Extremadura
Alarma por la entrada de empresas privadas en los servicios sociales y sanitarios en Extremadura

La propuesta de Ley de Conciertos Sociales presentada por el PSOE permite la gestión de los servicios de atención social y sanitaria a empresas privadas. Las entidades del tercer sector social extremeño se han posicionado en contra de esta medida.

25 oct 2018 10:38

El Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado 29 de junio en el registro de la Asamblea de Extremadura la propuesta de Ley de Conciertos Sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social y sanitario en Extremadura. 

La nueva Ley de contratos estatal recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas concierten servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, pero siempre respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación, tal y como recogía previamente la Directiva comunitaria.

Mediante esta habilitación normativa, esta propuesta de Ley pretende articular un régimen específico para posibilitar la gestión indirecta de servicios sociales y sanitarios a través de conciertos sociales con entidades privadas allí donde no llegan los servicios públicos de la Junta de Extremadura. 

En Extremadura, existe una larga experiencia en la gestión de servicios sociales a través de entidades sin ánimo de lucro, como en la atención a la discapacidad

En Extremadura, existe una larga experiencia en la gestión de servicios sociales a través de entidades sin ánimo de lucro, como en la atención a la discapacidad. Los conciertos sociales pretenden ser una alternativa a las subvenciones u otras formas de financiación, ofreciendo a las entidades sociales un modelo de relación más estable y garantista que la convocatoria permanente de subvenciones, que aboca a la inestabilidad en cuanto a su financiación, o la concurrencia competitiva a través de la ley de contratación.

Por otro lado, la propuesta de Ley reconoce la aportación y la experiencia en la atención que las entidades de iniciativa social vienen realizando tanto al sistema de servicios sociales como al sistema sanitario, afianzando la colaboración entre la Administración Pública y la sociedad civil, puesto que además dichas entidades suelen surgir de las propias personas afectadas por problemáticas socio-sanitarias.

ÁNIMO DE LUCRO

La propuesta de Ley extremeña de Conciertos Sociales que se está tramitando actualmente en la Asamblea permite la entrada de entidades con ánimo de lucro para gestionar los servicios sociales y sanitarios. Aunque prima a las entidades sin ánimo de lucro cuando existen análogas condiciones y si hubiera ganancias económicas obliga a reinvertir en la mejora del servicio que gestionan, abre un campo de servicios muy sensibles que ahora están llevando entidades sin fines lucrativos.

La figura de los conciertos sociales es la utilizada habitualmente por entidades sociales sin ánimo de lucro, mientras que la gestión con fines lucrativos suele encauzarse a través de la normativa de contratación pública. Hay algunas comunidades autónomas, como Aragón, Valencia o Navarra, que excluyen expresamente a las entidades con ánimo de lucro de la participación en los conciertos sociales.

La propuesta de Ley extremeña de Conciertos Sociales que se está tramitando actualmente en la Asamblea permite la entrada de entidades con ánimo de lucro para gestionar los servicios sociales y sanitarios

A este respecto, la Ley de Aragón afirma que “si un operador económico aspira legítimamente a obtener un beneficio empresarial, un lucro, como consecuencia de su colaboración con la Administración pública en la prestación de servicios a las personas, solo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación. Solo desde la gestión solidaria, sin ánimo de lucro, de estas prestaciones podrá colaborarse con la Administración bajo la forma de acción concertada”.

En la toma en consideración por el Pleno de la Asamblea, tras el debate de totalidad de la propuesta de Ley que tuvo lugar el 13 de septiembre, el diputado de Podemos Obed Santos puso de manifiesto que su partido siempre va a defender que la prestación de los servicios del ámbito social y sanitario sean de gestión pública, y en los que la administración no pueda asumir el cien por cien de los servicios, impedir que se abra el concierto social a las mercantiles y entidades con ánimo de lucro.

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

En el trámite de comparecencia de los agentes sociales en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda del pasado 22 de octubre, las entidades sociales alertaron del peligro de la entrada de entidades mercantiles para gestionar los servicios sociales y sanitarios. 

Los y las representantes que comparecieron de entidades del tercer sector (CERMI, Plena Inclusión, Plataforma del Tercer Sector, FEAFES, COCEMFE, Federación Extremeña de Asociaciones para el Síndrome de Down, ASPACE, FEDAPAS, APNABA, FEDER, AFTEA, ELA, Asociación regional Párkinson, AOEX, FEXAF, Federación de Alzheimer, AISMEX, Cruz Roja, ONCE o AFAL) pusieron de manifiesto que las entidades con ánimo de lucro no son susceptibles de realizar conciertos sociales y que deben encauzarse y regirse por la normativa de contratación pública, solicitando la supresión de estas entidades del articulado de la propuesta de Ley.

Hay algunas comunidades autónomas, como Aragón, Valencia o Navarra, que excluyen expresamente a las entidades con ánimo de lucro de la participación en los conciertos sociales

El representante de la Plataforma del Tercer Sector resaltó que el objeto de los conciertos sociales está concebido para las entidades sin ánimo de lucro y que incluso puede vulnerar las directivas de la Unión Europea y la legislación estatal de reserva de contratos. Por su parte FEAFES considera que incluir a las entidades lucrativas es desconocer la realidad y gestión de los servicios sociales y sociosanitarios en Extremadura. Así mismo, la Federación Síndrome de Down advierte de que el cambio de modelo puede poner en peligro la gestión que están realizando las asociaciones sin ánimo de lucro, a no ser que sea para asumir la gestión directa por la Junta, en cuyo caso pedirían la participación en sus órganos de gestión. ASPACE opina que la llegada de empresas no tiene ningún respaldo social y APNABA considera que las entidades sin ánimo de lucro tienen más capacidad y experiencia que las entidades mercantiles.

Del mismo modo, FEDER resalta que las asociaciones están respaldadas socialmente, hacen un trabajo voluntario y con vinculación a las personas al ser sus gestores las propios afectados, así como que hay entidades con más de 30 años desarrollando estos servicios y no se puede desperdiciar esta experiencia con la entrada de sociedades mercantiles. Por último, destacar que la ONCE opina que la entrada de entidades con ánimo de lucro perjudica tanto al sector como a las personas usuarias y va en contra del espíritu de las directivas europeas y de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

En cuanto a los representantes de los grupos parlamentarios presentes en las comparecencias, el PSOE destaca la valoración positiva en general que han realizado los diferentes comparecientes. El PP ha manifestado que en el ámbito sociosanitario, y más en concreto en las residencias de anciano, no existe una red pública capaz de atender al sector. Por último, Podemos recoge el guante de las asociaciones sin ánimo de lucro y se compromete a través de enmiendas parciales a vetar a las entidades con ánimo de lucro en los conciertos sociales.

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4 Comentarios
#24992 19:07 25/10/2018

Los del PSOE buscan su puerta giratoria

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#24976 17:02 25/10/2018

Es una irresponsabilidad que empresas que quieren hacer negocio puedan entrar a gestionar estos servicios, se notará en la perdida de calidad y atención a usuarios tan vulnerables

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#24962 11:31 25/10/2018

Qué barbidad, al PSOE no se le ocurre nada bueno, siempre pensando en privatizar para beneficios de las empresas amigas

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