Fiscalidad
España y otros cuatro países piden un nuevo impuesto a las energéticas a nivel europeo

No todo el mundo pierde dinero en las guerras. Los altos precios del petróleo y el gas provocados por el cierre del estrecho de Ormuz tras la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán están provocando las condiciones perfectas para que las empresas energéticas acaben engordando sus cuentas de beneficios. Los sistemas de fijación de precios de la electricidad conlleva que los altos costes del gas se traduzcan en eso que se ha llamado beneficios caídos del cielo, pese a que salen del bolsillo de los consumidores, para las energéticas.

Con los precios creciendo, la inflación empezando a despuntar y sin mucho optimismo sobre el fin de la guerra, las economías europeas y sus presupuestos empiezan a habitar bordes peligrosos y carencias. El paquete de medidas anunciado por el Gobierno español, por ejemplo, aprobado en ese primer Real Decreto apuntan a un agujero fiscal de 5.000 millones de euros entre merma de ingresos fiscales por el IVA a los carburantes y otras ayudas directas. 

En 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania y la escalada del precio del gas por el conflicto, en España se instauró un impuesto a los beneficios extraordinarios que conseguían las empresas energéticas gracias al diseño de la subasta que fija los precios y los altos costes del gas. Con ese gravamen que tan sólo pagaban apenas unas seis empresas, las arcas públicas recaudaron unos 2.000 millones de euros en dos años. Ahora, con los actuales precios, un nuevo impuesto parece más que justificado y necesario. Pero, esta vez, ministros de varios países se han unido para reclamar que el tributo sea a un nivel europeo.

Ministros de Austria, Alemania, Italia, Portugal y el español recientemente nombrado vicepresidente Carlos Cuerpo han firmado una carta de forma conjunta y la han remitido a la Comisión Europea

“Dadas las actuales distorsiones del mercado y las limitaciones fiscales, la Comisión Europea debería desarrollar rápidamente un instrumento similar de contribución a escala de la UE, basado en una sólida base jurídica”, reza la carta que los ministros de Finanzas y Economía de Austria, Alemania, Italia, Portugal y el español recientemente nombrado vicepresidente Carlos Cuerpo han firmado de forma conjunta y han remitido a la Comisión Europea para exigir un impuesto a los beneficios caídos del cielo de las grandes energéticas. 

Para este conjunto de ministros, un gravamen a nivel europeo, en lugar de nacional y con diseños diferentes tal y como ocurrió en la anterior crisis energética e inflacionaria, mostraría una “señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembro y para la economía en general, demostrando que permanecemos unidos y somos capaces de actuar”.

Pero también apuntan directamente a aquellos que reciben los beneficios caídos del cielo y que acaban en sus cuentas de resultados. “También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga sobre el público en general”, afirma el documento. 

Dicho impuesto debería servir para “financiar medidas temporales de alivio, especialmente para los consumidores, y contener el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos”

Todos los países están tomando paquetes de medidas como el aprobado en el Congreso español. Las rebajas fiscales, las ayudas a los carburantes o la subvención de industrias electrointensivas son algunas de las políticas de intervención ante las consecuencias económicas del bloqueo de Ormuz y el conflicto en Oriente Medio que se están tomando en los países europeos. No saldrán gratis. Los presupuestos de algunos Estados miembro, ya acusados de grandes déficits en algunos casos, tendrán que cargar con un incremento en los gastos y una merma en los ingresos que se puede hacer muy cuesta arriba si el conflicto se alarga mucho. Dicho impuesto debería servir para “financiar medidas temporales de alivio, especialmente para los consumidores, y contener el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos”, tal y como explican los cinco ministros.

La carta finaliza indicando que la Comisión Europea se ha comprometido a revisar rápidamente la petición del impuesto a las energéticas. Y han querido subrayar que, en el contexto actual, se debería “considerar la cuestión de cómo los beneficios en el extranjero de las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica que en el caso de la contribución solidaria de 2022”.