Frontera sur
2.087 personas murieron intentando alcanzar las costas españolas en la primera mitad del año

“Hoy es un día triste, las cifras que vamos a dar son terribles”, anunciaba Helena Maleno en rueda de prensa la mañana del 7 de julio. La integrante más visible del colectivo Caminando Fronteras alertaba así a los periodistas presentes antes de empezar a desgranar unos datos, los del Monitoreo Derecho a la Vida 2021, que no tardaría en calificar como los peores desde 2014, año en el que la organización comenzó a realizar este trabajo, o incluso desde 2007, fecha en al que arrancó su presencia en terreno: en total son 2.087 vidas perdidas en el mar en los primeros seis meses de 2021, con una tendencia al alza en el último tramo, que concluye con 465 muertes solo en junio. De esta cifra, que prácticamente iguala a las víctimas de la frontera sur de todo 2020 —año que hasta ahora lideraba este ránking desolador—, el porcentaje de personas cuyos cuerpos no se recuperaron sigue siendo muy elevado: un 95,83% están desaparecidos. 

De las cuatro rutas en las que hacen seguimiento, Argelia, Mar de Alborán, Estrecho y Canarias, la última y más activa, recordaba Maleno, es también la más mortífera. Un total de 1.922 personas han muerto intentando alcanzar las costas del archipiélago. De los 57 naufragios reportados en esta ruta, 18 son de embarcaciones que partieron de Mauritania. Las salidas desde Senegal han disminuido notablemente, si bien un cayuco se hundió en este periodo con 102 personas a bordo. 

Las víctimas documentadas suman hasta 18 nacionalidades, detalla el informe, que provenían, como explicaba Maleno esta mañana, en su mayoría de África Occidental, les siguen quienes proceden de Marruecos o Argelia, pero también quienes viajan desde países mucho más lejanos como Sri Lanka, Yemen o Afganistán. Entre quienes migran, y también pierden su vida en este proceso cada vez hay más mujeres y niños, 341 y 96 respectivamente. Unos números que han escalado en los dos últimos meses,  y que se relaciona también con el aumento de embarcaciones que toman la ruta canaria desde el Sahara Occidental, en las que en algunas ocasiones, el número de mujeres comienza a superar al de hombres.

922 personas han muerto intento alcanzar las costas de archipiélago. De los 57 naufragios reportados en esta ruta, 18 son de embarcaciones que partieron de Mauritania. Mientras, las salidas desde Senegal han disminuido notablemente

¿Cómo obtienen estas cifras? El observatorio de la frontera occidental euroafricana fue creado en 2014 por Caminando Fronteras tras siete años recibiendo alertas y cuenta con dos “patas”, como las nombra Maleno: de un lado las alertas que les llegan desde las embarcaciones en riesgo en el mar, o desde las familias de las personas embarcadas, preocupadas por la falta de noticias. La información la traspasan a los servicios de rescate de los países concernidos. Después continua el seguimiento, la suerte de la embarcación y de sus ocupantes, si hay supervivientes, quiénes llegan al hospital, cuántas mujeres, hombres y niños viajaban. No es una tarea fácil: especialmente en la ruta canaria, hay muchas embarcaciones que desaparecen. La otra pata del observatorio tiene que ver con identificar a cada una de las personas muertas o desaparecidas. Para ello es fundamental la información que facilita la familia. “A partir de ahí hay un trabajo exhaustivo, víctima por víctima para poder contarlas, no nos podemos quedar solo en las cifras, pero aquí las cifras importan porque hay una invisibilización real de lo que está sucediendo en la frontera”, ha apuntado Maleno.

El trabajo de monitoreo e incidencia, recuerdan desde el colectivo, no se podría llevar a cabo sin los esfuerzos de las familias y las comunidades para aportar la información más completa, con el fin de conocer el destino de sus seres queridos: “Mientras que los estados invisibilizan, las familias hacen un trabajo porque quieren que su familiar conste, que sea contado, encontrado y enterrado”. Desde Caminando Fronteras piensan que esta implicación de las familias están permitiendo contar con cifras más precisas de la dimensión de la tragedia. 

Detrás de las muertes

Pero, ¿qué hay detrás de estas más de 2.000 muertes? Para el colectivo, las condiciones en las que estas personas viajan se revelan cada vez más mortíferas. No se trata solo de las condiciones de navegabilidad de la ruta Canaria, las larguísimas distancias o la exposición a mar abierto, el aumento de las salidas, el uso cada vez mayor de embarcaciones neumáticas (un 33% de las alertas corresponden a este tipo, alertaba Maleno), y también el precario estado de las embarcaciones de madera, con un empeoramiento de los materiales, o con motores que no funcionan, abocan a muchas de ellas al naufragio.

La organización también ha detectado la falta de conocimiento y experiencia en el mar de muchas de las personas a cargo de la ruta: el resultado, son numerosas las embarcaciones que desaparecen: solo en enero se perdió el rastro de cinco embarcaciones con 250 vidas a bordo procedentes de Mauritania. Maleno ha querido recordar que la mayoría de quienes toman esta ruta provienen de Mali, por lo que tendrían derecho a protección internacional dada la crisis que atraviesa el país. Pero en lugar de acceder al refugio que les correspondería, acaban perdiendo su vida en el Atlántico.

