Energía
Energía y comunes urbanos: estrategias para comunalizar la energía

Invierno de 2021, la tercera ola covid-19 avanza en plena ola de frío tras una de las tormentas invernales más importantes de las últimas décadas. Barrios enteros viven prácticamente a oscuras y sufren interrupciones del suministro eléctrico que los dejan sin acceso a la energía a veces durante más de 12 horas. Los y las vecinas afectadas saben bien que los cortes de luz sistemáticos se producen desde hace años, pero ahora la situación es ya insostenible. 

Al mismo tiempo, se han alcanzado máximos históricos en el precio de la electricidad, con aumentos de hasta el 27%, como sucedió durante algunas horas del 11 de enero de 2021, cuando el precio se situó en 120 euros/MWh. Estas subidas se deben al actual sistema de fijación de precios en el mercado mayorista de la electricidad, establecido con la Ley 54/1997, aprobada durante el gobierno de Aznar, y regulado en la actual Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que deja a la merced de un mercado de estructura oligopólica la fijación del precio de un suministro básico. Esta fluctuación de precios agudiza problemáticas ya de por si urgentes, como la pobreza energética. 

La pobreza energética, en su definición más común, supone una dificultad para afrontar los gastos derivados de los suministros de servicios básicos para una vida digna. Ahora bien, las situaciones de cortes de luz recurrentes y sistemáticos, cada vez numerosas, nos hablan de otro fenómeno: la precariedad (y exclusión) energética. Esta precariedad visibiliza comunidades y colectivos enteros privados del acceso a suministros básicos dibujando una geografía y territorialidad de las desigualdades.  

Cinco grandes empresas controlan la mayor parte de la red de distribución eléctrica del país, y a su vez, están presentes en el resto de actividades del sector, generando situaciones de abuso y una estructura oligopólica de facto

España cuenta con una Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética, que fue aprobada en 2019. Además, regiones como Catalunya, gracias a iniciativas ciudadanas como la que llevó a la aprobación por el Parlament de la Ley 24/2015, dispone de medidas especialmente garantistas como el principio de precaución, que protege a las ciudadanas en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, estas medidas —centradas en las empresas comercializadoras— se limitan a las situaciones causadas por dificultades económicas para el pago de las facturas, invisibilizando situaciones extremas de precariedad energética, como son los casos de cortes colectivos sistemáticos. 

“No es el frío, es el mercado”: piden la reforma de un sistema a medida de Endesa, Naturgy e Iberdola

Martín Cúneo

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Pobreza energética

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Organizaciones de consumidores y partidos políticos apuntan al sistema de fijación de precios como principal responsable de los aumentos en la factura de la luz.

Exclusión energética: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?                                              

Los cortes de luz sistemáticos y recurrentes no tienen tanto que ver con las dificultades socioeconómicas habitualmente asociadas a la pobreza energética (dificultades de pago, deudas con las empresas suministradoras, etcétera), sino con la calidad y continuidad del propio suministro. En estos casos, las comercializadoras tienen poco que ver y hacer, ya que el peso sobre la calidad del suministro recae en las empresas distribuidoras, que son las que gestionan las líneas eléctricas de media y baja tensión, y las que permiten que la energía llegue a las casas y edificios.

En España, por motivos históricos, estas redes de distribución se encuentran en manos privadas tanto en su gestión como propiedad. Aún así, la actividad de distribución —al actuar como un monopolio natural— es una actividad regulada y con unas retribuciones fijadas anualmente a las empresas a cambio de inversiones para mantenimiento y conservación de las mismas. Esta situación, en comparación al resto de Europa en que la mayoría de países mantienen una separación entre la propiedad y gestión de las redes, es una absoluta anomalía.

En España hay cinco grandes empresas del sector energético que controlan la mayor parte de la red de distribución eléctrica del país, y a su vez, están presentes en el resto de actividades del sector (como la generación y la comercialización), generando situaciones de abuso y una estructura oligopólica de facto. Este poder material de las grandes eléctricas se hace evidente con ejemplos como la presencia de expresidentes  y altos cargos políticos en sus consejos de administración a través del fenómeno de las puertas giratorias. 

Las redes de distribución: una problemática velada

Diversos movimientos sociales y administraciones durante años han denunciado las barreras y resistencia de las grandes empresas comercializadoras al establecimiento de medidas de protección contra los cortes de suministros por impago y el sobreendeudamiento de los hogares. Si ya era difícil señalar las responsabilidades de las grandes empresas comercializadoras, la tarea se vuelve titánica cuando la responsable es una empresa distribuidora permanentemente en la sombra.

Centenares de vecinos y vecinas han alzado su voz en distintos puntos de la geografía estatal para denunciar las malas condiciones y la falta de inversión en la infraestructura de distribución en sus áreas urbanas. Barrios como el Culubret i Sant Joan, en Figueres; Font de la Pólvora, en Girona; la Cañada Real, en Madrid; o el Puche, en Almería, se han movilizado, especialmente durante los últimos meses, para reivindicar un suministro energético digno. Habitantes de territorios en los que interseccionan múltiples ejes de desigualdad, como el socioeconómico o étnicoracial, pero también el institucional. Y con un elevado grado de degradación urbana que han sido olvidados tanto por las administraciones públicas, en materia de renovación urbana e inversión en servicios, como por parte de las empresas distribuidoras: ¿para qué invertir en los barrios olvidados? 

