El Salvador
El Salvador de Bukele cambia seguridad por control total

Cuando recibí la solicitud de El Salto para escribir un texto sobre la megacárcel de Nayib Bukele, me entusiasmé. El escandaloso vídeo publicado por el Gobierno salvadoreño enseñando el músculo de su política de “guerra contra las pandillas”, con imágenes en la cárceles, comparadas con campos de concentración, no dejan a nadie indiferente. Quería testimonios de gente en el terreno, escapar del discurso de las grandes ONG. En seguida empecé a documentarme, leí los informes de CristoSal y de Human Rights Watch, el portal alternativo Gato Encerrado y por supuesto el periódico digital El Faro, referencia indispensable sobre la actualidad salvadoreña, especialmente interesante el editorial titulado “Sin maras y sin democracia”.

Contacté con varias personas amigas y conocidas de toda mi confianza con vínculos en El Salvador. Debía de escribir el texto para antes de que se dejara de hablar sobre el tema. Sorpresivamente, los testimonios y contactos tardaron en llegar. Un amigo salvadoreño, muy cercano, que vive fuera de las fronteras de su país me confirmó la razón “yo te puedo ayudar en lo que quieras, pero no puedo visibilizarme, podrían tomar represalias contra mí, está todo intervenido”. Finalmente, encontré otros contactos, todos fuera del país que incidieron en la dificultad para desarrollar el trabajo de defensa de derechos humanos desde las organizaciones sociales.

CristoSal y HRW ha denunciado filtraciones informativas en las que se evidencian abusos de poder a gran escala durante el Estado de Excepción que dura ya más de un año

De repente, el Centro de Confinamiento para Terroristas, la joya de la corona del régimen de Nayif Bukele, pasó a segundo plano. La situación es compleja, extraordinaria y alarmante. El control es total. En marzo de 2022, varias medios de comunicación independientes habían solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia sobre el uso abusivo del programa espía Pegasus por parte del Gobierno salvadoreño para vigilar a periodistas y miembros de la sociedad civil. Distintas investigaciones señalaron, según Gato Encerrado, que los avances en la transparencia de la información pública habían tenido un grave retroceso. Información importante sobre gastos, contratos, estadísticas y planes del Gobierno de Bukele se esconden sistemáticamente al escrutinio público, de forma alarmante. Además, se realizó una reforma al código penal que permite penalizar a medios de comunicación si publican información relacionadas con comunicados o mensajes de las maras, los cuáles podrían sufrir penas de hasta 15 años, algo que el Comité para la Protección de Periodistas ha señalado como mordazas a la información. Por si fuera poco, CristoSal y HRW ha denunciado filtraciones informativas en las que se evidencian abusos de poder a gran escala durante el Estado de Excepción que dura ya más de un año.

Pero ¿cómo se llegó a esta situación?

No se puede entender el oportunismo y el éxito de la política autoritaria de Bukele sin conocer la historia reciente de El Salvador. Tras 12 años de guerra civil, se firmaron los acuerdos de paz en 1992 que dieron como resultado la llegada de la democracia liberal, en la que se han repartido el poder, alternativamente, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que es la izquierda emanada de la guerrilla, y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de derechas. Esta época representó una época de amplias reformas militares, sociales y políticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ninguna de las dos tendencias políticas logró acabar con la lacra de la pobreza y la grave desigualdad, que fueron el caldo de cultivo para la generación de las maras, todo un poder alterno y mafioso que llegó a controlar gran parte de la vida social y política en el Salvador.

Emanado del FMLN, Nayib Bukele comenzó su carrera política como alcalde de 2012 a 2015 en Nuevo Cuscatlán y de 2015 a 2018, como alcalde de la capital, San Salvador. Sin embargo, debido a conflictos internos, fue expulsado del Frente y en 2018 fundó su propio partido, Nuevas Ideas. Finalmente en 2019, obtuvo la presidencia de El Salvador, con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) por mayoría absoluta. Desde la campaña a la presidencia, Bukele ha hecho hasta lo impensable para diferenciarse de los partidos tradicionales, incluso llegó a desacreditar los Acuerdos de Paz. Se refirió a este evento histórico como “un pacto de dirigentes decrépitos y dos partidos moribundos que buscaron autoglorificarse para beneficio personal”.

Después de tomar la Corte Suprema de Justicia, el 1 de mayo de 2021, no tuvo ninguna dificultad en declarar el “Estado de excepción” por 30 días, que se han ido extendiendo hasta la fecha

Lo primero que hizo el nuevo presidente al ganar las elecciones nacionales fue lanzar su “Plan Control Territorial” que consistió en sacar a la policía y a los militares a las calles para combatir a las pandillas, a las maras. No obstante, este plan, que disminuyó en un 51% el índice de mortalidad, fue criticado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque evidenció que la disminución de muertes se debía realmente a los pactos a los que había llegado Bukele con las pandillas del crimen organizado. Sin embargo, el pacto se rompió en marzo del año pasado, cuando en tan solo 48 horas, las maras asesinaron a casi 90 personas. Y Bukele, que ya había asaltado el parlamento el 9 de febrero de 2020 y había tomado la Corte Suprema de Justicia, el 1 de mayo de 2021, no tuvo ninguna dificultad en declarar el “Estado de excepción” por 30 días, que se han ido extendiendo hasta la fecha y es actualmente la política que domina la vida de forma totalitaria en territorio salvadoreño.

