Extremadura
Fernando Llorente y la humilde victoria de la esperanza

El 23 de octubre, y tras una semana de aplazamiento sobre la vista inicialmente señalada para el día 16 del mismo mes, se firmaba en la Audiencia Provincial de Cáceres un acuerdo de conformidad entre Fernando Llorente y los cuatro agresores que, a primeras horas de la noche del 14 de noviembre de 2016 asaltaron su casa de Talaveruela (Cáceres), reteniéndolo en ella durante varias horas, sometiéndole a malos tratos y torturas de los que tardo 240 días en curar para terminar, finalmente, robándole 800 euros y diversos enseres de diferente valor material. A cambio de reconocer los hechos, colaborar con la justicia y reparar materialmente, en lo posible, el daño causado, han logrado una más que sustancial rebaja de la condena que les permitirá salir de la prisión en un breve plazo. El quinto imputado, contra el que la acusación particular mantiene los cargos, Francisco Javier Vaquero Pedraza (de Talaveruela) ha quedado fuera de dicho acuerdo, siendo, en cualquier caso, el único que ha permanecido en libertad todo el tiempo del proceso. 

En su calificación inicial de los hechos, el ministerio fiscal tenía la pretensión de solicitar penas que alcanzaban un total de 54 años de cárcel para los mencionados cuatro autores materiales del hecho.

Hasta ahí lo que debiera ser la crónica que contara el estado de las cosas en un episodio donde se han mezclado el sensacionalismo, las medias verdades y el duelo y que, a su vez, ha terminado por poner rostro a la cara oscura de un espacio sujeto a tensiones de fondo complejas e ignoradas; un espacio que, más allá de la ilusión neorrural, alberga conflictos estructurales de fondo y al que alcanza algo más que el eco de todas las contradicciones económicas, sociales y judiciales propias del medio urbano. La Vera, una comarca del noreste de la provincia de Cáceres con casi 900 kilómetros cuadrados de extensión para unos 26.000 habitantes, conocida por una naturaleza privilegiada y sus gargantas, por albergar el Monasterio de Yuste, por su turismo rural; esa comarca inundada de vegetación y de belleza, en noviembre de 2016 conoció también, como hemos brevemente contado, un episodio protagonizado por la brutalidad.

La construcción mediática

Fernando, conocido activista ecologista y militante histórico de diferentes causas, tanto en Extremadura como fuera de ella, no era un “objetivo” cualquiera. Una trayectoria personal ligada, desde los años 80, a todo tipo de reivindicaciones estrechamente vinculadas al territorio (y también relacionadas, por ejemplo, con la comunicación alternativa, hasta el punto de ser, en su momento, colaborador del periódico Diagonal) situó sin dificultad la explicación posible de la agresión trascendiendo del móvil económico para, sin en absoluto descartarlo, intentar hacer una lectura más completa de sus implicaciones y relaciones. Su participación en la agrupación de electores de la localidad, “Reacciona Talaveruela”, vencedora en las últimas elecciones municipales, incrementó las ya fundadas dudas acerca de la relación del suceso con su posición política y las consiguientes tensiones con determinados lobbies e intereses locales. Si bien diversas organizaciones extremeñas hicieron públicas sospechas en ese sentido, (hasta un total de veinte organismos populares suscribieron un comunicado de solidaridad, siendo el Movimiento Ibérico Antinuclear absolutamente explícito en fijar el foco en las posibles conexiones locales del delito) esa línea argumental prácticamente no tuvo ningún reflejo en los medios de comunicación regionales.

Si bien diversas organizaciones extremeñas hicieron públicas sospechas en ese sentido, esa línea argumental prácticamente no tuvo ningún reflejo en los medios de comunicación regionales

Bien al contrario, se incidió en todo lo que de sensacionalista pudiera encontrarse en el caso. Únicamente así se puede entender la persistencia en dar a conocer detalles irrelevantes del sumario, de desviar la atención a dos simples plantas de cannabis sustraídas por los agresores en su domicilio, incluso de mostrar fotos del mismo. Como colofón y cierre explicativo, la pertinaz alusión a su condición de “dirigente de Podemos”, extremo desmentido por declaraciones de la víctima en las que explica que resultó efectivamente electo como miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Extremadura... pero “por la lista crítica con la actual dirección regional y que, además, quedó en minoría”. Lo fue, además, tres días antes de la agresión, y jamás se incorporó al mencionado órgano por evidentes circunstancias personales y por unas reiteradamente manifiestas, radicales y públicas diferencias políticas con la dirigencia autonómica y estatal del partido. Ahí concluye toda su vinculación con Podemos, que se mantiene en idénticos términos dos años después. Tampoco participa, en la actualidad, de Reacciona Talaveruela.