Pensar la energía como una infraestructura básica a través de la que se articulan buena parte de relaciones sociales y se satisfacen necesidades básicas nos lleva a repensar la energía como común

Si bien las responsabilidades de las empresas distribuidoras se encuentran reguladas, el control de su cumplimiento y su sanción es más complicado. Los ayuntamientos, en muchas ocasiones, se enfrentan a equilibrios imposibles entre unas administraciones estatal y autonómica pasivas, unas multinacionales inalcanzables y la necesidad de respuesta ante comunidades enteras en situación de precariedad energética.

Ante el aumento de situaciones extremas de precariedad, han emergido en los últimos años distintas formas de justificación por parte de las instituciones responsables, siendo el discurso criminalizador el más extendido. La Generalitat de Catalunya es una buena muestra del mismo. Después de años de quejas por parte de los barrios (y también ciertos de ayuntamientos), y ante el empeoramiento de los cortes de luz colectivos por la tormenta Filomena el pasado enero, los departamentos de Interior y de Economía y Empresa (del cual depende Energía) dieron una rueda de prensa en la que abiertamente se puso del lado de la empresa distribuidora atribuyendo los cortes al consumo excesivo provocado por los cultivos ilegales de marihuana. Organizaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética han denunciado esta práctica criminalizadora que, lejos de avanzar hacia una solución, sitúa el foco en un solo aspecto y pone en riesgo la cohesión social y convivencia en los mismos barrios. 

Comunalizar las redes en defensa del derecho a la energía  

Ante esto, desde el municipalismo social —que aúna en la esfera local tanto a administraciones comprometidas como a ciudadanía organizada y movimientos sociales— se propone la recuperación del control sobre las redes eléctricas como una medida de autodefensa de los derechos energéticos de las ciudadanas. 

Pensar la energía como una infraestructura básica a través de la que se articulan buena parte de relaciones sociales y se satisfacen necesidades básicas nos lleva a repensar la energía como común. Hablar del común, en este contexto, implica poner en valor la posibilidad y el potencial de creación de estructuras colectivas de gestión y control en el sector energético.

El primer paso, y más urgente, debe ser el impulso de auditorías ciudadanas de la red eléctrica

Esta necesidad de recuperación del control sobre el sector se hace evidente desde diferentes perspectivas: tanto desde la visión de la transformación del modelo energético hacia un futuro de justicia socioecológica, como desde un punto de vista social para conseguir una transición justa que no deje a nadie en el camino. Este objetivo ha sido prioritario para muchos movimientos sociales, y así recientemente se ha creado la nueva Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública que aúna municipios catalanes y entidades sociales para el avance hacia la municipalización de las estructuras energéticas y la recuperación de la red de distribución. La comunalización de las redes, en este sentido, debe pasar por estrategias de recuperación de la propiedad y gestión de las mismas a través de estructuras público-comunitarias. Disponer de una red eléctrica neutral, gestionada de forma democrática, transparente y abierta será un elemento clave para la construcción de un futuro renovable y sustentable. 

El primer paso, y más urgente, debe ser el impulso de auditorías ciudadanas de la red eléctrica. Estas deben analizar desde el estado técnico de las instalaciones físicas, a aspectos económicos, inversiones, subcontrataciones y de prestación del servicio. Más allá de los contenidos de la auditoría, también será importante la forma —que sea abierta, transparente y participada— para la democratización efectiva del proceso. 

La municipalización de la red eléctrica (así como la creación de estructuras públicas para la producción y comercialización) no es de por sí suficiente si esta no conlleva una democratización de la energía, tanto en su dimensión de justicia distributiva —esto es de entender el acceso como derecho ciudadano— como en su dimensión procedimental, a través de la apertura, transparencia y control sobre la toma de decisiones. La municipalización y comunalización de las redes, aun siendo un proceso complejo, es posible. Contamos con experiencias locales en el Estado español, a través de ejemplos de redes de distribución en el territorio que sobrevivieron la histórica ola privatizadora. Algunos casos son la Cooperativa Eléctrica de El Pozo, en Madrid; la Cooperativa de Alginet, en el País Valencià, o la distribuidora municipal Electradistribució Centelles, SL. 

Ante la vulneración de derechos básicos, la recuperación del control sobre las redes e infraestructuras, así como su gestión público-comunitaria, son las mejores armas de defensa ciudadana.

Así, más allá de las experiencias referidas a la comercialización (a través de cooperativas o también a través de empresas municipales), el objetivo debería ser la municipalización, con criterios de cogestión ciudadana, de las redes de distribución. En este sentido, existen experiencias de recuperación del control sobre las redes de distribución a través de procesos de remunicipalización en distintas ciudades europeas, siendo especialmente relevante el caso de Hamburgo (Alemania). 

Nos encontramos en un momento de confluencia entre la necesidad de transformación del modelo energético, ante la situación de emergencia climática, y la recuperación y minimización del impacto de la pandemia. En este contexto, los fondos de ayuda europea conocidos como Next Generation EU toman una importancia crucial ya que son, a su vez, una herramienta poderosa que puede ser usada para el impulso de una transición ecosocial justa, y de creación/recuperación de infraestructuras locales para la configuración de un sistema energético justo y descentralizado, o bien puede perpetuar la posición de dominancia de grandes multinacionales.

Diversas plataformas y entidades ecologistas, como el Observatori del Deute en la Globalització, han denunciado el uso de estos fondos para la financiación opaca de grandes empresas, en un escenario en el que en lugar de aprovechar los fondos para promover un modelo descentralizado y democrático, se opta, de nuevo, por  la consolidación de un sistema oligopólico, basado en grandes proyectos concentrados en determinadas zonas, con un claro incremento del desequilibrio territorial y la injusticia ambiental. 

Ante la vulneración de derechos básicos, la recuperación del control sobre las redes e infraestructuras, así como su gestión público-comunitaria, son las mejores armas de defensa ciudadana.