Desde entonces, se han detenido alrededor de 65.000 personas y se han suspendido las garantías constitucionales, por ejemplo, cuando una persona es capturada no tiene derecho a ser informada del porqué de la detención, ni a un abogado. La presentación ante un juez ha pasado de 8 horas hasta 15 días o más. Se han intervenido las comunicaciones. Se han presentado cientos de denuncias de capturas arbitrarias, que no han sido atendidas por un sistema colapsado y se ha restringido la circulación para vigilar a la población mediante cercos militares. Paralelamente se han desarrollado reformas penales, la asamblea legislativa aprobó endurecer las penas, decretar la figura de jueces sin rostro (es decir, no se conoce su identidad) y juzgar a niños como adultos. También se han establecido recompensas económicas para quien denuncie la participación delictiva de alguien de forma anónima. Reforma y censura a medios de comunicación, incluyendo la ya mencionada pena de cárcel de hasta 15 años para medios y periodistas que informen sobre las pandillas.

Desde la declaración del estado de emergencia se han detenido alrededor de 65.000 personas y se han suspendido las garantías constitucionales

En este contexto, entra, ahora sí, la joya de la corona, la construcción del Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), la mayor cárcel de máxima seguridad en el continente, con una capacidad para 40.000 reos, la cuál ha sido presentada con un despliegue mediático inigualable. No podemos olvidar que Bukele se vende bien, tiene experiencia profesional como publicista y su política de mano dura le ha llevado a lograr un índice de aceptación de entre el 80% y 95% en varias encuestas. Se espera que arrase en las elecciones salvadoreñas de febrero del próximo año y en países de la región ya se habla del fenómeno Bukele, con el que se hace alusión a la aceptación de las masas de la política de mano dura. Amnistía Internacional indicó que la tasa per cápita de personas encarceladas más alta del mundo es ya la de El Salvador con 1.164 personas, casi el doble que en Estados Unidos que es de 639 reos por cada 100.000 habitantes.

La política de mano dura ya se había aplicado en el pasado por los gobiernos de Francisco Flores en el periodo de 1999 a 2004 y de 2004 a 2009, sin embargo, las maras volvieron a resurgir, incluso más fuertes que antes. Parece ser según algunos especialistas que lo que ha cambiado es la voluntad política del presidente Bukele “antes a los tres o seis días salían de la cárcel y ya estaban masacrando otra vez”. Además, el presidente cuenta, por la vía de los hechos, con el control dictatorial de instituciones clave, como el órgano judicial y legislativo para imponer su voluntad.

El pueblo de abajo está por un lado hipnotizado y por otro maravillado. Tiene décadas que la violencia no le permitía vivir tranquilo. No podía salir a la calle a convivir o trasladarse a otro municipio sin pedir autorización o pagar a las maras. Con el régimen de excepción, la gente ha vuelto a las calles. La mayoría de los habitantes coinciden en que es una lástima que inocentes estén detenidos, pero anteponen la paz que ahora viven. Hablar de vulneraciones de derechos humanos parece hoy secundario para gran parte de los salvadoreños, quienes se centran en destacar la evidente mejoría en la seguridad de un país que llegó a ser el más violento del mundo y que ahora se presenta como el más seguro de América Latina.

No podemos olvidar que Bukele se vende bien, tiene experiencia profesional como publicista y su política de mano dura le ha llevado a lograr un índice de aceptación de entre el 80% y 95% en varias encuesta

¿De verdad Bukele ha acabado con las maras? Es difícil asegurar que todos los líderes estén encerrados o que no hayan huido. Algunos apuntan a que el bukelismo ha pasado a ser el mando principal de las mafias, con las que antaño negociaba. Otros, como la organización Insight Crime, apuntan a que la estructura se ha internacionalizado. Solo el tiempo nos permitirá analizar cabalmente esta situación, pero sí podría fácilmente imaginarse un contexto como ocurre en los países ricos, donde la violencia callejera es un asunto menor, porque el crimen organizado está controlado desde las altas esferas, permitiendo el flujo de drogas u otros delitos a estas sociedades.

En línea con las organizaciones sociales nacionales e internacionales independientes, no es posible no reconocer la disminución delictiva, pero es lícito preguntarse, ¿por cuánto tiempo se tendrá que mantener el “Estado de Excepción”?, es decir, ¿hasta cuándo la población deberá de vivir sin garantías constitucionales? Esta claro que el pueblo salvadoreño ha puesto en una balanza la situación y ha preferido las miles de detenciones arbitrarias, decenas de muertes y graves abusos en las cárceles y en los procesos judiciales; a la situación anterior, incluso hay gente que apoya la política de mano dura, teniendo familiares injustamente encerrados. Es perfectamente comprensible, han elegido el mal menor, para escapar de una situación apocalíptica que ya llevaba varias décadas. Un gran respiro.

Es difícil asegurar que todos los líderes estén encerrados o que no hayan huido. Algunos apuntan a que el bukelismo ha pasado a ser el mando principal de las mafias, con las que antaño negociaba

Lamentablemente, es todo una fachada, porque las condiciones que dieron origen a la violencia no han desaparecido, tarde o temprano volverán. No puede haber capitalismo sin violencia, el capitalismo es violencia, porque hay unas relaciones de opresión. De hecho, ahora mismo es el Estado quien ejerce la violencia de forma monopólica, pero la ejerce y eso no se va a quedar así. ¿Qué pasará con toda la gente inocente reprimida? Si el régimen de Bukele no comienza ya una política de reparación a las violaciones a los derechos humanos, si no pone cotos al capitalismo extractivista salvaje y no desarrolla una política del bienestar que permita salir al pueblo de la pobreza, la situación va otra vez a reventar. Porque para conseguir la paz, el fin nunca justifica los medios. La paz es el camino. Y el camino si no es democrático, es también violento. Hasta que las organizaciones sociales independientes no confirmen un compromiso con los derechos humanos y la soberanía económica, la política de Bukele estará destinada al fracaso.