La voluntad de construir un revuelto mediático intencionadamente sesgado y morboso, de desviar el foco de las cuestiones de fondo, resultó evidente, tanto que de su intencionalidad quizás sea mejor no emitir juicio alguno. Más útil será, en cualquier caso, detenerse en las consecuencias efectivas, contrastables, esas que luego no se leen y apenas se escuchan, las que tienen que ver con la soledad de la víctima, con el olvido, con la eficacia (o no) de la Justicia. El capítulo capaz de determinar hasta qué punto existió un caldo de cultivo previo a la agresión y una posible relación directa en la inducción del mismo queda en manos de lo que la Justicia vaya a determinar en un futuro no muy lejano y transitará, inevitablemente, por el juicio que, en su momento, tendrá que afrontar el único imputado no alcanzado por el acuerdo de conformidad.

El daño, el dolor y la tragedia

Resulta difícil dimensionar el tipo de lesiones que causa una agresión de características tan crueles como las descritas en el sumario. De hecho, la simple lectura del mismo en todos sus prolijos detalles, el conocimiento de la cronología de los hechos, de los movimientos de los culpables, el concreto recuento de todas y cada una de las fracturas provocadas en el cuerpo de Fernando, provoca una sensación de vértigo. Es una enumeración fría, como todas las enumeraciones, incapaz de recoger en su necesaria ciencia forense la tragedia de quien la sufre. Inútil, a su vez, para objetivar hasta qué punto a la fractura física acompaña una inevitable fractura moral, psicológica, esa que definitivamente convierte a la persona herida en víctima. Esa para la que no existe cirugía, ni siquiera plástica. Este caso, en ese aspecto, ha sido demoledoramente ejemplificador. Fernando, de hecho, solo muy esporádicamente ha podido participar desde entonces en iniciativas de tipo político, centrado en la comprensible reconstrucción personal tras el trauma.

La víctima tuvo que abandonar su casa, su más íntimo espacio de existencia, sus objetivos inmediatos, su hogar material y emocional. Se marchó hasta de Extremadura

Nada ha resultado igual después de aquellos hechos, nada ha sido fácil, nos cuenta. Debiera haberse dado paso al tiempo de la sanación, pero ha sido también el del sueño extraviado, de la angustia, de la recaída y la desesperanza, ese donde la Administración, encarnada en unas instituciones que debieran velar por la ciudadanía administrando de la ley algo más que su peso, diluye sus responsabilidad para centrarse en la punición, en el castigo, olvidando la pena. Esa pena grande con sus paradójicas minúsculas, la que no tiene que ver con el Código penal.

Nos relata estos días Fernando, nos ha estado poco a poco diseccionando en este tiempo, la dureza de la reconstrucción personal, las dudas morales, el quebranto emocional. Y se lamenta, se queja, de la insuficiente evaluación y atención médica especializada de las víctimas de sucesos traumáticos; habla de una Justicia, de nuevo en sus propias palabras, “lenta y solo por eso ya injusta, ineficiente, insensible con las víctimas y cruel con los delincuentes... si son de clase baja como eran los míos.”

En un sistema judicial rebosante de indispensables cálculos y cuentas, ninguna lista de pérdidas en el robo podrá evaluar, por ejemplo, la desaparición de un portátil que, en su disco duro, almacenaba seis largos años de escritos, de reflexiones, de opinión y de combate pero también de poesía. Tanto, nos señala Fernando amargamente, como para llenar un libro. ¿Quién puede devolver eso? ¿Cuánto computa la desaparición de un libro posible, concebido, escrito y al que violentamente se le niega el derecho a ver la luz? Y, siguiendo con las preguntas... ¿Cómo se compensa la soledad? ¿Y la desconfianza, el miedo, un odio tan indeseado como explicable? ¿Cómo se evalúa el tiempo perdido? ¿Y el exilio? Porque Fernando, pasado un tiempo desde aquel noviembre, ensayando cualquier estrategia que lo liberara del recuerdo -e intentando, además, evitar el contacto físico con el espacio del ataque y con cualquier persona susceptible de haber cooperado, siquiera intelectualmente, en el mismo- lo dejó todo y se marchó del pueblo.

