Historia
Las jornadas de Sevilla sobre 1936 como síntoma

No hace falta haberse tragado ninguna de sus exitosas novelas para saber quién es Arturo Pérez-Reverte. Hay quien le lee con gusto; seguramente hay quien se divierta con los exabruptos de shock jock castizo de sus columnas y tuits. Pero a nadie le sorprenderá que somos también muchas y muchos los que le consideramos uno de los principales responsables de ese estado cultural colectivo conocido como “polarización”. Como filibustero francotirador, Pérez-Reverte lleva muchos años despotricando, maltratando e insultando a quien le ha venido en gana, desacreditando a instituciones, colectivos vulnerables y tendencias culturales. Mientras tanto, la autosuficiencia cuñadista que le gusta proyectar sirve de caldo de cultivo para posturas ideológicas que solo pueden calificarse de reaccionarias. Irónicamente, además, a pesar de su pertenencia a la Real Academia de la Lengua, lo cierto es que sus intervenciones han contribuido a degradar el lenguaje y, sobre todo, a degenerar las formas esperables en una esfera pública mínimamente saludable. Si cabe considerarlo un pionero, es por haber anticipado las prácticas más tóxicas de las redes sociales. 

Como se sabe, a finales de enero, Pérez-Reverte se ha situado de nuevo en el centro del debate público al figurar como uno de los coordinadores de unas jornadas que se iban a celebrar a principios de febrero en Sevilla, patrocinadas por Cajasol, y tituladas “1936: La guerra que todos perdimos”. La polémica que ha suscitado el asunto ha causado en unos días tal número de bajas entre los participantes que el encuentro se acabó cancelando a menos de una semana antes de su comienzo. 

Sin embargo, incluso una vez cancelado, la controversia pública que ha rodeado el evento sirve para revelar dinámicas culturales que otro modo quedarían ocultas. De hecho, más que las propias jornadas, llama la atención la polémica y la indignación que ha generado su programación. Las preguntas que plantea son varias. Para empezar, ¿a quién demonios se le ocurre encargar un evento sobre la guerra del 36 supuestamente pensado para generar diálogo a una figura como Pérez-Reverte? Y ¿a quién se le ocurre aceptar su invitación? En un sentido más amplio, ¿qué nos dice esto sobre el estado de la esfera pública y de quienes hablan en ella acerca del pasado? 

Por fortuna, los ingenuos se han podido curar en salud. Si alguien albergaba aún alguna duda, la polémica le ha servido a Pérez-Reverte para volver a hacer gala de su natural agresividad verbal, esta vez contra el escritor David Uclés, quien, como se sabe, declinó participar en el evento al percatarse de que la convocatoria incluía entre los invitados a Aznar y Espinosa de los Monteros. (Uclés los llama “individuos”, rompiendo con la manera a que nos han acostumbrado a dirigirnos a ellos, como “El señor…”) Para el novelista, son personajes que no poseen credenciales para dialogar con solvencia acerca del pasado común, ni mucho menos de la guerra del 36: Aznar es “la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente”, mientras que Espinosa de los Monteros “ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir y que defiende unos valores que no comparto y contra los que lucho”.

 ¿A quién demonios se le ocurre encargar un evento sobre la guerra del 36 supuestamente pensado para generar diálogo a una figura como Pérez-Reverte? Y ¿a quién se le ocurre aceptar su invitación?

Llama la atención, sin embargo, que al comunicar su decisión, Uclés solo incluyera en su nómina de “individuos” problemáticos a políticos profesionales. Esto no es inocente. Al dejar fuera de su listado al propio Pérez-Reverte, por ejemplo, se nos viene a sugerir que los empresarios culturales —y, en general, los formadores de opinión— no son comparables en responsabilidad pública a los políticos profesionales que con sus medidas han empeorado nuestra convivencia, o cosas peores. Viniendo de alguien que, como Uclés, es ya él un formador de opinión, la postura revela una tendencia sintomática entre las figuras públicas en España hoy: no señalan, o se niegan a ver, los problemas de los espacios sociales, profesionales o institucionales en el que ellos mismos se desenvuelven. Así tenemos en este caso a Luis García Montero, empresario cultural y formador de opinión donde los haya, corriendo a respaldar la postura de David Uclés, alabando a su colega escritor y opinador por poner en valor sus principios, una virtud no siempre reflejada en la carrera del propio poeta. 

