Derechos Humanos
Cuando Manuel Fraga tenía de escolta a un jefe de la Triple A y Ruiz Gallardón era su abogado

Por más que muchos no quieran ni oír hablar de memoria histórica, de los crímenes del franquismo, del terrorismo de Estado de la 'modélica' Transición —Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, Alianza Apostólica Anticomunista, etc—, o del que tuvo lugar durante el primer Gobierno de Felipe González —los GAL— esos temas reaparecerán una y otra vez.

A muchos les habrá aliviado que haya sido el covid-19 el que se haya llevado por delante al torturador 'Billy el Niño' porque creen que así no tendrán que escuchar más las denuncias de muchas de sus víctimas supervivientes o de familiares de los asesinados.

Antonio González Pacheco pudo disfrutar hasta su muerte de esas medallas y bonificaciones especiales que en más de cuatro décadas no le quitaron ni los Gobiernos del PP ni los del PSOE.

En el caso de 'La porra de la Transición', Martín Villa, multicondecorado también, ya se vio la vergonzosa defensa que hicieron de él dos ex presidentes del PP, dos del PSOE, un ex secretario general de UGT y otro de CC OO, cuando la jueza argentina María Servini de Cubría lo interrogó como investigado por al menos doce crímenes de lesa humanidad.

La jueza que instruye la Querella Argentina es consciente de que el muro que supone en España la Amnistía de 1977 le impedirá en cualquier caso encarcelarlo aunque concluya que tiene suficientes pruebas contra él como para inculparlo.

En otros casos ni siquiera tuvo oportunidad de interrogarlos, como sucedió con el propio 'Billy el Niño', con José Utrera Molina, ministro de Franco —y suegro de Alberto Ruiz Gallardón— y con otros de los investigados fallecidos después de iniciada esa causa.

Manuel Fraga hubiera sido investigado

El propio Manuel Fraga —otro 'padre' de la Constitución— de no haber muerto en 2012 hubiera sido  investigado seguramente en el marco de la Querella Argentina por su responsabilidad, aún mayor que Martín Villa, en la represión tanto durante los últimos años del franquismo como en los Gobiernos de la Transición.

No en vano Fraga fue ministro portavoz de Franco cuando el dirigente comunista Julián Grimau fue fusilado en 1963, y también lo era cuando fue 'suicidado' por la Brigada Político Social el estudiante Enrique Ruano, militante del Frente de Liberación Popular (FLP).

Directores de prensa de aquella época reconocieron posteriormente cómo Fraga, ministro de Información y portavoz, les presionó para publicar informaciones falsas sobre supuestas inclinaciones suicidas de Ruano para intentar encubrir el crimen.

Las protestas que provocó el asesinato de Ruano, con huelgas en las universidades y manifestaciones en todo el país, llevaron a la dictadura a declarar el estado de excepción. Cientos de estudiantes fueron detenidos, golpeados, expedientados; más de 200 fueron deportados y decenas fueron llevados ante el Tribunal del Orden Público o ante tribunales militares.

Cuando el fundador del PP pedía por la liberación de Rudolf Hess

La maldita hemeroteca registra también una de las caras menos conocidas del 'reformista' Fraga.

El 16 de abril de 1971 aparecía publicado en el Diario Informaciones un  documento del llamado 'Comité Español para la Liberación de Rudolf Hess', que firmaba entre otros Manuel Fraga, junto a otras dos mil personas, altos cargos del franquismo, almirantes, arzobispos y distintas personalidades. Entre ellas estaba también José Botella Llusiá, entonces rector de la Universidad Complutense de Madrid, eminente ginecólogo y tío segundo de Ana Botella, la ex alcaldesa de Madrid por el PP y esposa de José María Aznar.

El documento fue remitido a la 'Hermandad para la Liberación de Rudolf Hess', el lugarteniente de Adolf Hitler y presidida por Wof R.Hess, hijo del alto oficial condenado en los Juicios de Nüremberg.

Seis años más tarde, en 1977, El País informaba que la campaña seguía y que contaba ya con 10.000 firmas en España.

Manuel Fraga, al igual que Martín Villa, formó parte en 1975 del Gobierno de Carlos Arias Navarro, el primer Gobierno que contó —por gracia de Franco— con Juan Carlos I como jefe de Estado.

Fraga fue vicepresidente y ministro de Gobernación de ese Gobierno, por lo que tuvo la principal responsabilidad política por la matanza de trabajadores en Vitoria en 1976 y por los crímenes de Montejurra, entre otros.

Después de fracasar en su intento de que el rey lo nombrara presidente de Gobierno en vez de a Adolfo Suárez, Fraga junto a otros ex ministros y dirigentes franquistas fundó Alianza Popular (AP), un partido que se presentaba como “un muro de contención frente al comunismo y el separatismo”.

