Fiscalidad
Cómo perjudica a otras autonomías la fiscalidad del PP en Madrid

La financiación autonómica es de los temas más complejos de tratar en el debate político español. Un galimatías de leyes, identidades nacionales subestatales, derechos forales históricos y asimetrías profundas hacen que sea un cóctel difícil de procesar, además de la tradicional puja liberal-socialista de más o menos impuestos. Desde el “Espanya ens roba” hasta aquí ha sido un asunto de crispación y nunca resolución.

Pero por esas paradojas que suele tener la política, quienes son la voz preponderante de la derecha españolista y acusan de insolidaridad a la intelligentsia catalana soberanista (y contra la vasca o contra quien se anime a querer discutir el reparto de fondos vaya), no son precisamente los que pueden dar el ejemplo en materia de altruismo con los demás territorios. El nacionalismo, sea la bandera que sea, muchas veces choca de frente con la codicia. Veamos por qué.

La fiscalidad de la Comunidad de Madrid (CAM) viene siendo un debate recurrente en la agenda de los últimos meses no solo por la sobreactuación del PP con las rebajas de impuestos, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso como abanderada principal, sino por los cuestionamientos de otras autonomías como la Generalitat valenciana, que impulsó la publicación del informe “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal” en septiembre pasado, en el que se detallan los beneficios asimétricos que recibe.

Incluso una de las razones por las que ERC dijo apoyar los Presupuestos fue el compromiso de Moncloa de actuar sobre el “dumping fiscal de Madrid”, algo que disparó las broncas en Puerta del Sol. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ya viene trabajando en un proyecto de armonización de los tributos autonómicos (sucesiones, donaciones, al patrimonio y de transmisiones patrimoniales), para que las comunidades no puedan bajarlos ni subirlos más allá de un mínimo y máximo.

Entre 2010 y 2015 crecieron un 10% los contribuyentes con domicilio en Madrid que eran susceptibles de pagar el impuesto de patrimonio pero que no lo hicieron gracias a que el PP lo bonificó al 100%

Un dato que hoy en el PP no recuerdan: el exministro Cristóbal Montoro también había valorado homogeneizar la fiscalidad regional. No era seguramente por objetivo de equidad sino por el simple hecho que los barones del partido de Pablo Casado que tengan responsabilidades de gobierno también se perjudican de este sistema que cada vez más está empujando la balanza en beneficio de una sola comunidad.

Un remolino fiscal en el centro de la península

Según detalla el informe “Paraísos fiscales, wealth taxation and mobility”, producido por profesores del Institut d’Economia de Barcelona de la UB, en los cinco años posteriores a la supresión del impuesto al Patrimonio en la CAM, la comunidad recibió a 6.000 contribuyentes de otras autonomías para escapar del pago de ese tributo. Entre 2010 y 2015 crecieron un 10% los contribuyentes con domicilio en Madrid que eran susceptibles de pagar ese impuesto pero que no lo hicieron gracias a que el PP lo bonificó allí al 100%. No es casualidad que los “nuevos” contribuyentes que recibió la CAM eran declarantes con un patrimonio por encima de los 700.000 euros.

Además de bonificar al 100% patrimonio, los gobierno de Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre hasta ahora, también rebajaron sucesiones y donaciones, IRPF, transmisiones patrimoniales, IVMDH (ventas de determinados hidrocarburos) y AJD (actos jurídicos). El resultado de esto es que, según datos de la Consejería de Hacienda, desde 2006 (año donde empiezan las mayores bonificaciones) los ciudadanos han evitado de pagar 48.000 millones.

“Hace 15 años que Madrid hace un uso abusivo de bajar impuestos, cuando Aguirre se rodeó de gente de la FAES, el think-tank ultramontano. Y para los que dicen que no hay ‘dumping’ porque el término técnicamente implica un acto ilegal, yo digo que es un término sociológico. Madrid no es un paraíso fiscal pero en términos de ventajas comparativas sí lo es”, dice a El Salto el economista Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid en la Asamblea.

