Fondos buitre
Fondos buitre en tu casa (Parte II)

La fragilidad del Estado provocada por los Tratados de la Unión Europea y la fragilidad de las familias está siendo el caldo de cultivo que alimenta a los fondos buitre
Blackstone Bilbao
Concentración contra Blackstone en Bilbao Gessamí Forner

Plataforma contra los fondos buitre


Plataforma Contra los Fondos Buitre
9 jun 2021 06:00

Vimos en la primera parte del artículo cómo, por el rescate de los mismos bancos que habían provocado la crisis, el Estado y las instituciones europeas cargaron su deuda privada sobre las víctimas desahuciadas y sobre todos los ciudadanos. Mostraremos ahora cómo la fragilidad del Estado provocada por los Tratados de la Unión Europea (UE) y por la conversión de esta deuda privada en deuda pública y la fragilidad de las familias está siendo el caldo de cultivo que alimenta a los fondos buitre.

Los PIIGS, el acrónimo  de Portugal-Italia-Irlanda-Grecia-Spain, con resonancia de la palabra inglesa pigs (cerdos), fue usado en la City de Londres y en Wall Street para denotar la fragilidad de estos países y las oportunidades de negocio que ofrecían. Fragilidad porque, por los Tratados de la UE, han perdido su soberanía monetaria de forma que no tienen capacidad de gestionar su moneda y su deuda conforme a sus intereses. Y porque al Banco Central Europeo (BCE) se le impide financiar la deuda pública directamente, acudir al rescate de los Estados; sólo tiene que ocuparse de controlar la inflación.

Las corporaciones financieras globales entendieron que estos países podían ser agarrotados por sus deudas y finanzas, y por lo tanto, tendrían que soltar a precio de ganga gran parte de su patrimonio y sus servicios públicos, que podrían ser comprados ventajosamente por fondos y bancos globales

Saqueo de vivienda pública

La deuda del Ayuntamiento de Madrid, a consecuencia del despilfarro que había favorecido a las grandes constructoras y bancos, pasó de 990 millones de euros en el año 2000 a 7.733 millones en 2012. Para afrontar la amortización de esta deuda, el Ayuntamiento llegó a dedicar uno de cada tres euros de sus cuentas al pago de la deuda.

Con esta finalidad, en 2013 vendió pisos de protección oficial a fondos buitre, al adjudicar 1.860 viviendas a Blackstone, a precio de ganga. Y lo hizo, según la Cámara de Cuentas, vulnerando las más elementales reglas de buena gestión, saltándose la ley de concursos públicos, sin los informes técnicos que avalasen la necesidad de la operación.

Por otro lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid despojó en 2013 al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) de 2.935 viviendas del plan Joven. Las vendió al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros. Según un informe de la Cámara de Cuentas, las 32 promociones tenían un valor de 300 millones de euros.

En diciembre de 2019 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determinó la nulidad de esta operación, porque había quebrado “la protección social” de las personas que vivían en ellas. Señaló que dicha adjudicación “no se ajusta a derecho” y no estaba justificada por ningún “informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal”.

Acumulación de vivienda privada

Viviendas procedentes de la “burbuja-estafa hipotecaria”, de las que habían sido desahuciadas las familias, incluyendo los inmuebles de avalistas que no pudieron salvar su propia vivienda. Y que los bancos habían traspasado a la SAREB. Este organismo, creado por decisión gubernamental, que tiene su 55% de capital privado y el 45% de capital público, hubiera podido ser una herramienta de política pública para hacer frente al problema de la vivienda de tantas familias. Sin embargo, la SAREB repartió estos activos inmobiliarios en grandes paquetes entre fondos buitre en condiciones muy ventajosas; condiciones a las que no pudieron optar las familias desahuciadas. 250.000 viviendas sufragadas con dinero público terminarán en manos de estos fondos, dejando además una enorme deuda ( 50.000 millones) que será asumida por el Estado.

Además de la compra de viviendas traspasadas a la SAREB, los buitres se han alimentado de operaciones que las propias entidades financieras realizaban directamente para desprenderse de activos deteriorados. La banca (Santander, BBVA, Popular, Bankia y Liberbank) ha vendido créditos con hasta el 98% de descuento a fondos buitre. En 2018 CaixaBank vendió inmuebles al fondo buitre Lone Star Funds por valor de 12.800 millones de euros. El Sabadell abrevó a los fondos buitre de Cerberus y Deutsche Bank por 11.500 millones de euros. Y el Santander también al insaciable Cerberus por 6.900 millones de euros.