Almirón, de represor argentino a jefe de los escoltas de Fraga

El Partido Popular, y más particularmente Manuel Fraga y su querido discípulo Alberto Ruiz Gallardón, también tuvieron que lidiar con la Justicia argentina muchos años atrás.

En abril de 1983 el semanario Cambio 16, de gran tirada en aquellos años reveló en abril de 1983, al inicio del mandato de Felipe González, que Manuel Fraga, líder de la oposición, tenía como jefe de sus escoltas a un conocido terrorista argentino.

Se trataba del ex subcomisario de policía Rodolfo Almirón, buscado desde hacía años por la Justicia argentina por haber sido parte de la cúpula de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

La Triple A fue un grupo parapolicial creado en 1973 meses después de volver el peronismo al poder por tercera vez tras permanecer 18 años proscrito, que reivindicó oficialmente por primera vez un asesinato —el del abogado y senador de la Unión Cívica Radical Hipólito Solari Irigoyen— el 21 de noviembre de ese año. Fue poco más de un mes después de asumir el poder Juan Domingo Perón.

Su accionar se intensificaría durante el Gobierno de su segunda esposa y sucesora, María Estela 'Isabelita' Martínez de Perón.

En menos de 30 meses la Triple A —que abonó el terreno a la nueva dictadura militar que se implantó en 1976— asesinó a más de 1.000 personas, militantes políticos, activistas sindicales, barriales, estudiantiles, periodistas, abogados, intelectuales, artistas, sacerdotes enrolados en la Teología de la Liberación.

A Almirón se lo acusó específicamente de asesinatos como el de Silvio Frondizi, destacado abogado de presos políticos; el del también abogado y diputado Rodolfo Ortega Peña; el  del ex jefe de la Policía de Buenos Aires Julio Tomás Troxler, del sacerdote Carlos Múgica, o el de Noemí Esther Gianotti de Molfini, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, asesinada en Madrid.

Almirón era uno de los jefes máximos de operaciones militares de esa organización terrorista y, junto con el también subcomisario Juan Ramón Morales, eran jefes de los escoltas de 'Isabelita' y de su superministro López Rega 'El Brujo' respectivamente.

Alberto Ruiz Gallardón y su padre defendieron legalmente al represor argentino Almirón, entonces jefe de excoltas de Fraga, y consiguieron que se secuestraran dos números de 'Cambio 16' en los que se lo denunciaba

Se refugió con este en España en 1975 cuando ya sonaban tambores militares presagiando el golpe de Estado que finalmente tuvo lugar en marzo de 1976 encabezado por el general Videla.

'Isabelita' nombró a López Rega su ministro plenipotenciario en Madrid y Almirón le acompañó como jefe de su custodia en la lujosa mansión '17 de Octubre' de 800 metros cuadrados, en Puerta de Hierro, Madrid, en la que el general Juan Domingo Perón pasó muchos años exiliado protegido por Franco.

'Isabelita' se casó con Perón en 1961 y vivió con él en esa casa hasta 1973, cuando volvieron juntos a Argentina.

Cuando López Rega se fue de España Almirón decidió quedarse y estrechó sus relaciones con la ultraderecha española e italiana, en pleno auge de lo que se llamó entonces terrorismo negro.

Se le ha acusado de participar en 1976 en los crímenes de Montejurra, en Navarra, donde fueron asesinados dos militantes carlistas partidarios del infante Carlos Hugo de Borbón y otros 40 resultaron heridos.

Según relató en 2006 a periodistas de El Mundo en su casa en Valencia la esposa de Almirón, Ana María Gil, su marido trabajó en temas de seguridad y en uno de sus trabajos le tocó entrenar a los primeros escoltas que tuvo Felipe González.

Sus contactos con la derecha y su 'reputación' le permitieron convertirse en jefe de los escoltas de Manuel Fraga.

Alberto Ruiz Gallardón y su padre defendieron legalmente a Almirón y consiguieron que se secuestraran dos números de Cambio 16 en los que se lo denunciaba

Cuando Cambio 16 tituló en portada “Un asesino custodia a Fraga, es su jefe de seguridad”, Almirón denunció al semanario por infamia y reclamó el secuestro de la publicación, el número 592 del 4 de abril de 1983.

El director en su momento de Cambio 16, José Oneto, dijo en una entrevista en 2012: “El artífice del secuestro fue Alberto Ruiz Gallardón”.

La revista fue secuestrada bajo el primer Gobierno de Felipe González.

El joven abogado y niño mimado de Fraga junto con su padre, Manuel Ruiz Gallardón, defendieron a Rodolfo Almirón y fueron quienes presentaron en su nombre dos querellas contra Cambio 16, porque una semana después del secuestro de la revista el semanario volvió sobre el tema ampliando su información. “Fraga protege a un criminal” tituló en su número 593 ilustrando su portada con una foto de Almirón con una cruz esvástica sobre su rostro. 

Los Ruiz Gallardón consiguieron que también ese número fuera secuestrado.