“Automáticamente, el PP está determinando que el conjunto del Estado recaude menos en la bolsa común que acabará siendo repartida a todas las autonomías”, explica Eduardo Gutiérrez

En ese sentido, recalca la contradicción que el PP y Ciudadanos justifiquen sus bajadas de impuestos en que “Madrid es la comunidad más solidaria”, porque si bien en la CAM “se recauda muchísimo más por los impuestos estatales que en otras comunidades, en la aportación al fondo común (de financiación autonómica), lo que reciben los madrileños por habitante está por encima del promedio. Será la que más aporta porque es la más rica pero no por eso la más solidaria. Ellos cogen una parte del procedimiento y lo elevan a categoría general”.

Pero las bonificaciones del PP madrileño impactan en el desfinanciamiento del Estado y en contra del resto de las autonomías. “Las rebajas que decide Madrid hacen que la parte de impuestos que se recauda por la CAM sea menor y esta decisión afecta a todo el Estado, que es el que monopoliza la recaudación. Automáticamente, el PP está determinando que el conjunto del Estado recaude menos en la bolsa común que acabará siendo repartida a todas las autonomías”, explica Gutiérrez.

 “Aunque los impuestos los recauda cada autonomía, cuando se hace la bolsa común para determinar el reparto, se tienen en cuenta parámetros como población, dispersión, renta per cápita, edad de la población, y también cuál es la recaudación autonómica de cada comunidad. Ocurre que en ese cálculo de recaudación propia, Madrid tiene menos de lo que podría y al resto del Estado le dice que tiene necesidades, pero las tiene porque ha decidido dejar de recaudar”, señala.

Madrid es la única comunidad que ha hecho uso de la potestad que la ley le permite de bajar el IRPF y lo ha hecho en 0,5 punto porcentual por cada tramo, lo que supone más de 400.000.000 de euros menos de ingresos tributarios a la caja común. Una decisión propia que subsidian indirectamente el resto de las 16 autonomías. Si bien el monto es bajo, la contradicción es elocuente cuando lo aplica un partido que denunció en su recurso contra el Estatut catalán un presunto "marco interregional de insolidaridad”.

“La CAM le roba ingresos a otras comunidades porque muchos millonarios suelen tener muchas casas y fijan su residencia fiscal en Madrid para ahorrarse el impuesto sobre el Patrimonio y parte del IRPF. Si estando en Madrid deciden regalarle dos casas a sobrinos, por ejemplo, automáticamente están exentos de impuestos. Madrid succiona así a los grandes ricos que si residiesen en Galicia o la Comunidad Valenciana pagarían impuestos de sucesiones”, añade Gutiérrez.

Una política para una sociedad Hood-Robin

El PP madrileño está acaparado por “los más ultraortodoxos en términos neoliberales, casi ni neoliberales, son premodernos en sus planteamientos fiscales”, en la opinión del diputado Eduardo Gutiérrez. Se refiere al otro gran impacto regresivo de la fiscalidad de la CAM, ya no contra las otras regiones sino contra los propios habitantes.

Esto es porque del total de lo ahorrado en tributar, casi 41.000 millones son por sucesiones y patrimonio, los impuestos que más pagan las clases altas. En porcentaje de población, la rebaja del IRPF ha favorecido, es cierto, a todos los trabajadores (más de tres millones), aunque más aún a los de rentas más altas. En cambio, el ahorro de 41.000 millones se lo ha embolsado solamente el 6% más rico de los madrileños.

La agencia tributaria del gobierno valenciano abrió el año pasado 60 expedientes a familias con patrimonios grandes que simularon residencia fiscal en la CAM

“Sólo el de Patrimonio beneficia a 18.000 españoles que están forrados y fijan su domicilio fiscal en Madrid para pagar menos. Recordemos que sólo tienen obligación de declarar a partir de los dos millones y medio de euros de patrimonio”, subraya Gutiérrez.

El efecto Hood-Robin, por llamar de alguna manera a las ayudas a los más ricos, también se produce en sucesiones. Allí, el 99% de la cuota está bonificada y por eso Madrid es el sitio favorito para que terminen sus días los más ricos. De las 220.000 sucesiones al año, el 99% son herencias inferiores a los 800.000 euros, por lo que ese 1% de herencias más altas se queda con el 70% de los 2.300 millones de euros ahorrados, es decir, 1.600 millones. De hecho, por este motivo la agencia tributaria del gobierno valenciano abrió el año pasado 60 expedientes a familias con patrimonios grandes que simularon residencia fiscal en la CAM.

