Opinión
La valla de Ceuta y el asalto a las normas

La devolución inmediata de 116 personas en la valla de Ceuta sienta un precedente en materia de cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Carmen Calvo en rueda de prensa
Carmen Calvo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes

Abogada. Observatorio del Racismo Institucional RAIN, Comisión Legal Sol.

25 ago 2018 06:37

26 de julio de 2018. Frontera Sur. 601 personas saltan la valla que separa Marruecos de Ceuta. Casi un mes después, todas ellas se encuentran aún en territorio español, a la espera de que las autoridades españolas decidan sobre su permanencia.

22 de agosto de 2018. Frontera Sur. 116 personas saltan la valla que separa Marruecos de Ceuta. Un día después, la práctica totalidad de estas personas se encuentra en paradero desconocido: han sido devueltas expeditivamente a las autoridades marroquíes.

La devolución del 23 de agosto no aguanta el mínimo filtro jurídico. Lo explica con precisión el Manifiesto que han firmado 48 organizaciones y colectivos. Pero, además, con respecto al salto anterior comporta una diferencia de trato, que el Ministerio del Interior intenta justificar, esgrimiendo que responde a la “intolerable” violencia que esta vez habrían ejercido “los asaltantes”. Desde el punto de vista legal, el argumento tampoco se sostiene.

En la aplicación de las normas jurídicas, el principio de igualdad es una garantía fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurídicas —que es lo único que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad— no prevén que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en función de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que sí establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresión sobre cualquier persona. Es más: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario público que actúa en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado).

Si en el segundo salto a la valla se ejerció violencia contra guardias civiles, la obligación del Estado sería detener y poner a disposición de la Justicia a los autores del delito —si lo hubo—, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantías, y demostrar qué persona fue la autora del concreto daño infligido.

El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese “centenar de violentos”, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el “asalto”. ¿Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolución inmediata. Sí, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad.

Falta a la verdad, en fin, cuando niega que esta práctica sea nueva. No hay novedad en que los gobiernos socialistas contribuyan a destruir el capital jurídico de los derechos humanos cuando implementan sus políticas migratorias. Bajo sus diversos mandatos se fabricó la irregularidad, se instauraron los siniestros CIE, se colocaron concertinas, se articularon redadas racistas, murieron migrantes baleados en la frontera. No es nuevo, pues, que ellos también desjerarquicen las normas supremas y los valores que formalmente rigen nuestra sociedad: llevan tiempo haciéndolo, como sus alternantes en el poder.

Duele pensar que la decisión va a encontrar apoyo en un sector de la sociedad, a pesar de su clamorosa irregularidad y a pesar del daño que ha causado

Pero sí hay un elemento antes desconocido. El propio Gobierno incoherentemente lo reconoce cuando alega haber “reactivado” un Acuerdo bilateral de 1992 para devolver a ese centenar de personas. ¿No es esto nuevo? Sí, definitivamente es nuevo que de un día para otro se pueda deportar a un grupo de extranjeros con el argumento de que emplearon violencia al entrar, aunque no se aporten más pruebas que las que, en boca de la vicepresidenta, Carmen Calvo, “conocen todos los ciudadanos”.

Debería saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendrían que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitución reserva la función de juzgar. Recuérdese que las agresiones constituirían delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar “firmeza” para ganarse a una ciudadanía amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensión y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace años se compromete, con sus órdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisión, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjería. Más allá de que difícilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un día. Un día del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolución ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el único cálculo del rédito electoral.

Duele pensar que la decisión va a encontrar apoyo en un sector de la sociedad, a pesar de su clamorosa irregularidad y a pesar del daño que ha causado, cuando menos a quienes no participaron de la violencia, que son todos los que saltaron, salvo que se demuestre lo contrario: también a los extranjeros se les aplica la presunción de inocencia. No se me ocurre mayor violencia que la ejercida contra estas personas, en nuestro nombre.