Juan Tomás de Salas, que era presidente del Grupo 16 denunció en un editorial en Diario 16 que Alianza Popular había intentando sobornarlos para evitar que publicaran el reportaje sobre Almirón.

Oneto diría entonces: “Es el atentado más grave contra la libertad de expresión cometido en nuestro país desde la aprobación de la Constitución en 1978”.

Al conocerse a través de esa información periodística de la presencia en España del ex jefe de la Triple A, el juez argentino Daniel Ercolini pidió a Interpol su detención provisional con fines de extradición. Por fallos de la tramitación —se la formuló equivocamente a nombre de Luis Almirón— los plazos se alargaron y Almirón desapareció.

Como reconocería en 2006 junto a su esposa en la entrevista de El Mundo, recibió una indemnización de parte de Alianza Popular y el propio Alberto Ruiz Gallardón le pidió 'discreción' y que pasara a un segundo plano, garantizándole que no lo abandonarían, que contaría con el apoyo del partido que hiciera falta.

Después de años desaparecido esa entrevista de El Mundo permitía por primera vez a la Justicia argentina volver a localizar a Almirón. Vivía con su esposa en una vivienda social de la Generalitat en la localidad valenciana de Torrent con su verdadera identidad.

Los últimos años en impunidad de Almirón 

En diciembre de 2006 era detenido. El Partido Carlista de Euskal Herria envió entonces una carta al presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que antes de proceder a su extradición fuera interrogado sobre los sucesos de Montejura de 1976.

Su petición no fue estimada.

La Audiencia Nacional terminó autorizando su extradición a Argentina en 2008, y Almirón murió enfermo en un hospital un año más tarde sin llegar a ser condenado.

Ni Manuel Fraga ni los Ruiz Gallardón dieron explicación nunca de la contratación y defensa a ultranza que hicieron de ese terrorista de ultraderecha.

En 2006 el Movimiento Argentinos en Exterior pidió también sin éxito que en la causa que se le seguía a Almirón fueran llamados a declarar también Manuel Fraga y Alberto Ruiz Gallardón, en ese momento alcalde de Madrid.

Ni Manuel Fraga ni los Ruiz Gallardón dieron explicación nunca de la contratación y defensa a ultranza que hicieron de ese terrorista de ultraderecha

La Audiencia Nacional rechazó la extradición de 'Isabelita' Martínez de Perón, responsable política máxima del terrorismo de Estado previo al golpe militar de Videla de 1976

En enero de 2007, mientras Rodolfo Almirón permanecía detenido en España a la espera de la tramitación de su extradición a Argentina, otro juez, el magistrado federal Raúl Acosta, enviaba un oficio a Interpol requiriendo la detención de la propia 'Isabelita', también residente en España desde 1981. Pilar Franco, de la que se había hecho gran amiga cuando vivió con Perón en Madrid, se trasladó entonces especialmente a Buenos Aires para acompañarla en su vuelo a España tras ser liberada por los militares.

El juez la consideraba responsable de las torturas y desaparición de numerosos detenidos por las fuerzas de seguridad durante su mandato al ser ella como jefa de Estado quien había firmado en 1975 tres decretos por los que se facultó a las Fuerzas Armadas para “proceder a ejecutar las operaciones militares de seguridad que fueran necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio nacional”.

Entre las pruebas aportadas contra ella se presentaron testimonios de que ella participaba de reuniones que se realizaban en la residencia presidencial de Olivos donde se pasaban diapositivas de los nuevos 'objetivos' de la Triple A, las personas a las que se había decidido asesinar.

Las Fuerzas Armadas pasaron así a intervenir directamente en la represión interna asumiendo cada vez más protagonismo hasta culminar con su golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Pocos días más tarde otro juez federal argentino, Norberto Oyarvide emitía una segunda orden de busca y captura en contra de la ex presidenta solicitando también a Interpol su detención al estar imputada también en la causa por los crímenes de la Triple A, al igual que Almirón.

'Isabelita' fue detenida el 12 de enero de 2007 pero rápidamente el juez Juan del Olmo dictó su libertad provisional.

A fines de abril de 2008 la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Argentina a la ex presidenta al considerar que los crímenes de los que se la acusaba en ambas causas no podían ser considerados de lesa humanidad y que por lo tanto estaban prescritos.

De esta manera la máxima responsable política de los más de 1.000 crímenes cometidos por la Triple A pudo volver a su vida tranquila y a confesarse periódicamente con el sacerdote Enrique Lázaro, en la parroquia Santa María Soledad Torres.

A sus 89 años, María Estela 'Isabelita' Martínez de Perón vive tranquilamente con criada y chófer en su chalet en la urbanización Mocha Chica de Villafranca del Castillo, en el municipio de Villanueva de la Cañada, en la Comunidad de Madrid.

Otra responsable de terrorismo de Estado que morirá en la impunidad.