El problema no reside solo en la situación de las embarcaciones, las condiciones de rescate también están en la causa de tantas muertes, ha denunciado el colectivo, especialmente en los últimos años: “Un abandono de la obligación de rescate”, que el colectivo ha notado especialmente durante la crisis con Marrucos. El colectivo, ha explicado Maleno, ha transferido alertas que la marina marroquí no ha atendido, ocasiones en las que embarcaciones en serias dificultades han mandado posiciones y no ha habido rescate, o el rescate ha sido negligente, generando situaciones de peligro o incluso dejando víctimas mortales. Respecto al lado español, la organización urge a reforzar Salvamento Marítimo, con recursos materiales, en particular aéreos —pues consideran que los existentes no llegan a cubrir eficazmente la ruta Canaria—, y una mejora en las condiciones de trabajo de su plantilla, como exige el sindicato CGT con su reclamo: “Más manos para salvar más vidas”.

También consideran imprescindible una mayor transparencia sobre los rescates, pero también sobre quiénes van a parar  los centros de detención, y qué personas han sido deportadas y dónde. Para Caminando Fronteras es urgente que el estado no obstaculice el seguimiento de las víctimas y garantice el derecho de las familias a saber qué ha sido de sus allegados.

Morir invisibles

La condena a la invisibilidad ha surgido varias veces en la presentación del informe, en la que se ha recordado que, mientras los medios de comunicación estaban atentos a lo que sucedía en la frontera ceutí durante el conflicto con Marruecos el pasado mayo, se incrementaron las salidas desde desde Dakhla y Laayoune. Quienes partieron lo hicieron en muchos casos en lanchas neumáticas, también de segunda mando, en condiciones muy precarias. El colectivo denuncia que no se movilizaran más recursos para prevenir muertes ante esta crisis. ¿De qué sirven los oficiales de enlace y otras herramientas para la coordinación de ambos países? ¿Solo para control migratorio y no para rescate?, se preguntaba Maleno, tras comprobar que una vez más era su colectivo el que pasaba información gracias a las alertas que les llegaban.

Identificar, dar un entierro digno a quienes mueren en la travesía es una tarea ardua. Para empezar, poco más del 4% de las personas que perdieron la vida en el viaje son encontradas

Teodoro Bondyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) y Miembro de la Red Canaria de Acogida (REDCAA) también se ha referido, durante la presentación del informe, a la invisibilidad agradeciendo a Caminando Fronteras su empeño por visibilizar y denunciar estas muertes, que para el activista constituyen asesinatos, al obligar a las personas migrantes a enfrentarse a rutas letales por no contar con vías legales de llegada a Europa. Bondyale ha recordado, con alarma, que “las embarcaciones salen cada vez más del sur, cogen una corriente que les lleva a la isla de Hierro y se pierden hacia el Caribe”, vidas y vidas que se pierden en mitad del océano.  “No hay derecho a que alguien se meta en una balsa neumática con la certeza de que va a morir”, ha lamentado el secretario de la FAAC, quien ha instado a no naturalizar esta realidad.

Duelos en suspenso

En el cementerio de Agüimes, en Gran Canaria, una mujer renueva cada semana un ramo de siemprevivas frente a un grupo de nichos.  Lo hace desde que presenciara el entierro de 15 cuerpos, víctimas de un naufragio. Bondyale estaba allí para acompañar el entierro de estas 15 personas que murieron en el mar en los nichos cedidos por el ayuntamiento, llevaban meses en la morgue. “La mujer me dio el pésame y me pregunto si eran familia mía, le dije que eran mis hermanos”, relata. El secretario de la FAAC acude a entierros de gente que no conoce, los organiza. Como el de la niña de Mali que murió en el hospital tras ser rescatada, lo hizo sola, la separaron de su madre y de su hermana. Fallecida su hija, la madre quiso enterrarla por el rito islámico. El suelo para hacerlo fue cedido por la comunidad musulmana de Gran Canaria, gracias a los esfuerzos de la federación.

Identificar, dar un entierro digno a quienes mueren en la travesía es una tarea ardua. Para empezar, poco más del 4% de las personas que perdieron la vida en el viaje son encontradas. “En una semana sacaremos un documento con recomendaciones para el Estado español con el fin de que se mejoren estos proceso de identificación para dar respuesta a las familias, y un enterramiento digno”, ha advertido Maleno.

El párroco José Antonio Benítez, miembro del Secretariado diocesano de migraciones de Las Palmas, facilita estos procesos, acompaña estos “duelos suspendidos” que tanto dolor causa a los familiares. En estos casos, “el acompañamiento es fundamental”, considera. Pero el Estado parece no entenderlo. Durante la presentación del informe Benítez ha puesto un ejemplo claro: hace ya casi un año en el muelle de Arguineguín el gobierno no facilitó un punto de información para las familias de las personas migrantes, una de las vulneraciones de derechos que afeo el defensor del pueblo al Estado. Lejos de avanzar en este sentido, el acompañamiento sigue dependiendo de la buena voluntad de la sociedad civil y de algunos funcionarios, denuncia Benítez, lamentando que la inexistencia de protocolos aboca a los familiares a procesos complicados y lentos que dependen del esfuerzo de personas voluntarias.