Lo que algunos economistas llaman el “efecto frontera” de Madrid también afecta a sus vecinas provincias castellanas, paradójicamente las que más votan a la derecha que impulsa este régimen tributario. La succión de población que ya es tendencia hace décadas se ve agravada por una fiscalidad que beneficia a las clases altas y no hace más que atraer capital de las regiones vecinas al centro.

Ese plus llamado capitalidad

“Pero lo de la CAM no es un tema fiscal únicamente. Aunque otra comunidad decidiera bajar los impuestos, no podría conseguir los mismos resultados porque es un tema de orientación del Estado. Por mucho que se descentralice el gasto, si todas las sedes y organismos públicos están ubicados en Madrid, la comunidad se beneficia de esa cercanía al poder”, explica a El Salto el politólogo Sergi Castañé, investigador del Observatori Socioeconómic d’Osona.

Castañé recuerda que la capitalidad y la forma en que se organizó el Estado hacen que en cuestiones como la contratación pública las empresas tengan que tener residencia fiscal en la CAM: “Por ejemplo, uno de los criterios para ganar una concesión de obra pública de Adif es que se tenga residencia en la capital. Por eso la armonización fiscal no es suficiente para acabar con este tipo de competencia”.

“Hay dos sectores que crecen en la CAM mucho más que en el resto. Uno es información y comunicación. El 90% de sus grandes empresas y el 95% de su facturación está en Madrid, lo que imposibilita que se desarrolle en otras porque, en el momento que una empresa pequeña quiera crecer, necesita estar cerca del regulador, y el de comunicación es uno de los mercados más regulados. Si se quiere tener influencia y crecer más allá de lo local, están obligados a estar en la capital porque es el entorno donde se gestiona. Esto afecta a todas las denominadas ‘empresas del BOE’”, añade.

El segundo sector que la CAM concentra desproporcionadamente gracias a su capitalidad es el de las actividades profesionales y técnicas (consultorías, investigaciones, etc): “Son todas empresas centralizadas, lo que se llama el efecto BOE. Madrid es la que se lleva todo el crecimiento de las intensivas en conocimiento vinculadas a los servicios, como consecuencia de la centralización y la concepción del Estado. Esto, por ejemplo, no pasa en Alemania, en donde no está todo centralizado en Berlín”.

“Los propios castellanos no son conscientes del precio de tener una capital potente a costa de perder oportunidades”, valora Castañé

Según Castañé, esto no es nuevo y viene de cuando “las élites castellanas vieron el poder económico de Barcelona, a fines del siglo XIX y después de la Exposición Universal. Madrid tenía que ocupar el lugar de gran capital europea y se crean condiciones económicas para favorecerla. Todas las infraestructuras van en ese sentido. Luego en el franquismo se profundiza mucho más y cumplirán un papel importante los monopolios estatales, creando un ecosistema alrededor de este poder central. Según los datos, hoy a quien más perjudica esto es a las dos Castillas y a Galicia”, destaca.

De hecho, la predominancia de la CAM en el fondo común que financia los servicios autonómicos se explica en buena parte por la recaudación enorme de IVA y de IRPF. La capital concentra más del 80% de los grandes ejecutivos de multinacionales y las oficinas centrales, además de altos cargos del funcionariado, todos con bases imponibles muy altas y un nivel de gasto alto.

Pero Castañé rechaza acentuar una grieta territorial: “No diría que Madrid sea el enemigo, allí vive gente de todos lados. Es el dilema político que ha tenido España, una apuesta política por una gran capital. Los propios castellanos no son conscientes del precio de tener una capital potente a costa de perder oportunidades. Un cambio para solucionar esto no sería en contra de los madrileños, sino que ayudaría a un equilibrio territorial y así, los asturianos o extremeños que se fueron a Madrid a buscar un futuro, podrían volver a su tierra con oportunidades que ahora no tienen”.

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