El Gobierno llevará al Constitucional la investidura de Puigdemont

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para impugnar la posibilidad de que Puigdemont sea investido.

Puigdemont Campaña 21D
Acto de campaña de Junts per Catalunya, el pasado 9 de diciembre.

publicado
2018-01-25 13:45:00

El Gobierno ha movido fichas para impedir que el depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sea investido de nuevo.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en una comparecencia desde La Moncloa que el Ejecutivo ya ha solicitado al Consejo de Estado un informe para impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlament del 22 de enero que propone a Carles Puigdemont como candidato a la investidura.

“El presidente del Parlament no puede proponer al señor Puigdemont como candidato. Tiene una orden de detención en España incompatible con su presencia en la Cámara”, ha asegurado la número dos del Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha adelantado que, si el informe del Consejo de Estado es favorable, el Ejecutivo impugnará “este mismo viernes” la candidatura de Puigdemont, lo que conllevaría la suspensión de la misma.

La vicepresidenta ha insistido en que el “estatus jurídico” de Puigdemont, que “carece del derecho de libertad ambulatoria” que le permitiría acudir al Parlament, hace “imposible” su investidura. “Sería detenido tan pronto como entrase en territorio español”, ha pronosticado.

En ese sentido, Sáenz de Santamaría ha calificado como “circunstancia insólita” el hecho de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tuviese que trasladarse este miércoles a Bruselas para reunirse con el candidato a la investidura “y no en el Parlament, donde se ha convocado al resto de grupos”.

El anuncio del Gobierno llega un día después de que la Guardia Civil, por orden del juez Llarena, registrase las sedes en Barcelona de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium en busca de información sobre la organización del referéndum del 1 de octubre.

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