La propaganda oficial promocionó la idea de que se recuperaba la confianza y venían los fondos a invertir arriesgando enormes fortunas. Pero sólo se trataba de un conjunto de operaciones especulativas realizadas en un entorno de desconfianza hacia la entidad financiera y el sistema bancario en general por su carencia evidente de liquidez. Para garantizar aún más su negocio el gobierno aprobó las SOCIMI, para especular en bolsa con el mercado del alquiler. Tienen un régimen fiscal que les exime de pagar el impuesto de sociedades. El número de sociedades de inversión en alquileres se disparó un 40% en 2018. Muchas tienen también como accionistas a bancos y fondos buitre; Blackstone es el propietario de cinco SOCIMI en el Mercado Alternativo Bursátil.

Oligopolio y revalorización de los activos

Todas estas medidas del poder político consiguieron que en 2018 bancos y fondos gestionaran más de 240.000 viviendas en España, que Blackstone fuera el mayor casero privado del país, con una cartera de 32.000 viviendas.

Al día de hoy, el parque de pisos públicos en arrendamiento en España es sólo del 4%, mientras que Francia más que lo triplica y los Países Bajos rozan el 38%. España tiene un 14% de inmuebles vacíos, el triple que Alemania y Dinamarca,. Eso lo hace vulnerable ante los flujos especulativos de actores como los fondos buitre. En Dinamarca el gobierno ha frenado a Blackstone endureciendo la regulación del alquiler.

Esta enorme concentración de la propiedad inmobiliaria da lugar a prácticas oligopólicas: control del mercado, distorsión del precio de la vivienda, bloquear toda iniciativa que perjudique su negocio, como la construcción de vivienda pública, o la regulación de alquileres. Amenazan al Gobierno con una caída de las inversiones y una subida de precios si lleva a cabo su plan de Vivienda. El representante de Blackstone en España considera ”un atropello“ que se ”legisle claudicando ante Podemos y la PAH“. La amenaza ha tenido su resultado: finalmente los desahucios se paran sólo hasta mayo de 2021 y, a cambio, los grandes propietarios recibirán una suculenta compensación económica.

Tal oligopolio tiene sus consecuencias en el mercado. Dos años después del saqueo de vivienda pública en el Ayuntamiento de Madrid, Blackstone informaba de que su operación había conseguido una plusvalía del 36%. El precio de mercado que entonces tenían esas viviendas llegaba a los 317 millones de euros, cuando el precio que habían pagado al Ayuntamiento era de 201 millones.

En 2019 revalorizaba sus inversiones con la venta de inmuebles y los alquileres abusivos. En 2020 sus beneficios han crecido un 86% respecto a 2019. Y Testa, SOCIMI de Blackstone, calcula que aún hay margen para subir el precio de los alquileres, aunque un informe del Banco de España señala que se había disparado un 50% en los últimos cinco años.

De esta manera, los desahucios sin alternativa de vivienda continúan. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2020, se han producido 18.903 (datos provisionales), entre hipotecas y alquileres.

Las mayorías sociales no disponen de recursos para alquilar o comprar; los fondos buitre, ante la falta de rentabilidad y entrada en pérdidas, están vendiendo aceleradamente su cartera de viviendas y el sector inmobiliario en general vuelve a paralizarse.

Habrá fondos para la reconstrucción, que llegan de Europa, dedicados a vivienda. Para acceder a ellos, el Gobierno del Estado español plantea la Colaboración Público-Privada: que se les ceda suelo público durante 75 años para construir y gestionar 20.000 viviendas en régimen de alquiler “barato”. Tal operación supondría unos beneficios para el sector de entre 4.600 y 6.500 millones de euros, pero no la creación de vivienda social, gestionada por el Estado. Un nuevo rescate para las inmobiliarias, los fondos y sus accionistas.

Nuestras propuestas

La Constitución Española ampara los derechos sociales básicos (vivienda, sanidad, educación, derecho al trabajo, etc.) sólo como “principio motor”. Los derechos sociales han de ser blindados, obligando al Estado a protegerlos. Ha de reconocerse su exigibilidad: posibilidad de promover acciones jurídicas ante los tribunales con tanta legitimación como la que disfruta el derecho de propiedad.

Sobre vivienda, a corto plazo, se deben paralizar los desahucios sin alternativa habitacional. Establecer el derecho de tanteo y retracto por parte del deudor o de la administración, ante una venta a terceros de inmuebles por las entidades financieras.