La víctima tuvo que abandonar su casa, su más íntimo espacio de existencia, sus objetivos inmediatos, su hogar material y emocional. Se marchó hasta de Extremadura. Solo recientemente, tras más de un año de ausencia, se ha atrevido al regreso, a la reconstrucción, a la sanación, también, del lugar, de la geografía de la agresión. Esa es la verdad poco transitada por los medios y que tiene un cálculo penal que, más que incierto, resulta imposible. Fueron nada menos que 240 días (ocho meses, para mejor valorar su auténtica magnitud) los necesarios para un restablecimiento físico completo. Mientras tanto, aún está en curso la recomposición emocional, ese aspecto del que la justicia ordinaria poco conoce en lo cotidiano, para el que no parece estar preparada.

El áspero tacto de la justicia

Desde el principio, se hizo cargo de las diligencias el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Navalmoral de la Mata, constando en su procedimiento abreviado 591/2016 todos los extremos formales que atienden a la sustanciación jurídica del delito. En una larga concatenación de acontecimientos se han sucedido instrucción, informes periciales, las declaraciones, autos judiciales, intervenciones del ministerio fiscal, del forense y sus tres visitas, relata Fernando, de cinco minutos cada una, con el sorprendente diagnóstico de trastorno postraumático “leve” (en contra de la opinión, sostenida por la acusación particular, de que el mal psicológico causado ha trascendido, con creces, de los límites de esa “levedad”). Sobrevinieron también, en su momento, las detenciones de los acusados, los escritos de la defensa, la indispensable cooperación en una acusación particular que recogiera todos y cada uno de los extremos que la víctima estimaba necesarios para completar el dibujo de su sufrimiento y edificar una posibilidad de reparación...

 La prisión provisional en espera de juicio fue inmediatamente decretada y con ella, aparentemente, empezaba a rodar la mecánica penitenciaria como rodillo nivelador

Un largo camino del que hace una evaluación concisa y amarga el propio Fernando Llorente: “todo este ritual punitivo judicial no me ha ayudado en nada en mi proceso de curación del trauma”. Reflexión que acompaña, a su vez, con el sentido agradecimiento a los dos abogados de la acusación particular (Endika Zulueta y José Ramos Cantó), de quienes remarca que, “en todo este aparato kafkiano de la justicia burguesa han sido el único apoyo y ayuda también moral y psicológica”.

Retrocediendo en el relato, tras las capturas por la Guardia Civil de los imputados (hoy ya confesos autores materiales), los días 17 y 18 de enero de 2016, llegó el ingreso en prisión de los mismos y el conocimiento de sus identidades: Israel Duarte Fernández, Alejandro Guardado Martín y Hassan Sadiki (los tres, vecinos de Coria) y Jose Cristian Moreno Paniagua (de Losar de la Vera). Jóvenes, en palabras de Llorente, “de vidas rotas y dificiles”. La prisión provisional en espera de juicio fue inmediatamente decretada y con ella, aparentemente, empezaba a rodar la mecánica penitenciaria como rodillo nivelador. Único, exclusivo, excluyente.

La explicación, la reflexión

Desde una explicación del delito, sus causas y su compensación y castigo basada en el principio del ojo por ojo, todo parecía incontestablemente encarrilado. Los responsables, a la cárcel y, cuanto más tiempo, mejor. Punto final. Una lectura sencilla y rotundamente popular; una lectura intencionadamente alentada por aquellos sectores que, históricamente, han sido acusados de atrincherarse para conservar sus privilegios en la dureza de unas normas que administran a su entera conveniencia. De esta manera, y de ninguna otra, se ha ido generando un caldo de cultivo social donde amplias capas de la opinión pública son capaces de refrendar masivamente los que son considerados, por gran parte de la propia magistratura y de profesionales del derecho, como retrocesos en las garantías impensables hace años (la prisión permanente revisable, como ejemplo reciente). Se ha creado mediáticamente, así, un país en el que muchos ciudadanos y ciudadanas creen vivir rodeados por el crimen, en constante alarma social aunque, paradójicamente, todos y cada uno de los indicadores objetivos lo señalen como uno de los más seguros del mundo.

