Enfoques
“Furukawa Nunca Más”: esclavitud moderna con permiso del Estado

La historia del caso Furukawa en Ecuador podría leerse como un manual de cómo perpetuar la esclavitud en el siglo XXI. De un lado, una empresa de capital japonés que durante décadas cultivó abacá a costa de la vida de cientos de trabajadores afrodescendientes y montubios (un grupo étnico de la costa ecuatoriana) en condiciones infrahumanas. Del otro, un Estado que no solo miró hacia otro lado, sino que hoy, incluso con una sentencia de por medio, sigue siendo indiferente.

En enero de 2021, un tribunal ecuatoriano reconoció oficialmente que las víctimas habían vivido una suerte de servidumbre de la gleba, también conocida como servidumbre feudal, un sistema medieval en el que los campesinos (siervos) estaban ligados a la tierra y sujetos al señor feudal que la poseía.

De ese tiempo de servidumbre quedan cuerpos mutilados por machetes. Mujeres que parieron en chozas sin agua potable. Niños que desde los ocho años trabajaron en campos de abacá en jornadas interminables. Adolescentes embarazadas. Enfermedades respiratorias. Tumores. Abortos. Deformidades. Salarios de 200 dólares.

La Corte Constitucional de Ecuador emitió en 2024 una sentencia que reconoce la “esclavitud contemporánea”. Pero de poco sirve un fallo histórico si queda guardado en una gaveta.

Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador debía pagar más de 41 millones de dólares a 342 personas explotadas durante años. La empresa, por supuesto, no pagó. El primer plazo venció el 5 de marzo de 2025 y el cheque jamás llegó. ¿La excusa? Que no tienen el dinero. ¿La estrategia? Solicitar levantar la prohibición de vender tierras para cubrir la indemnización.

Lo más grotesco vino en forma de acto público: el 17 de enero de 2025, Furukawa organizó una “disculpa” sin víctimas presentes, rodeados de policías, sin periodistas convocados, como si pidieran perdón a sí mismos. El funcionario de la empresa que tomó el micrófono dejó claro que la empresa no cree en la sentencia, ni en las víctimas, ni en las tijeras con las que durante años se mutilaron manos recolectando fibra. Aquello fue descrito por las víctimas como una “burla”.

El Estado ecuatoriano también tuvo su turno para pedir disculpas, pero fue otra escena vacía. La ministra ecuatoriana de Trabajo, Ivonne Núñez, fue la encargada de pronunciarse frente a las víctimas, en la Plaza Grande, frente a  la sede del Ejecutivo ecuatoriano.

La funcionaria prometió trabajar en la “defensa de los derechos de los trabajadores y del derecho a la dignidad” y aprovechó para declarar el 31 de mayo como el Día de los Trabajadores de Furukawa.

Durante el acto, algunas de las víctimas exigieron una reparación integral, con el objetivo de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. “Gracias por las disculpas, pero ¿creen que con las disculpas se sanan las heridas? No. ¿Con las disculpas se reviven los muertos? No. Entonces queremos que esto no quede en la impunidad”, señaló una mujer citada por la prensa local.

Para Alejandra Zambrano, abogada de las víctimas, hizo falta escuchar que el Gobierno estaba trabajando ya en una política pública dirigida a atender y superar las causas estructurales que favorecieron la servidumbre de la gleba, tal como dispuso la Corte.

Los afectados insisten en que las medidas ordenadas por la Corte han sido implementadas a medias. El Estado no solo falló en prevenir la esclavitud moderna, sino que ahora tiene la responsabilidad de reparar el daño. Pero las víctimas viven en la misma precariedad: sin trabajo, sin tierra, sin salud, sin justicia. Seis de ellas ya murieron esperando que el país que los abandonó les reconociera como ciudadanos.

La venganza de la empresa nipona

Los despidos masivos en Furukawa (unos 300 trabajadores desde 2024) son otra herida reciente. Las liquidaciones no reconocen los años de servicio antes de 2019, cuando empezó el proceso judicial. Es decir, el tiempo esclavizado no cuenta ni para una liquidación miserable. Además, se sospecha que las haciendas de la empresa han sido transferidas a otra firma, Marca Abacá, vinculada al accionista japonés.

La empresa, además, demolió campamentos para destruir pruebas, lo que dificultará el juicio penal por explotación laboral que empezará en agosto de 2025. Pero para muchas voces, el hecho de que solo ahora se hable de un juicio penal es otra señal de la impunidad.

El Estado no ha sancionado a nadie hasta ahora y queda pendiente investigar delitos relacionados con trata de personas.

“Furukawa Nunca Más” reza el lema del Comité de Solidaridad que clama para que no se repita el guion de siempre: víctimas invisibles, empresas impunes, gobiernos tímidos.

¿De qué sirve una sentencia histórica si no cambia nada en la historia? Las víctimas lo saben. Por eso siguen organizadas, vigilantes. Han aprendido que la justicia no llega sola: hay que perseguirla hasta que se rinda.