Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)
Ana Botella y su equipo deberán pagar 26 millones por el expolio de la vivienda pública madrileña

El antiguo núcleo duro del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Ana Botella, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado.

Según la sentencia, adelantada por la Cadena Ser, Botella y otros siete altos cargos del Consistorio incurrieron en “negligencia grave” al no impedir el perjuicio en el patrimonio público cuando enajenaron 5.315 inmuebles de titularidad pública —entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos— por un montante de 128,5 millones de euros, cuando el Tribunal de Cuentas estima que su precio superaría los 151 millones.

El fallo entiende que en el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo Blackstone, que el Gobierno de Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya probado su participación en la compraventa.

En junio, la Comisión de investigación que el Ayuntamiento de Madrid constituyó para esclarecer los hechos sobre la venta de pisos de protección oficial a fondos de inversión aprobó el dictamen sobre la operación de venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a dichos fondos. Con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, el documento final concluyó que la venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS y no tiene justificación objetiva. Ciudadanos se abstuvo de la votación final por considerar que la comisión “ha sido un teatro”.

El Ayuntamiento confirmó entonces que había iniciado acciones legales antes el Tribunal de Cuentas para exigir la devolución de 127,2 millones de euros a la exalcaldesa Ana Botella, al Consejero delegado Fermín Osle, la delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. El documento de la Comisión recomendaba también declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas.

El quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS habría sido, según las conclusiones de la investigación, superior a los 162 millones de euros ya que, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados.

El Ayuntamiento también determinó que la actuación de la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella con los arrendatarios fue “con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento”.