Exclusión sanitaria
El largo camino para que la sanidad pública vuelva a ser universal

“Este Real Decreto está muy lejos de lo que hemos pedido”. Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal habla con El Salto sobre el proyecto del Real Decreto por el que se regula el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, que presentó el Ministerio de Sanidad el pasado 26 de septiembre, sometido a trámite de audiencia pública, y que este martes acogerá sus últimas aportaciones. Una norma que obligaba a desarrolla el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que contiene algunos avances pero importantes retrocesos en la lucha contra la exclusión sanitaria, tal y como valoran las entidades que pelean por el retorno a la sanidad universal.

Y es que en 2018, el gobierno del PSOE, con el objetivo de acabar con el apartheid sanitario impuesto por Mariano Rajoy con el Real Decreto 16/2012 que dejó fuera de la sanidad pública a colectivos como las personas migrantes en situación irregular, sacó adelante el 7/2018. Una norma que no consiguió dar con la tecla correcta y que no ha acabado con la exclusión sanitaria: el último informe de Médicos del Mundo ha documentado 30.000 casos de personas que no pueden acceder a la sanidad pública en 32 meses. Pero, ¿por qué?. Este Real Decreto establece que aquellas personas que se encuentren de manera “temporal” en España no tienen acceso directo. Un término ambiguo del que las Comunidades Autónomas han hecho una visión restrictiva y muchas están solicitando empadronamientos de más de tres meses para atender a estas personas.

“Durante el tiempo en el que tratan de justificar su tiempo de residencia en el país pueden surgir enfermedades que luego se convierte en una factura impagable”, alertan desde Yo Sí Sanidad Universal

El nuevo proyecto, que ahora ve la luz, y que va a servir para desarrollar el 7/2018, en lugar de eliminar esta barrera la fija por escrito. Así, en él se lee que las personas deberán acreditar su residencia efectiva en España, “por ejemplo, mediante empadronamiento de al menos tres meses o, en caso de imposibilidad, con documentos alternativos como certificados escolares, facturas de suministros o informes sociales”. El portavoz de Yo Sí Sanidad Universal insiste que todo esto, en la práctica, se convierten en barreras y las urgencias a veces no esperan. “Durante el tiempo en el que tratan de justificar su periodo de residencia en el país pueden surgir enfermedades que luego se convierte en una factura impagable”, alerta.

En sus demandas al ministerio, las organizaciones reclaman que con el simple hecho de apuntarse en el padrón ya se pueda acceder a la sanidad, sin tener que esperar tres meses como mínimo. Como fórmula alternativa para acreditar la residencia efectiva, también plantean una declaración responsable de residencia en territorio español.

Al mismo tiempo, Revuelta se queja de que en esta ley se fija que para que una persona acceda a la sanidad pública “la atención sanitaria no podrá constituir el motivo de su desplazamiento”. Con esto, expresa Revuelta “están comprando el discurso de la extrema derecha. Se está reforzando la sospecha sobre estas personas”. “Este aspecto no estaba en ninguna ley y ahora que forme parte de los textos legales nos enfada mucho. No ponemos la sospecha sobre su derecho migratorio cuando las personas vienen a por una mejor educación para sus hijos, pero si vienes enfermo te vamos a facturar”, se queja.

Algunos avances

Al mismo tiempo, desde Yo Sí Sanidad Universal destacan algunos avances, ya que la norma amplía el acceso a otros colectivos como los españoles y españolas que viven en el extranjero que, según el proyecto de ley tendrán acceso a la sanidad pública, que perdieron con la ley de Rajoy, “mediante registro previo”.

Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que con esta norma amplían el derecho a los españoles de origen residentes en el extranjero durante estancias temporales en España, así como a sus familiares acompañantes (cónyuge o pareja de hecho y descendientes menores de 26 años, o con discapacidad reconocida). “Esta medida corrige situaciones de desprotección que hasta ahora solo cubrían a pensionistas o trabajadores en el exterior”, añaden.

Otra mejora es el cambio en la documentación que las personas extranjeras sin autorización de residencia deben entregar para tener acceso a la sanidad: antes se exigía la tramitación de un documento en el que se reflejara la imposibilidad de exportar el derecho desde el país de origen, algo que era muy costoso de conseguir, tal y como informan las entidades. Ahora, bastará con una declaración responsable en la que confirmen que no disponen de cobertura sanitaria por otra vía. Eso sí, además de esto, y tal y como se ha indicado en el inicio de este artículo, se les exigirá empadronamiento de tres meses o documentos alternativos como certificados escolares, facturas de suministros o informes sociales.

El Ministerio de Sanidad presentó una nueva ley de más calado. La complicada aritmética parlamentaria para el Gobierno de coalición está haciendo que esta norma no avance, con serias dudas de que vaya a salir adelante.

Nueva ley atascada en el Congreso

Antes de esto, el Ministerio de Sanidad presentó una nueva ley de más calado para volver al acceso universal. Una ley que era aprobada en mayo de 2024 por el Consejo Ministerial pero que se encuentra varada en el Congreso. La complicada aritmética parlamentaria para el Gobierno de coalición está haciendo que esta norma no avance, con serias dudas de que vaya a salir adelante.

Tras el nuevo paso dado por el Ministerio de Sanidad, Revuelta se muestra desilusionado. "Si esto es lo mejor que son capaces de hacer cuando intentan mejorar la implementación del Real Decreto de 2018, ¿C¡cuál va a ser el texto final de la ley?“, se pregunta. ”Este no es el texto definitivo, esperamos que en la consulta pública se puedan hacer mejoras", zanja.