Un problema de inconsciente colectivo

Como se sabe, el foco de la polémica, que comenzó cuando se publicó el cartel en redes, rápidamente giró hacia el título de las jornadas. A nadie le escapa ya que “1936. La guerra que perdimos todos” es un ejemplo perfecto de “equidistancia”, postura que cada vez más gente reconoce como lo que es: un instrumento para blanquear el fascismo histórico y dar entrada en la esfera pública al de hoy. Los organizadores se apresuraron a exculparse, pero tirando de la peor de las excusas: al parecer, un problema de maquetación habría impedido que apareciera el verdadero título, en el que la frase se enmarcaba entre signos de interrogación. ¡Como si los interrogantes cambiaran lo esencial de su contenido! Formulada como pregunta, la frase tan solo viene a indicar que el asunto quiere tratarse de manera abierta, con posible respuesta afirmativa o negativa tras un debate, y para encontrar acuerdos o no. 

La cuestión no es, por tanto, que el tema sea presentado como una propuesta de debate o siquiera diálogo; es el marco temático lo que resulta tan perturbador. Sea en forma de pregunta o afirmación, el punto de partida es el mismo: poner en pie de igualdad a víctimas y victimarios sobre el suceso más parte-aguas, desgarrador y traumático de la historia española contemporánea, y de paso —hablando desde un “nosotros” transhistórico— identificar a los cómodos españoles de hoy, protegidos por la UE y la OTAN, con quienes dieron la vida defendiendo una república democrática asolada por reaccionarios armados desde dentro y fuera del país. (No sorprende que esto escandalizara a Antonio Maíllo, el líder de Izquierda Unida, quien también se ha borrado del acto al que había sido invitado.) 

Pero, ante todo, el problema del marco del encuentro sevillano es su anacronismo; se trata de un enfoque propio del tardofranquismo. La posibilidad de que la guerra la “perdiéramos todos” se planteaba en 1976, cuando el régimen de Franco empezaba a tambalearse y la emergente historiografía académica podía comenzar a poner en tela de juicio el relato que el propio régimen había adoptado desde la década anterior, conforme el marco narrativo precedente —que hablaba de la guerra como una Cruzada victoriosa frente a la anti-España— hacía aguas. El franquismo reaccionó a tiempo y acogió la fórmula de la trágica “guerra fratricida” en la que “todos fuimos culpables”. Conviene recordar, sin embargo, que en aquel entonces este marco lo asumió una parte de la emergente historiografía académica no afecta al régimen —algo que se puede comprobar en los prólogos de muchos estudios sobre la república y la guerra publicados en la segunda mitad de los años setenta y más allá—, porque facilitaba enjuiciar negativamente a la democracia republicana de los años treinta.

La cuestión no es, por tanto, que el tema sea presentado como una propuesta de debate o siquiera diálogo; es el marco temático lo que resulta tan perturbador

El título del encuentro sevillano nos ha devuelto a ese contexto. Debería haber sido obvio desde el comienzo que este no es un mantra que pueda servir hoy día como eje para abordar el 1936, del que se cumplen nada menos que noventa años. Pero el hecho de que haya habido patrocinadores, organizadores e invitados que no se han percatado de que se trata de un planteamiento a todas luces obsoleto es algo que cabe leerlo como síntoma. 

¿Estamos entonces ante un ejemplo más de nostalgia del franquismo desarrollista? Creemos que no. Se trata de algo más correoso: el retorno a unos orígenes que revelan la condición de ese discurso equidistante como trauma matricial que mantiene atrapada a una parte de la conciencia colectiva de los españoles —sobre todo entre quienes se socializaron en el contexto transicional—. Es ese inconsciente más estructural el que explica las reacciones, a menudo paradójicas e incongruentes, de figuras públicas ante las iniciativas culturales inspiradas por la extrema derecha. Afecta por ello muy especialmente a los temas que tocan el pasado, como es el de la guerra del 36. De ahí que en este caso los despistes, la desorientación y/o la falta de reflejos se hayan manifestado con más crudeza entre los invitados que son historiadores profesionales. Aunque sus reacciones han variado, todas ellas resultan altamente sintomáticas.

