Explotación laboral
Explotación laboral para “sacar de la zona de confort a los jóvenes”

“Las becas son para sacar de la zona de confort a los estudiantes”. Este es uno de los argumentos que otorga la sentencia del Juzgado de lo Social 7 para desestimar un proceso derivado de una Inspección de Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid que determinó que todas las becas de prácticas están en fraude. La resolución del Juzgado ha sido recurrida y otros procesos similares en las universidades Carlos III y Complutense de Madrid esperan la resolución final de este recurso.

“Para novatada la que te va a gastar la UCM cuando te ofrezca una beca en la que vas a aprender a coger el teléfono y responder correos”, bromea en Twitter la cuenta de 'Becarixs en la UCM', que denuncia la explotación laboral en esta universidad pública.

Víctor Terrón es una de las personas de este colectivo y ha trabajado en la Universidad de Mayores de la UCM junto a otros dos estudiantes. Estudió Ciencias Políticas y después hizo un máster en Estudios Feministas. Tras ello, ha trabajado durante dos años y tres meses en el programa de la Universidad para Mayores, un programa formativo para personas de más de 50 años, bajo un contrato de prácticas no laborales.

Colocar libros en una biblioteca, atender mostradores, atender a los alumnos, responder correos, coger el teléfono, hacer calendarios y organizar salidas para los alumnos son algunas de las tareas que él y sus compañeros han realizado durante estos dos últimos años. “Esto no es una relación formativa, es una relación laboral”, señala Víctor en una conversación con este medio. “Los demás trabajadores del PAS lo sabían, pero nunca han manifestado complicidad en estas cuestiones, aunque sí la había en otras. Eso sí, el ambiente general de trabajo era bueno, queremos recalcar que nuestro problema no es con los trabajadores de la universidad, sino con el sistema de becas de formación”.

Según Terrón su trabajo era idéntico al de los funcionarios públicos contratados para esas funciones por la universidad. No obstante él no disfrutaba de un mes pagado de vacaciones, no cotizaba en la seguridad social, no estaba protegido por ningún convenio y cobraba algo más de la mitad

Según Terrón su trabajo era idéntico al de los funcionarios públicos contratados para esas funciones por la universidad. No obstante él no disfrutaba de un mes pagado de vacaciones, no cotizaba en la seguridad social, no estaba protegido por ningún convenio y cobraba algo más de la mitad de sus compañeros por las mismas horas. por eso Víctor denunció su situación y espera la sentencia el próximo 17 de septiembre.

Otro de los argumentos que esgrimen desde la plataforma para señalar que su situación no es de prácticas es que no existe ningún seguimiento ni se realizan informes por parte de los tutores sobre la supuesta formación que estaría recibiendo la persona en estos puestos, tal y como se exige en el Real Decreto 592/2014, que es el que regula este tipo de relación entre estudiantes y universidades.

Terrón indica que él está sindicado en CGT, sin embargo su caso lo lleva un abogado laboralista, ya que existe un gran jaleo jurídico entre los distintos tipos de contratos de prácticas y es muy difícil unificarlos para los sindicatos. Ismael Sánchez, abogado laboralista que lleva el caso de Víctor, ha llevado varios casos similares desde 2014 en torno a la explotación laboral asociada a las becas universitarias y atiende al Salto.

“Es un estudiante de biología que prestaba servicios en la biblioteca de humanidades, lo cual mostraba una absoluta desconexión curricular, sin plan formativo real”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no reconoció esta relación laboral.

Para Sánchez esto se trata de un uso habitual y ampliamente conocido y consentido por las universidades. Recuerda el caso de un estudiante de biología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que se encontraba haciendo unas prácticas extracurriculares dentro de la propia universidad, un caso similar al de Víctor. “Es un estudiante de biología que prestaba servicios en la biblioteca de humanidades, lo cual mostraba una absoluta desconexión curricular, sin plan formativo real”, señala Sánchez. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no reconoció esta relación laboral. “Al elevarlo al Tribunal Supremo el caso no fue admitido a trámite porque tienes que llevar una sentencia exactamente igual por un posicionamiento contrario, es lo que se conoce como unificación de doctrina. No es lo mismo un becario en la facultad de medicina que uno en la de económicas a pesar de que la naturaleza de la denuncia (señalar una relación laboral) sea la misma”, expone el abogado.

