Energía
Cuando un tratado no permite que baje tu factura de la luz

La pobreza energética provoca graves efectos sobre la salud física y mental de las personas, especialmente en niñas y niños y personas mayores. La cuestión de género también importa cuando hablamos de la falta de acceso a los servicios energéticos esenciales: las mujeres son las más afectadas por esta situación. El Estado debe ser garante de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España (MITECO), las personas usuarias del bono social de la luz —esto es, las que se acogen a descuentos en su factura por no poder enfrentar los costes de la misma— aumentan en 200 al día desde el inicio de la pandemia. Actualmente el bono social llega a 1,3 millones de hogares.

Los movimientos sociales ponen ampliamente en duda el bono social debido a los criterios de renta tan ajustados que plantea, al exceso de burocracia que dificulta su acceso y a la insuficiente rebaja de la factura que supone

Debido a las dificultades económicas derivadas de la emergencia sanitaria, el Gobierno aprobó una moratoria en los cortes de suministros básicos en marzo. El mismo MITECO afirma que, gracias a esta medida, se han evitado 30.000 órdenes de corte desde su aprobación. Sin embargo, haciendo caso omiso a las voces que proponían recuperar y renacionalizar sectores estratégicos de la economía, el Gobierno decidió levantar la moratoria a finales de septiembre. En un contexto de nuevos confinamientos y crisis económica sin precedentes, eso significa abocar a las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad al bono social. El bono social es la apuesta y solución del Gobierno ante la creciente pobreza energética, sin embargo los movimientos sociales lo ponen ampliamente en duda debido a los criterios de renta tan ajustados que plantea, al exceso de burocracia que dificulta su acceso y a la insuficiente rebaja de la factura que supone. Cabe preguntarnos por qué el Gobierno no realiza apuestas de mayor calado a favor del bienestar de la ciudadanía. 

Son muchas las causas subyacentes en la cobardía estatal ante el mercado energético. Por ejemplo, la presión que ejerce el lobby de las eléctricas desde su poderoso oligopolio, cuestionado por pactar precios y ocultar tarifas ventajosas para las personas consumidoras de manera recurrente. Hablamos de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o EDP, entre otros. También de las 175 puertas giratorias documentadas por La Marea, en las seis empresas energéticas del Ibex 35 —hombres en un 85 % de los casos—. Y es imposible no mencionar el amplio respaldo gubernamental a la liberalización del mercado energético y a la protección de las inversiones extranjeras a través de tratados internacionales. En el marco de esa arquitectura empresarial, el Tratado sobre la Carta de Energía (TCE)  proporciona a las grandes compañías energéticas herramientas para apuntalar sus beneficios, en muchas ocasiones, en detrimento de los derechos de las personas consumidoras. 

Los casos de Bulgaria y de Hungría, ambos demandados por inversores extranjeros por abaratar el acceso a la electricidad, marcan una senda peligrosa

De hecho, varios gobiernos ya han sido objeto de demandas en el marco del TCE por las medidas de alivio que han adoptado para proteger a las personas más vulnerables. Los casos de Bulgaria y de Hungría, ambos demandados por inversores extranjeros por abaratar el acceso a la electricidad, marcan una senda peligrosa. 

Este tipo de demandas están orientadas a coartar a los gobiernos y a evitar que opten por medidas que, sin las medias tintas del bono social, se orienten a proteger y garantizar los derechos energéticos de la ciudadanía. Las propuestas están sobre la mesa: prohibición de cortes en hogares en situación de vulnerabilidad, tarifas sociales efectivas y una gestión transparente y pública-comunitaria de la energía. En definitiva, anteponer el bienestar de las personas a los beneficios de las grandes energéticas.

Demandas bajo el TCE