Educación
Racismo en la escuela: asignatura pendiente

Mamá, me he dado cuenta de que la gente va a utilizar mi color de piel para hacerme daño, pero no les voy a dejar”. Camila, de mirada intensa y templada, lleva soportando expresiones malsonantes que hacen alusión a su cantidad de melanina, como “negra de mierda”, desde que cumplió tres años. Sentada en una mesa, escucha aparentemente ausente cómo su madre describe estos nueve años de acoso vividos en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid. Y, aunque pareciera entretenida en otras cosas, está atenta y sonríe cuando su madre parafrasea las sabias conclusiones a las que ha llegado con tan solo 12 años: “Camila es una niña muy fuerte y nos ha dado muchas lecciones. A pesar de lo vivido, ya está bien y ahora ya puede escuchar esta historia”, explica Petra Ferreyra, mamá de esta pequeña.

A los siete años, una anécdota relacionada con un trabajo hecho en cartulina fue el detonante. Camila había realizado la tarea por encima de la media. Fue entonces cuando el acoso se hizo más visible. “Un grupo de unas siete niñas la acorralaban en el recreo, le tiraban balones a la tripa en gimnasia. Se metían con su pelo, con su forma de vestir”, describe Petra, quien no dudó en contactar con el colegio cuando la cosa ya era más que evidente. “Camila llegaba a casa con ansiedad. Empezó a comer mucho. Engordó siete kilos”, relata. Así llegó el primer protocolo de acoso, abierto en enero de 2017. Un protocolo que se archivó tras un acto de petición de perdón bidireccional. Tras este “cierre en falso”, en junio se abrió otro protocolo, pues el bullying, lejos de aplacarse, siguió. “La niña era tratada como un trapo, se veía anulada completamente. Comenzó a dejar los exámenes en blanco. Empezó a suspender. Somatizó los problemas, le dolía la tripa, la cabeza”.

El bullying que sufren los hijos e hijas de emigrantes ha aumentado en casi tres puntos entre 2015 y 2017, y roza ya el 10% del total de los casos de acoso escolar

Finalmente, y tras exámenes psicológicos que concluyeron que Camila tenía secuelas de estrés postraumático bastante graves, con “falta de confianza, inseguridad, incapacidad para relacionarse con sus iguales y depresión”, ha tenido que cambiar de colegio. Ante la inacción del antiguo centro, su madre ha escalado el caso hasta la Dirección de Áreas Territoriales (DAT) de la Comunidad de Madrid. Llegó a escribir a la propia Cristina Cifuentes —entonces presidenta del gobierno regional madrileño—, quien reconoció deficiencias en los protocolos de acoso en una carta a la que ha tenido acceso El Salto.

“El objetivo del protocolo es proteger a la víctima, cosa que no se hace”, explica Ferreyra. Tal y como dicta la Guía de Actuación contra el Acoso Escolar en los Centros Educativos, el centro está obligado a llevar a cabo una serie de actuaciones, como nombrar a dos profesores que deben tomar declaración a los testigos, realizar entrevistas y reunirse con las familias. Además, deben mantener en todo momento informada a la familia que ha activado el protocolo, “cosa que no se cumple, no tuvimos ningún tipo de información”, se queja Pereyra mientras describe que la actuación emprendida contribuyó a culpabilizar a la víctima. “Se reúne a la niña y se hace que pida perdón por ser acosada, por ser agredida”, expresa.

Esta madre ha dado un paso más y ha abierto la vía judicial contra la Comunidad de Madrid. “La impotencia y la sed de justicia nos llevan a investigar la vía judicial. No hay legislación con respecto a acoso escolar en España, lo que sí se estima es la responsabilidad civil de los centros educativos ante un daño probado y constatable”, asegura. Ferreyra acaba de recibir la noticia de que la apertura del juicio oral será en octubre y de que, en el proceso, el juzgado citará a multitud de testigos, entre ellos a la propia Cristina Cifuentes. 

sIN PROTOCOLOS

La madre de Camila denuncia que, en todo este proceso, “el racismo es una palabra tabú. La única que hace alusión a ello es la directora de la DAT, Coral Báez, para mandar a un centro de sordos a mi hija”, explica. “Ella, en un gesto de generosidad, nos recomienda un centro que está especializado en alumnos sordos, muy concienciado con la integración, pero mi hija no es sorda. Es decir, equipara una discapacidad al hecho de que mi hija sea negra”, asegura. 

No en vano, los expertos coinciden en que en España no existen protocolos específicos contra casos de racismo en los colegios. Sin embargo, las cifras de acoso escolar apuntan que el bullying que sufren los hijos e hijas de emigrantes ha aumentado en casi tres puntos entre 2015 y 2017, y roza ya el 10% del total de los casos de acoso escolar. También aumenta en tres puntos el número de víctimas de otras nacionalidades, que ya son el 6% del total. Los datos, extraídos del III Estudio sobre el Acoso Escolar y Ciberbullying, de la fundación ANAR, que detectó 590 casos durante 2017, nos permiten acercarnos a esta realidad, aunque no dan una panorámica completa, ya que por ejemplo muchos afrodescendientes son hijos e hijas de españoles. El estudio muestra que este tipo de acoso es el que más se ha incrementado en estos últimos años.