Una de las historiadoras invitadas, por ejemplo, Zira Box, publicó una tribuna en ElDiario.es en la que se hizo eco de las críticas al punto de partida del encuentro. Pero también quiso mostrarse dialogante y no sectaria, subrayando la virtud de hablar en espacios no necesariamente amigos: “¿Solo queremos participar en encuentros ideológicamente afines y en los que todos los participantes son de nuestra misma ideología y/o profesión, o es precisamente en aquellos lugares donde se cuestionan nuestras convicciones, fundamentadas en investigación, donde es más importante que la ejerzamos?”. No obstante, concluyó que, “en lo personal,” había decidido pasar del encuentro: “la sobreexposición involuntaria en redes y la presión sentida por parte de mucha gente de quien hubiera esperado un intercambio argumental más sosegado me han hecho renunciar a ir a un espacio en el que creo que debemos estar”.

Para Box, el hecho de que las y los historiadores no se muestren dispuestos a entrar en espacios como el que quiso crear Pérez-Reverte en Sevilla es fruto de una tendencia propia de su gremio a quedarse en su propio corral. “A lo mejor”, escribe, “es el momento de que nos dejemos de tanto golpe de efecto airado y de que nos sentemos a reflexionar sobre qué papel deben (o debemos) cumplir quienes investigamos con rigor sobre la guerra y el franquismo o quienes, desde el mundo de la cultura y el periodismo, tienen un compromiso fuerte con la memoria democrática”. Estamos muy de acuerdo con la propuesta; pero lo cierto es que Box no la acaba de asumir. Es más, confirma con su decisión de no acudir al acto una tendencia problemática entre sus colegas de profesión desde los años de la Transición: los historiadores, no es que no intervengan en la esfera pública, sino más bien que eluden abordar con rigor y honestidad el significado y los efectos de dicha presencia pública.

No solo es falso que las y los historiadores españoles, sobre todo los que se han ocupado del siglo XX, se hayan refugiado en sus espacios universitarios o nieguen a participar en los debates sobre actualidad: es que además estos expertos académicos están lejos de ser figuras de segunda fila en la creación de la opinión pública acerca del pasado comunitario, desde la Transición hasta hoy. De hecho, fueron precisamente ellos los forjadores de ese lema colectivo del 36 como “fracaso colectivo”, un mito tan perdurable que desde 1976 reaparece cada vez que se produce una sensación de crisis en la convivencia colectiva. No hace falta tener muchos seguidores en X o estar todo el día “en el candelabro” para ser conscientes del poder que ha tenido la historiografía académica en España para definir los límites de lo pensable acerca del pasado, y por tanto el presente y el futuro.

Los historiadores, no es que no intervengan en la esfera pública, sino más bien que eluden  abordar con rigor y honestidad el significado y los efectos de dicha presencia pública

Al no poner esto en valor, el historiador acaba presuponiendo que lo único importante son los espacios públicos de difusión de su discurso, en los que por otro lado es fácil que el experto se convierta en un pontificador más o, peor, un influencer de medio pelo. Zira Box es honesta al reconocer que, ante esa tesitura, uno se debe a su comunidad moral de referencia. Otros colegas suyos, también invitados, se han mostrado en cambio bastante más contumaces al querer persuadirnos de que su presencia en las jornadas obedece a firmes criterios cívicos o pedagógicos. Julián Casanova se justifica diciendo que su modus operandi es estar siempre activo: “Hace más de 40 años que investigo, enseño, escribo y difundo historia. Esa es mi trinchera”, rezaba su mensaje en redes, acompañado de imágenes de sus publicaciones, que no son sospechosas de ser conservadoras ni franquistas. 

Pero la decisión de participar o no en la jornada de Pérez-Reverte no es justificable aduciendo una trayectoria como especialista y divulgador en el tema de la guerra, sea desde el sesgo ideológico que sea. Lo que está en juego es qué postura se adopta ante el plante de Uclés. Casanova elude ese dilema —que es moral y no académico— argumentando que, al saltar a la esfera pública, la cuestión se ha reducido a un “ruido… infernal” (sugiriendo de paso que solo la suya en redes es una opinión razonable). Casanova, en otras palabras, parece estar padeciendo el “síndrome Santos Juliá”: el formador de opinión que disfruta de una abundante presencia mediática pero que al mismo tiempo se niega a reconocer el poder de influencia que ejerce sobre la opinión pública, y se presenta, de forma algo trilera, como un humilde obrero de una actividad profesional vocacional. 