Hasta 12 tipos de contratos

En el informe Falsos autónomos y falsos becarios:una aproximación institucional al caso español publicado en 2019 en los 'Cuadernos de Relaciones Laborales' de la propia UCM por el profesor Pablo Sanz de Miguel se tipifican hasta  12 tipos de contratos distintos destinados a jóvenes, de los cuales cinco tienen la consideración de prácticas laborales que combinan trabajo y formación y siete se conciben como prácticas no laborales, que son los que están exentos de aplicar las condiciones reguladas en el estatuto de los trabajadores, bajo la condición de ofrecer formación y no poder exigir contrapartidas propias de la relación laboral. Es decir, el hecho de que no exista una regulación unificada sobre las mismas, dificulta la defensa ante la justicia de estas relaciones a la hora de comparar casos.

En los casos que señalamos en este artículo hablamos de prácticas formativas extracurriculares remuneradas, es decir, a pesar de que haya una retribución económica, no deberían entrañar una relación laboral por parte del empleador, es decir, estarían en ese segundo grupo que señalaba San de Miguel en su informe. No obstante, atendiendo a las labores realizadas por las personas, que, como en el caso que denuncia Víctor, son idénticas a las del personal del PAS contratado por la universidad, esta relación parece ser evidente.

“En el Estado  hay una precariedad laboral rampante entre los jóvenes y hay muy pocos jueces que se atrevan a destapar esto. Reconocer a todos los jóvenes en prácticas como trabajadores reventaría el mercado”

“En el Estado  hay una precariedad laboral rampante entre los jóvenes y hay muy pocos jueces que se atrevan a destapar esto porque afectaría a la supervivencia del mercado laboral español. Reconocer a todos los jóvenes en prácticas como trabajadores reventaría el mercado”, opina Sánchez.

Aludiendo a la sentencia del Juzgado de lo Social 7 con la que abre el artículo, Sánchez señala que se trata de una sentencia de seis páginas frente a un expediente de más de 700 páginas en los que en ningún momento se acredita ningún tipo de formación. “Esta sentencia está recurrida y puede ser clave para muchas causas similares. La sentencia inicial se apoya en un defecto de forma de la Inspección de Trabajo, ya que el inspector no visitó todos y cada uno de los 300 puestos de becarios de la UAM para verlos con sus propios ojos, sino que hizo una estimación”, añade.

Sin embargo, la sentencia deja de lado la cuestión esencial de que no se aporta ninguna prueba de formación de las mismas, a pesar de la regulación exige que “las actividades del becario tengan un contenido esencialmente formativo y excluyan tareas propias de una categoría profesional”.

Según el informe de Sanz de Miguel “el falso becario y el falso autónomo son el resultado de estrategias empresariales que persiguen alcanzar una ventaja competitiva a través del incremento de la flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo y la reducción de costes”. Que esto ocurra en una institución pública no deja de ser otro síntoma de la entrada de capital privado y el aumento de control por parte de empresas en las universidades públicas. De hecho los distintos inspectores de trabajo entrevistados para el informe coinciden en que “los diferentes acuerdos y modalidades bajo las cuales un puesto de trabajo se puede implementar, dificultan la detección de fraudes, valorando la actual regulación como excesivamente fragmentada”.

A pesar de que se venden como una entrada al mercado laboral, entre 2007 y 2015 tan solo 4 de cada 100 becados pudo acceder a un contrato indefinido.

Las conclusiones del informe de Comisiones Obreras Contratos para la formación y contratos en prácticas, publicado en 2019 son reveladoras. Acusa un envejecimiento progresivo de las personas con contratos de formación. En 2018 crecieron un 60% las personas con más de 30 años en esta modalidad. A pesar de que se venden como una entrada al mercado laboral, entre 2007 y 2015 tan solo 4 de cada 100 becados pudo acceder a un contrato indefinido. El informe resalta también el aumento progresivo de la formación previa de las personas becadas así como una elevada presencia de contrataciones destinadas a las ocupaciones más elementales, “la crisis y las elevadas tasas de desempleo juvenil han alterado la naturaleza de este contrato y han regalado una mano de obra a coste muy bajo”, resume.

Las fuentes consultadas coinciden en que además de la precariedad laboral para los jóvenes en el mercado, hay otro factor a tener en cuenta que determina la elección de estas prácticas: la investigación. “Muchas de ellas son utilizadas a nivel de posgrado como una forma de mantenerse vinculado en la universidad”, señala Terrón.  “Sin embargo, al ser un trabajo dirigido a gente joven y precaria, muchas veces el primero que realizas, hay muy poca gente que denuncia. Es difícil articular una lucha porque no tenemos lugares comunes donde conocernos y hablar. Sé que hay compañeros que saben que les están explotando, pero solo piensan en esto como una transición”, reflexiona.