Hiere tal normalización del sufrimiento de miles de personas, bajo pretexto de la protección de nuestras fronteras. Hiere que a quienes se ha desposeído a través de la violencia, la explotación y el expolio, ahora se les niegue incluso su condición humana y se les prive también de sus derechos más básicos. Porque cuando los derechos de “los otros” no se protegen, cuando el Estado actúa al margen del Derecho, el daño es mucho más profundo e irreparable de lo que imaginamos. Si el discurso del miedo y del odio siguen asentándose, si las políticas racistas y xenófobas se justifican y proliferan, lo que peligra es la construcción de sociedades justas e igualitarias. Peligran los derechos de todas.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Opinión
Opinión Feminismo de clase y lucha por la hegemonía cultural
Muchos espacios feministas suelen incorporar códigos simbólicos y culturales burgueses que deslegitiman a los de la clase obrera. Aparte de las condiciones materiales, es necesario abordar la hegemonía cultural que estructura esta exclusión.
Opinión
Gasto militar España tendría que invertir más del 10% del PIB en defensa pasiva
Se empeña míster Trump en ordenar que todos los países que pertenecen a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), inviertan en defensa, porque así él lo manda, al menos el 5% de su PIB (Producto Interior Bruto).
Opinión
Opinión La complicidad de Europa e Italia en el genocidio palestino
Distintos estudios están sacando a la luz las financiaciones públicas y privadas a la máquina bélica israelí por parte de entidades europeas: una complicidad que resulta fundamental para que las fuerzas sionistas continúen asolando Gaza.
#22691
9/9/2018 8:24

gracias por el excelente artículo. Personalmente no tengo ningún miedo a los inmigrantes. Tengo mucho miedo a los discursos que fomentan el odio (no hay más que ver algunos comentarios). A los políticos irresponsables, a los faltos de coraje. A esos sí que les tengo miedo.

1
0
Yo
29/8/2018 2:45

Voy a probar a entrar en Marruecos a base de cal viva a ver cómo me acogen

1
4
#22285
30/8/2018 10:47

Ya estas tardando.

0
0
#22227
28/8/2018 21:18

Pruebe usted a entrar en cualquier país -¡cualquiera!- a base de cal viva contra cualquiera y lo mejor que le podría pasar es que la devolvieran "en caliente"

2
4
Pobrecito españolito
28/8/2018 20:32

Desde el momento en que alguien atraviesa ilegalmente la frontera de un país no se debería tener ningún miramiento con él, directamente expulsión. Vamos, lo que se hace en las fronteras de cualquier país. Para solicitar el estatus de refugiado hay unos cauces legales.

2
6
#22210
28/8/2018 11:45

Gracias por el artículo. Difícil de encontrar entre los medios de comunicación dominantes, encargados de extender el miedo y el odio hacia quienes nada tienen y se les niega todo derecho. La normalización de la xenofobia y el calado que está teniendo entre las clases más populares es extremadamente preocupante. Se ve que estas personas son las culpables de nuestra situación de mierda, no ese 1% que acapara la riqueza y que maneja el cotarro. A los y las que odian, ¿Que harían si un día se encontraran con la situación al revés y fueran los considerados inmigrantes ilegales? Si tuvieran que huir de una situación de guerra, esclavitud o pobreza. Supongo que no huirían buscando un futuro digno, supongo que se quedarían bien quietos esperando su muerte y la de sus seres queridos, para no molestar al resto del mundo privilegiado. Igual un poco de empatía y concienciación sobre derechos humanos no nos vendría nada mal.
Respecto a ciertos comentarios, misoginia no gracias.

5
1
#22202
27/8/2018 21:45

¿Pero qué justificación ni qué ocho cuartos? ¿Vienen ilegales y tenemos que dejarles quedarse sin más? ¿Para qué, para que se queden en los bancos durmiendo o haciendo el top manta? ¿Los vas a meter tú en tu casa?
Ni con violencia ni sin violencia. Se les deporta y ya, que por algo son ILEGALES. Lo de que encima vengan dando hostias solamente refuerza que esa gente no tiene cabida en una sociedad que rechaza tajantemente la violencia.

2
5
#22132
25/8/2018 15:50

Gracias Patricia Orejudo. Leer opiniones de personas decentes como tú es lo que me recuerda que todavía hay mundos pequeños en los que es posible vivir dignamente.

10
3
Pido la devolución de mis derechos humanos fundamentales
25/8/2018 20:40

La mayor vergüenza es que un país como España persiga,legisla,genera odio psicosis,tribunales de excepción contra personas por su sexo y orientación sexual como así ocurre contra el varón heterosexual
Señora que escribe este artículo.Ya que usted muestra una sensibilidad especial por los derechos humanos,¿acaso no conoce la realidad de las leyes de género españolas?