Mucho más elocuente es, desde luego, la postura de otros historiadores invitados que no se han retirado del evento. Fernando del Rey lleva años dedicado a confundir a cualquier incauto con que, puesto que las víctimas de la guerra son iguales, lo mismo debe decirse de sus perpetradores, todo ello sirviéndose de un cuestionable “método” (pero que le ha hecho ganar un Premio Nacional de Historia, concedido por un tribunal que debiera ser objeto de escrutinio público); por su parte, Manuel Álvarez Tardío ha investigado con igualmente cuestionable rigor que en las elecciones que ganó el Frente Popular hubo corrupción —para poner en circulación el anacronismo de que esa información, que solo podemos tener hoy, viene a deslegitimar el proceso electoral de 1936 (!)—. Si a estos especialistas realmente les interesase un saludable diálogo que contribuya a mejorar la convivencia, habría que esperar que se negasen a compartir espacio con un “individuo” como Aznar, pero porque saben perfectamente que el expresidente del Gobierno promovió en su día en los canales de información pública la difusión de que la guerra la inició “la izquierda”, espoleando una perversa conversión de víctimas en verdugos que tuvo su recorrido. Con su silencio aquiescente ante la polémica revelan estar sobradamente cómodos de figurar bajo un obsoleto lema temático, que comparten porque les permite seguir denigrando la democracia popular de la Segunda República. Sería bueno saber qué opinan de la decisión de suspender la jornada otros historiadores invitados, como Enrique Moradiellos o Gutmaro Gómez Bravo, que tampoco se han pronunciado públicamente sobre la polémica.

Un marco narrativo alternativo por definir y desarrollar

Frente a este panorama de justificaciones y silencios, la postura de David Uclés brilla. Porque refleja, cuando menos, el cambio profundo de sensibilidad colectiva —un nuevo sentido común— hacia el pasado criminal heredado, un asunto que la transición dejó sin resolver al asumir el lema tardofranquista y proyectarlo sobre la esfera pública de la democracia por venir. Ese cambio no se queda en un simple posicionamiento moral, sino que conlleva enfoques críticos que dejan al desnudo el marco narrativo sobre la guerra española que ha acompañado hasta hoy a la democracia posfranquista. Incluso puede decirse que esbozan una propuesta de marco alternativa. La literatura va siempre por delante de la academia, representando los cambios en la sensibilidad colectiva, en el doble sentido de darles voz y a la vez forma. Aunque, como se ha señalado con acierto, su producción tiene una factura generacional, con lo que conecta instintivamente la obra de Uclés es la sensibilidad ciudadana generalizada. La inmensa mayoría sencillamente ya no está dispuesta a aceptar determinadas humoradas acerca de lo malos que eran unos y otros, o ningunos, hace noventa años. 

Cómo trasladar al terreno del conocimiento sobre del pasado traumático un marco aún en esbozo es, por tanto, lo que merece ahora abrir a debate. Aunque ya hay historiadores —y seguramente habrá más— que han dejado claro en público que no es de recibo un marco temático como el de la jornada de Sevilla, lo que este escándalo ha puesto de manifiesto es que la perspectiva estética y narrativa que encarna Uclés reclama aún ser acogida para su posible incorporación entre la mayoría de los especialistas en el la guerra y sus secuelas. En conjunto, estos se mantienen en un impass que no termina de resolverse. Si el marco de la falaz equidistancia tardofranquista se ha acabado desmantelando y superando, ello ha sido ante todo gracias a la influencia social y cultural del movimiento memorialista. Sin duda también ha contribuido la labor realizada por antropólogos, sociólogos y, claro está, historiadoras e historiadores; pero estos llevan tiempo yendo a rebufo de las tendencias marcadas por la opinión pública y los científicos sociales. Lo demuestra el hecho de que la proporción de los reacios a hablar del franquismo como un fascismo es infinitamente mayor entre los historiadores que entre la gente corriente, los restantes expertos, y sobre todo los medios y las redes sociales; algo incluso más marcado sucede con otras categorías, como la de genocidio.

La literatura va siempre por delante de la academia, representando los cambios en la sensibilidad colectiva, en el doble sentido de darles voz y a la vez forma

Ello no es expresión del rigor del historiador, sino al contrario, de un generalizado desinterés por la reflexión teórica y metodológica entre estos expertos. Hace tiempo que la historiografía española sobre el siglo XX cayó presa de una miopía micro-archivística y un empirismo tan rampante como selectivo (por ejemplo, hasta la fecha las investigaciones históricas han obviado repertorios enteros de fuentes, como las que producen las exhumaciones de civiles masacrados). Esta deontología autolimitadora —pero defendida con uñas y dientes como “científica” por historiadores de perfil progresista tanto como conservador— está en la base del desfase con una ciudadanía cada vez más exigente en materia de argumentos solventes y no solo de datos y reiteraciones de interpretaciones conocidas. Está por ver si los historiadores más jóvenes se despojan de una vez de esos lastres dejados por la generación de la Transición, y que la siguiente ha elevado a dogma corporativo para preservar una exclusividad cada vez más cuestionable, condenando a las emergentes a reproducir caminos trillados y formatos en su día fijados por el marco narrativo obsoleto. 