Fernando Llorente ha optado por tomar el camino donde le esperaban quienes le conocen bien

Fernando Llorente ha optado por tomar el camino donde le esperaban quienes le conocen bien. Y lo ha hecho expresándose con rotundidad: “no voy a esconder que he tenido sentimientos legítimos (pero estériles) de rabia, de odio y deseos de venganza. Pero sobre esas emociones no se puede construir nada ni política, ni judicialmente. En este proceso tan duro que estoy atravesando hubo una etapa en que comprendí que mi daño era irreparable y que el hecho de que mis agresores estuvieran sufriendo el daño (probablemente también irreparable) de estar en prisión provisional no me aliviaba ni me ayudaba en nada”. Llegó en una ruta sinuosa y tras dos años de padecimientos, pero también de reflexión, a la conclusión de que, seguro, había que enterrar definitivamente los meses de oscuridad, la UCI del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, esos sentimientos sobre los que “no se puede construir nada”. Llegaba la hora de volver al momento en el que una multitud solidaria llenó con una concentración de apoyo a su persona la plaza de Talaveruela unos días después de aquella noche de noviembre. De, por completo, retornar. “Por mi parte, y contra viento y marea, voy a seguir apostando por la solución pacífica de los conflictos, por una justicia humanista, democrática y garantista. Voy a seguir apostando por una sociedad más justa y cuidadosa con la vida. Espero que mis agresores hayan tenido ocasión de reflexionar, ojalá nunca vuelvan a atacar a nadie, ojalá reconstruyan sus vidas”.

Así, desde estos planteamientos, se ha llegado a la fórmula del acuerdo de conformidad, al empleo de una herramienta legal existente con el objetivo, en este caso expreso, de conciliar reparación y proporcionalidad. Un camino de limitación y contención de los daños claro y eficaz, valiente pero necesario.

Un final posible y esperanzado

Y de esta manera concluye, siquiera temporalmente, el relato de la cadena de acontecimientos: en la mejor expresión de una víctima capaz de decir que no necesita venganza. Que el sufrimiento ajeno no limita el propio. Que solo quiere verdad, justicia y reparación. Que la cárcel de quien tan cruelmente lo hirió no va a devolverle el tiempo perdido en el dolor, no va a paliarlo, no va a suturarlo como se sutura una puñalada sino que va a extenderlo en la comunidad.

En estos tiempos donde la rabia es groseramente dirigida entre los pobres, a veces hay acontecimientos que devuelven la fe en lo que podemos llegar a ser

En estos días tristes, donde los discursos pidiendo endurecer una ley que ya se emplea con mano de hierro con los débiles y guante de seda con los poderosos germinan entre aquellos y aquellas que, sin ningún genero de duda, van a ser sus principales e inmediatos destinatarios (las cifras de extracción social de la población reclusa no dejan lugar a dudas); en estos tiempos de discursos de odio, de gritos desencajados pidiendo mano dura contra el otro, contra el distinto; en estos tiempos donde la rabia es groseramente dirigida entre los pobres, a veces hay acontecimientos que devuelven la fe en lo que podemos llegar a ser.

Leo en el Facebook de Fernando una consigna que reza: “lo más revolucionario es un huerto, hasta la victoria, siembren.” En idéntico lugar, observo que ha colgado una hermosa canción de Mikel Laboa (quizás en sus versos está trabada, como la escarcha en una telaraña, parte de la curación); leo con detalle las opiniones en los medios sobre su decisión de pasar página desde el perdón (algunas, no pocas, desalentadoramente generadoras de tanto dolor como el Leviatán que pretenden combatir), repaso de nuevo las conclusiones del sumario y pienso, a la vez, cómo será este otoño en La Vera, en todas las Veras posibles; pienso en la utopía campesina y pienso que, de pedir un milagro, pediría pasar una de estas tardes paseando a la orilla del Guadiana con mi compañero Fernando Llorente y el Marqués de Beccaria, ese jurista de finales del Siglo XVIII del que, en los lejanos días de la Facultad de Derecho, nos contaban que se atrevió a proponer el principio de proporcionalidad, que abogó contra la pena capital y a favor de abolir la crueldad y el tormento. Seguro que aprendería mucho oyendo charlar a ambos. Porque hay hombres justos para los que no debería existir, para los que no existe, el tiempo, esos que decía Buenaventura que llevan un mundo nuevo en sus corazones.