7
10
#22286
30/8/2018 10:48

"el baron eterosexual" ... ¡y cierra españita!

0
1
#22130
25/8/2018 14:48

Os deseo un silvestre 2015 en Alemania pa' que os despertais.

4
4
#22122
25/8/2018 7:51

La mayor vergüenza es que un país como España persiga,legisla,genera odio psicosis,tribunales de excepción contra personas por su sexo y orientación sexual.
Señora que escribe este artículo.Ya que usted muestra una sensibilidad especial por los derechos humanos,¿acaso no conoce la realidad de las leyes de género españolas?

11
17
Naciones Unidas (ONU)
Genocidio El Informe Albanese denuncia ante la ONU a las empresas que se han lucrado del exterminio en Gaza
La relatora presenta un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que detalla la responsabilidad de decenas de empresas en las políticas de ocupación, apartheid y genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina.
Movimiento BDS
Movimiento BDS Sidenor cede a la presión y anuncia que dejará de vender acero para las armas israelíes
La acerera vasca toma esta decisión después de que los sindicatos ESK, LAB y ELA requiriesen información y exigiesen acciones para frenar la complicidad con el genocidio.
Palestina
Palestina Israel bombardea un cumpleaños infantil y asesina a 39 personas en otra jornada mortífera en Gaza
Las Fuerzas Armadas de Israel siguen extendiendo la muerte por todo el territorio de Gaza. Un ataque contra una cafetería frecuentada por periodistas acaba con la vida de varios niños y niñas, un fotoperiodista y una artista plástica.
Fiscalidad
Impuestos España y Brasil se unen para proponer mayores impuestos a los superricos
La propuesta ha sido presentada en la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de la ONU que se celebra en Sevilla.
Justicia
Justicia Huelga de jueces y magistrados: ni servicios mínimos ni descuento de salario
Las asociaciones conservadoras convocan por primera vez un paro de tres días, una situación sin sustento legal según el Consejo General del Poder Judicial.
República Democrática del Congo
República Democrática del Congo La RD del Congo y Ruanda, mediados por Estados Unidos, firman un acuerdo de paz incierto
El acuerdo busca crear cadenas de valor en las que intervengan ambos países, con una mayor presencia de los Estados Unidos en la zona. La poca presencia de las víctimas del conflicto en las conversaciones genera dudas en la sociedad civil congoleña.

Últimas

Corrupción
Corrupción El juez decreta prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán
El juez acepta la propuesta del fiscal y decreta cárcel contra el ex secretario de organización socialista por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Análisis
Análisis Negar, polarizar, avanzar: el asalto de la ultraderecha a las políticas climáticas
El llamado Pacto Verde Europeo se ha convertido en el principal caballo de batalla de la guerra cultural del negacionismo climático, sobre el que anudar los diferentes discursos negacionistas de la extrema derecha.
Opinión
Opinión Feminismo de clase y lucha por la hegemonía cultural
Muchos espacios feministas suelen incorporar códigos simbólicos y culturales burgueses que deslegitiman a los de la clase obrera. Aparte de las condiciones materiales, es necesario abordar la hegemonía cultural que estructura esta exclusión.
València
València La Audiencia de Valencia confirma la imputación a Argüeso en el juicio de la dana
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial concluye que la resolución de la instructora “no es irrazonable ni arbitraria”, ratificando la imputación del ex secretario autonómico de Emergencias.

Recomendadas

Historia
Historia ‘Weimar’, y su eco
‘Tiempos inciertos’, la exposición dedicada a la República de Weimar en el CaixaForum de Barcelona, apenas se deja nada, pero vuelve a incurrir en la idea de las “dos Alemanias” contrapuestas.
Economía social y solidaria
Historia Lo que Franco arrebató al cooperativismo y a la economía social y solidaria
La dictadura franquista combatió de forma cruel el movimiento cooperativo fraguado en la II República, y durante la propia guerra con las denominadas colectividades, y pervirtió la idea de autogestión a través de los ideales falangistas.
Río Arriba
Río Arriba Yayo Herrero: “El holocausto nazi no es una excepcionalidad en la historia de Europa, es un modus operandi”
Nueva entrevista de Río Arriba en formato podcast y vídeo en el que hablamos de ecofeminismo, transiciones ecosociales justas, decrecimiento, colapso, poner la vida en el centro y mucho más.