Además, se debe ampliar los plazos de los contratos de alquiler, e incluso hacerlos indefinidos, como ya se ha hecho en Alemania. Limitar la subida de precios del alquiler, en la línea de la “Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas” aprobada en septiembre de 2020 por el Parlamento catalán, y de otros muchos países europeos o ciudades de EEUU. Establecer alquileres sociales que no supongan más del 20-30% de los ingresos mensuales de cada hogar, tanto en las viviendas públicas como en el mercado privado. Ofrecer alternativas, creanado un parque público de vivienda social equiparable al de otros países europeos, con garantías jurídicas de que las viviendas no puedan ser vendidas a fondos buitre. Lo que no significa necesariamente construir nuevas viviendas. En Francia se están planteando expropiaciones a bancos y empresas para acabar con las viviendas vacías. Se podrían recuperar los pisos de la SAREB, etc. También proponemos eliminar los privilegios fiscales de las SOCIMI.

A medio plazo, proponemos que debe plantearse una reforma constitucional para que algo tan esencial para el desarrollo de las personas como es el acceso a la vivienda se convierta en derecho fundamental y obligue al Estado a protegerlo.

Derogar la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Decreto del 8 de febrero de 1946, reformado en 2015 que dice: “los deudores tienen que hacer frente a la deuda entera, a pesar de que el precio del piso en plena crisis haya caído a la mitad de su valor, cuando firmaron los documentos de compra”. Adoptar leyes que eviten la entrada de los fondos buitre en los sectores de servicios básicos y promuevan una gestión orientada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Mientras tanto, tomar medidas para proteger a las personas, familias y empresas, siguiendo la estela de la Ley belga sobre las deudas de los Estados. No reconocer la personalidad jurídica, para intervenir en el tráfico mercantil, a las sociedades constituidas o residentes en paraísos fiscales.

Establecer la cogestión para la licencia de actividad a todos los fondos, incluidos los no residentes, extendiendo a los fondos lo que es obligatorio para otras empresas, como ya se realiza en Alemania y otros países del Norte. Esto es, que las empresas y fondos que actúan en el ámbito de los servicios públicos sean obligadas por ley a constituir un Consejo de Vigilancia donde el 50% esté formado por trabajadores, usuarios y demás partes interesadas.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda La PAH València clama por el derecho a una vivienda digna: “¿Duermen tranquilos?”
Centenares de personas protestan frente al palacio de la Generalitat para exigir que se haga efectivo el derecho a la vivienda ante la insoportable alza de los precios.
Laboral
Una propuesta para tener los delegados sindicales más cañeros Secciones sindicales fuertes, democráticas y combativas
Corren malos tiempos para el sindicalismo en España. Hacen falta nuevas ideas para responder a la situación actual.
Fondos buitre
Fondos buitre Vecinas afectadas por la especulación de Cerberus salen a reivindicar su derecho a la vivienda
Más de 60 inquilinas y activistas de la PAH llevan cabo una acción en contra este fondo en su sede en el barrio de Hortaleza, bajo la consigna “Traficantes de casas”.
#92270
11/6/2021 13:20

Cambiarlo todo si pasamos de 30 diputados. Si no es así nos buscamos la vida en las eléctricas. Depende de vosotros.

2
0
#92170
10/6/2021 11:27

Todo lo que plantea el artículo sería muy favorable para una gran mayoría si se llevase a cabo, sin embargo,como siempre, los socialeros se resistiran a ello, tienen que obedecer a sus amos.

