Las afectadas de la EMVS, felices por la sentencia contra Botella: “Luchamos contra gigantes”

Contenta y sin parar de atender el teléfono durante toda la mañana. Así se encuentra Arantxa Mejías, portavoz de las personas afectadas por la venta de vivienda pública a los fondos oportunistas, tras conocer el fallo del Tribunal de Cuentas que impone una multa de 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado. La venta realizada por el Gobierno de Ana Botella, ha acarreado años de angustia a las afectadas, que han visto cómo aumentaba el precio de los alquileres de sus viviendas.

Mejías explica que el trayecto vital de las afectadas durante los cinco años que han pasado desde la venta “ha sido y es vivir en la incertidumbre constante, con miedo, con consternación, en algunos casos generando que la gente tuviese que abandonar sus hogares, porque era inasumible la presión personal que se estaba sufriendo y la presión económica a la que nos están sometiendo estos fondos de inversión, por el incremento de los alquileres y también porque nos ha hipotecado la vida durante estos años: es luchar contra gigantes”, explica en conversación telefónica con El Salto.

Esta portavoz cree que el actual equipo municipal actuó correctamente al trasladar al Tribunal de Cuentas los resultados de la auditoría sobre la venta de estas viviendas a Blackstone, un dictamen municipal que se hizo sin contar para ello con la presencia de Botella y los otros diez altos cargos del anterior equipo implicados, que dieron la espantada en junio de 2016 cuando una comisión del Ayuntamiento examinó la decisión. Hoy, ha trascendido que el equipo de Botella incurrió en una “negligencia grave” en perjuicio en el patrimonio público cuando enajenaron 5.315 inmuebles de titularidad pública —entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos— por un montante de 128,5 millones de euros, cuando el Tribunal de Cuentas estima que su precio superaría los 151 millones.

Así, hoy, 28 de diciembre, el Tribunal de Cuentas ha refrendado lo inacertado de la decisión de Botella. Mejías explica que no esperaban “para nada” este dictamen, hasta el punto de que ha llegado a pensar que se trataba de una broma por el día de los inocentes. Los afectados por la venta, explica, tuvieron que retirarse de la causa en Cuentas porque “en el caso de perder las costas, iba a ser inasumible para nosotros”. No obstante, resume esta portavoz, el proceso penal continúa abierto, después de que los afectados hayan conseguido levantar hasta en dos ocasiones el archivo del caso.

“Que el Tribunal de Cuentas dé esta sentencia y multe a la exalcaldesa por su decisión nos da esperanza de que la causa penal siga adelante y tome decisiones que al final no beneficien no solo a los afectados directos, sino a todos los ciudadanos de Madrid, afectados indirectos por la venta”, señala Arantxa Mejías.

Los tiempos de la causa penal son lentos, aunque la persistencia de los afectados ya ha conseguido que declaren los responsables de Fidere, brazo instrumental de Blackstone, y el anterior consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Mejías confía en que la decisión del Tribunal de Cuentas sirva para que se haga justicia en la causa que está en el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid. También que se esclarezcan los aspectos más opacos de la operación. Preguntada por este periódico sobre si entre esas partes “opacas” está la relación de José María Aznar Botella con Blackstone a través de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, Mejías subraya que debe imponerse la “cautela” y dejar que sea la justicia la que investigue las posibles conexiones e intereses personales que rodearon la polémica venta.

Al final del camino, Mejías está esperanzada en que las afectadas por la venta a Blackstone “podamos comprar la vivienda al mismo precio al que la ha comprado Fidere… que aún así son las casas más caras de la historia, porque hemos pagado durante todos años, seguimos pagando y soportando el incremento que hacen estos fondos de inversión”. Esta afectada añade su confianza en que se haga justicia “y que esta gente, que tomó una decisión que ha destrozado a tantísimas familias, pague por ello”.

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