Eléctricas
Sánchez no admite responsabilidades en el apagón mientras sus socios piden nacionalizar la red eléctrica

“La ciudadanía debe tener claro que el Gobierno llegará hasta el fondo en este asunto. Que se harán las reformas y se tomarán las medidas que sean necesarias y que vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados”, declaró el presidente Pedro Sánchez este 29 de abril en su tercera comparecencia desde el apagón que dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica. 

Para ello, el presidente anunció la creación de una comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, independiente de la que realicen los operadores privados. Además, el Gobierno ha encargado un informe independiente a la Comisión Europea y otro al Instituto Nacional de Ciberseguridad. 

Beatriz Corredor, exministra de Vivienda del PSOE y actual presidenta de Red Eléctrica, cobra 546.000 euros al año. El mismo sueldo que recibía su antecesor, Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas también con el PSOE

El señalamiento a estos “operadores privados” pasaba por alto que el regulador de todo el sistema, Red Eléctrica Española, es una entidad semipública, donde el principal accionista, con el 20%, es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El segundo mayor accionista de esta empresa es el millonario gallego Amancio Ortega a través de Pontegadea Inversiones, con un 5%; y el tercero, con un 4,644%, el mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock.

Lógicas de mercado y puertas giratorias

Pese a que el principal accionista es el propio Estado, REE se rige por “lógicas de mercado”, algo que no debería ocurrir, critican desde Podemos, Movimiento Sumar, IU, Más Madrid o Compromís. “El control público del sector de la energía y las telecomunicaciones debe ser una prioridad absoluta para nuestro país”, declaró la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este 29 de abril. La líder de la formación morada rechazó por el momento pedir explicaciones al Gobierno y aseguró que “ya habrá momento para evaluar la acción del Ejecutivo y ver si hay que exigir que se diriman responsabilidades”. Belarra apostó, en rueda de prensa, por reforzar la intervención del Estado: “Ayer quedó más claro que los sectores estratégicos deben estar bajo control público, bajo control democrático”. 

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Un crecimiento desmedido de las renovables guiado por intereses corporativos y una red eléctrica que no ha sido actualizada a la nueva realidad energética son algunas de las causas señaladas del apagón del 28 de abril.

Desde Más Madrid señalan que una infraestructura crítica para la seguridad nacional como la red eléctrica “no puede ni debe estar supeditada a la lógica del mercado y la maximización del beneficio que implica la participación privada y el reparto de dividendos”. La formación defiende la necesidad de “recuperar el control público sobre la red eléctrica” para asegurar que la inversión y la planificación “prioricen la estabilidad, la resiliencia y la garantía de suministro” para toda la ciudadanía y “no la rentabilidad privada”. 

Para todo ello, dicen desde Más Madrid, es necesario una “mayor intervención y control estatal”. Desde un punto de vista técnico, exigen una mayor inversión en sistemas de almacenamiento, acelerar y ampliar las interconexiones con Francia, y adaptar la legislación y los códigos de red para permitir que las plantas de generación renovable puedan funcionar plenamente sin riesgos para el sistema.

Desde el Movimiento Sumar han difundido un texto este 30 de abril en el que también apuntan a la responsabilidad del “oligopolio energético” y reclaman un “control público del 100%” de la red para garantizar el “derecho a la energía”. El diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha reclamado “nacionalizar” un sistema eléctrico que “el bipartidismo privatizó”. Todo ello, continúa, para “forrar a cuatro multinacionales y colocar a un puñado de cargos” con una batería interminable de casos de puertas giratorias. 

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Tres presidentes y más de 20 ministros han pasado de crear las reglas del mercado eléctrico a cobrar millonarios sueldos en las empresas del sector.

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De hecho, desde 2020, la presidenta de Redeia y del Consejo de Administración de Redeia Corporación S.A, responsable de Red Eléctrica Española, es Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda del PSOE. Su sueldo al entrar en el cargo era nada menos que de 546.000 euros al año. La socialista sustituía a otro histórico del Partido Socialista, Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, que cobraba un sueldo similar. Este alto cargo del PSOE reemplazó a su vez al popular José Folgado, que había sido alcalde por el PP en Tres Cantos y alto cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy. A su salida, Folgado cobró una indemnización de 718.000 euros. 

ERC y BNG pidieron en la mañana del 29 de abril la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y varios ministros en el Congreso por el apagón. Los republicanos catalanes critican la “falta de información oficial puntual en los momentos inmediatos del apagón”, algo que produjo sensación de desinformación. Una posición coincidente en algunos puntos con la del PP, que pide una comparecencia inmediata para poner “fin al apagón informativo” del Gobierno. El partido de Alberto Núñez Feijóo también ha solicitado la comparecencia de Beatriz Corredor, máxima responsable de REE.

Alberto Ibáñez, de Compromís, exige “nacionalizar” un sistema eléctrico que “el bipartidismo privatizó” para “forrar a cuatro multinacionales y colocar a un puñado de cargos”

Para el científico del CSIC Antonio Turiel, en declaraciones en Canal Red, el apagón experimentado el pasado 28 de abril está íntimamente vinculado con la “codicia de las grandes empresas” del sector. La falta de inversión en sistemas de estabilización, “algo que se sabe que se tiene que hacer, pero no se ha hecho porque resulta más barato”, ha sido clave en momentos en los que la red estaba funcionando casi al 60% con energía solar, como ocurrió a las 12:32h del pasado lunes. Esto se podría haber compensado, explica, si las grandes empresas hubieran tenido las centrales de ciclo combinado preparadas, funcionando al mínimo, “pero no se ha querido hacer” para maximizar beneficios. “Ha sido una imprudencia increíble que no se tiene que consentir, ya que la regulación es bastante clara al respecto, y aquí para ganar un poco más de dinero han dejado el país a oscuras”, sentencia.

Muchos de los problemas, explica, se solucionarían obligando a todas las instalaciones, especialmente a las más antiguas, a cumplir con las normativas aprobadas en 2022: “Solo con eso sería suficiente para evitar los problemas actuales. Pero las eléctricas se opondrán siempre porque supondría un desembolso económico que no quieren hacer, pero la seguridad del Estado y de la población debe estar por encima de estos intereses”.