0
3
Educación pública
Iglesia Semana Santa: negocios, procesiones en colegios, inmatriculaciones y fervor
Más allá de la expresión cultural, la Semana Santa tiene una esfera económica que genera millones de euros y otra social que le sirve a la Iglesia Católica para legitimar sus privilegios dentro del Estado español.
Industria
Transición industrial Mecaner, un cierre injusto o cuatro alternativas con mirada ecosocial para mantener la fábrica de Urduliz
ESK y LAB han presentado el ‘Plan de Transición Ecosocial’ que ha elaborado la cooperativa Garúa como una herramienta para la búsqueda de soluciones al ERE propuesto por la multinacional Stellantis.
Palestina
Palestina Viaje al fondo del horror
El fotoperiodista Javier Bauluz cubrió la primera Intifada, la primera gran rebelión del pueblo palestino desde la creación del estado israelí.
Argentina
Argentina Myriam Bregman: “El de Milei es un típico gobierno neoliberal con recetas ortodoxas clásicas”
Quien fuera candidata de la izquierda a la presidencia en las elecciones en las que Milei salió victorioso, evalúa las consecuencias del gobierno de La Libertad Avanza y las respuestas que están dando los distintos actores políticos.
Maternidad
Maternidades Reaprender la espera
El tiempo de gestación es largo y va a un ritmo distinto al que acostumbras: el ritmo natural al que desarrolla una playa, un monte, un océano. Y no estamos ya habituados a darle la mano a la pausa.
Momus Operandi
Momus operandi Todo es una narración
Nos dicen que las mentiras son la única realidad. Que aprendamos a mentirnos, que nos engañemos, que no nos importa la salud, ni los derechos laborales, ni las violencias estructurales.
Ríos
Radiografía fluvial de España La tierra que no amaba sus ríos
Los ríos ibéricos agonizan. Casi la mitad de las masas de agua está en mal estado. Presas, sobreexplotación, contaminación y crisis climática son sus principales amenazas, con la agroindustria como mayor agresora.
Accidentes laborales
Accidentes laborales Detenidos tres empresarios en Galicia tras la muerte de un migrante que trabajaba sin equipo de protección
El joven de 28 años, que estaba empleado con un contrato irregular, falleció el 26 de febrero tras precipitarse desde una carretilla elevadora sin la protección necesaria para esa labor.

Últimas

Ocupación israelí
Palestina El Salto te ofrece una camiseta para apoyar económicamente a la UNRWA
No cesamos de buscar nuevas vías para visibilizar un mayoritario clamor social que pide un alto el fuego al que apenas se da cabida en el discurso mediático convencional. Todos los beneficios de esta campaña irán destinados a la UNRWA.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda La PAH València clama por el derecho a una vivienda digna: “¿Duermen tranquilos?”
Centenares de personas protestan frente al palacio de la Generalitat para exigir que se haga efectivo el derecho a la vivienda ante la insoportable alza de los precios.
Sidecar
Sidecar Crisis intratable en la República Democrática del Congo
Una y otra vez los actores externos han fracasado a la hora de contener la escalada de violencia en la República Democrática del Congo.
Deportes
Rugby femenino +35 Las Milnoh Granada, un club de rugby femenino +35 creado y gestionado por mujeres
32 mujeres nacidas en mil novecientos y pico, federadas en un equipo que les ha dado un espacio propio, sentido de pertenencia, una tribu donde “yo soy porque somos”
América Latina
Caribe Haití: el fracaso neocolonial y el “eterno castigo de su dignidad”
La crisis de gobernabilidad que vive Haití después del alzamiento paramilitar que liberó a más de 3.600 presos y expulsó al primer ministro es un capítulo más de una historia colonialismo y dependencia.
Trabajo sexual
Estudio sobre trabajo sexual De la Policía, los dueños de locales y los clientes: así es la violencia que sufren las trabajadoras sexuales
Las trabajadoras sexuales sufren múltiples violencias y un estudio las recoge en sus propios términos. Las violencias más frecuentes por parte de los clientes consisten en la retirada del condón sin consentimiento o malos tratos verbales.
Urbanismo
Urbanismo La nueva Ley del Suelo va al Congreso bajo la acusación de fomentar pelotazos urbanísticos
Sumar y Podemos no garantizan el apoyo a la ley, que limita las posibilidades de declarar nulos los planes urbanísticos, así como la acción ciudadana contra las irregularidades urbanísticas.

Recomendadas

Memoria histórica
Marc Solanes “Mi bisabuela luchó en el frente y fue considerada una mala madre, pero lo hizo por sus hijas”
En ‘Las niñas de Elna’ (Pollen, 2024) el periodista reconstruye la historia de las mujeres de su familia resolviendo enigmas para resignificar la imagen de la mujer en la historia.
Euskal Herria
Korrika Correr a favor del euskera cruzando fronteras
La Korrika es el mayor evento de Euskal Herria. En la última edición de esta carrera de más de 2.500 kilómetros ha participado un tercio de la población vasca.
Cine
María Alché y Benjamín Naishtat “El cine puede proponer imágenes y reflexionar, y por eso Milei necesita destruirlo”
María Alché y Benjamín Naishtat dirigen ‘Puan’, una película optimista y amarga, entre la comedia y el cine social, que ofrece nuevas lecturas tras los primeros cien días de gobierno de Milei en Argentina.