Si el marco de la falaz equidistancia tardofranquista se ha acabado desmantelando y superando, ello ha sido ante todo gracias a la influencia social y cultural del movimiento memorialista

Pero no todo es un problema de renovación de enfoques que permitan reinterpretar con otra luz datos ya disponibles en lugar de contentarse con abrir nuevos de nichos de información. Tanto o más importante para las y los historiadores es recuperar una práctica profesional que ha ido decayendo en las universidades españoles: debatir entre sí sobre cómo armar un marco narrativo sobre la guerra del 36 y sus secuelas que no deje espacio a los nostálgicos de los mitos tardofranquistas ni a los urdidores de nuevos relatos reaccionarios. Claro que hacer esto implicaría abrir de una vez el melón más gordo: ¿qué es un conocimiento riguroso acerca del pasado más allá de la excavación de documentos y la aportación de evidencias para dar sentido a acontecimientos relevantes del pasado? Responder a esta pregunta seguramente pondría al desnudo las carencias deontológicas de algunos miembros del gremio —entre ellos invitados a las jornadas sevillanas—. Y eso es justamente lo que menos parece gustar hacer a los historiadores españoles, quienes hasta la fecha han venido demostrando que prefieren ser divulgadores, de puertas afuera de la academia, de las opiniones propias antes que polemistas serios, de puertas adentro, de posturas académicas ajenas. Cambiar de raíz esa corrompedora herencia es algo que presupone una capacidad de distanciamiento crítico con las convenciones y limitaciones de su campo disciplinario; pero que asimismo implica a los periodistas, a quienes se debe pedir que, como ha sucedido a raíz de esta polémica, al indagar en la situación real de la historiografía no se queden solo con la opinión de los propios profesionales —porque es fácil que el resultado sea un balance autocomplaciente que pone un velo sobre las falencias internas y las líneas de falla en el diálogo intra-profesional derivadas de una arraigada sordera mutua—.

¿Cómo es que durante el medio siglo que nos separa de la muerte de Franco las cuestiones sobre el exterminio y represión de civiles inermes y su marco adecuado de estudio han tardado tanto en ser objeto de interés académico o de tratamiento en la esfera pública?

En conclusión y por utilizar un símil del mundo del toreo que le va mucho, con su frustrada iniciativa Arturo Pérez-Reverte ha acabado dando la puntilla a un todo complejo psico-social que durante décadas viene retrasando el consenso colectivo sobre cómo interpretar 1936 adecuado a una cultura democrática que valora los derechos humanos. Aunque haya sido contra su objetivo inicial, ahora que el evento se ha pospuesto, se abre un tiempo para poner temas alternativos en el foco. Le sugerimos algunos a Pérez-Reverte, formulados como preguntas, para dialogar —ahora sí— sobre el 36. ¿Cómo es que en medio de un conflicto bélico entre ejércitos fueron exterminados decenas de miles de ciudadanos inermes solo por sus ideas a favor de derechos civiles, políticos y sociales? ¿Quiénes fueron los verdugos activos y pasivos de semejante conjunto generalizado de matanzas masivas? Esto incluye también preguntarse por las diferencias en los objetivos y formas de matar que se dieron entre los defensores de la república democrática y sus destructores; también por investigar, según se ha llamado la atención al hilo de esta polémica, cómo es que ciertas fortunas de la España posfranquista tienen origen en el saqueo y abuso de las víctimas de la destrucción de la democracia de 1931.

Pero hay otra pregunta final, que de algún modo las engloba todas: ¿Cómo es que durante el medio siglo que nos separa de la muerte de Franco las cuestiones sobre el exterminio y represión de civiles inermes y su marco adecuado de estudio han tardado tanto en ser objeto de interés académico o de tratamiento en la esfera pública? Porque cada día que pasa sin poner el foco sobre esta cuestión estamos perdiendo la guerra que se libra hoy entre seguir siendo ciudadanos o dejar (de nuevo) de serlo.