Sin embargo, los episodios de racismo en la escuela tienden a “minimizarse”, tal y como explica Lila Parrondo, psicóloga y coordinadora de Adoptantis, asociación de atención a familias adoptivas. “En general, cuando son peques, la respuesta que muchas veces el ambiente educativo da es que son cosas de niños. El niño se siente mal porque le están tratando mal. No son cosas de niños, ni son tonterías”, avisa y traslada la responsabilidad tanto a profesores como a la familia de los acosadores. “Yo he visto cómo en un colegio, en segundo de Primaria, a niños de cuatro años que les decían a otros que se tenían que marchar porque esto era un cole solo para españoles. Esto un niño de cuatro años no lo elabora. Esto es un mensaje que se ha escuchado en casa, o a un monitor o profesor en el cole, y no se reporta como tal”. “Estamos a años luz y no será porque no tenemos una sociedad multicolor y variada, pero los cambios sociales no llegan tan a tiempo como la necesidad de las personas que están padeciendo estas opresiones”, concluye.

Minimización de las opresiones

Encarnación Ngale lucha contra esta minimización del acoso racista. Ngale, nacida en Guinea Ecuatorial y establecida en Poblete (Ciudad Real), batalla contra el racismo que su hijo de 12 años ha vivido en el colegio del pueblo, La Alameda. Por el momento lo único que ha conseguido es que se prohíba su entrada en el centro y que buena parte de la comunidad educativa se posicione en su contra. “El 15 de febrero fui a recoger al niño al colegio y estaba con la cara descompuesta. Rompió a llorar y me dijo que le habían pegado diez niños de su clase. El profesor le había castigado a él”, asegura. Ngale intentó hablar con el maestro, quien le habló de “piques entre niños” y lo mismo le dijo el director. “Me hacían ver que mi hijo provocaba. El director me lo llegó a pintar como un monstruo. Las agresiones grupales seguían y mi hijo empezó a tener miedo de ir al colegio”.

Esta madre no quiso dejar pasar estos episodios y comenzó a visitar dependencias públicas —alcaldía, servicios sociales, inspección educativa— y a explicar todo en redes sociales. Fue tocando puertas hasta que la orientadora del colegio se decidió a entrevistarse con su hijo. Abrieron un protocolo de acoso escolar durante el que Ngale obtuvo información de sus compañeros. “Un compañero confirmó que le decían ‘puto negro de mierda’, ‘vete a tu país’, ‘me das asco’. Confirmó también que mi hijo no respondía a las agresiones y se callaba”. Y, pese a estas declaraciones, el protocolo se cerró en blanco. “Me dieron el resultado de la investigación de forma verbal. Concluyen que mi hijo nunca ha sufrido acoso. Me decían que mi hijo había insultado igual que los demás niños. Yo me enfado. Estamos hablando de acoso y de racismo. Hay once niños que no le tratan porque los padres les dicen que no se acerquen a mi hijo. Los padres incitaban a esta situación”.

El 8 de abril Ngale recibió un burofax para prohibir su entrada en el colegio. “Me dijeron que había vulnerado la autoridad de los profesores y, si quería volver a entrar al colegio, debía pedir perdón”, denuncia. Este año su hijo empieza el instituto, pero no cree que la situación vaya a cambiar mucho. Afirma que el acoso en el colegio se ha trasladado a las calles. Hace poco tuvo que poner una denuncia ante la Guardia Civil porque uno de los agresores le pegó en el colegio y le buscó en la calle para continuar. “Se junta un grupo y le buscan para pegarle por el pueblo. Mi hijo estuvo dos semanas con miedo de salir a la calle. No podía salir a la calle porque le estaban buscando”.

Racismo ¿inexistente?

“A mi hija mayor, con tres años, ya le han dicho en el patio ‘negra de mierda, no juegues con la pelota que la ensucias, no toques los lápices porque los ensucias’. Pedí una reunión y me dijeron que esto no pasaba, que siempre trabajan la integración y la diversidad. En todas las escuelas te dicen lo mismo, que aquí la integración funciona… pero no es verdad. No se abrió un protocolo de acoso, nunca se abren”. Amanda Colom, que tiene dos hijos negros de origen marroquí, sabe bien de lo que habla y compara el trato que se le da al racismo con el que se le da a la transfobia, ya que su hija mayor es transgénero. “En Catalunya hay una unidad para la no discriminación de las personas LGTBi y hay un protocolo de actuación para menores trans. Puede estar peor o mejor, pero puedes acogerte a él. Puedes ir al Área de Igualdad y el Área de Igualdad habla con Educación y con la Inspección. Las cosas más o menos se resuelven”, afirma Colom. Situación pareja se vive en Madrid, donde la Guía de Actuación contra el Acoso Escolar en los Centros Educativos recoge un capítulo específico con siete páginas para paliar la LGTBifobia. Mientras, la “discriminación por raza o etnia” apenas se menciona una vez, utilizando estos términos y de forma anecdótica.

“En la mayoría de los casos, los protocolos contra el acoso escolar se desestiman. Se ponen excusas como que no ha existido un conflicto importante o que el menor viene de una familia desestructurada”, expresa Petra Pereyra, quien en este camino de lucha se ha hecho experta a la fuerza en la materia colaborando con la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar (AMACAE). “La propia directora del Área Territorial me confirmó que solo tenía tres carpetas de acoso escolar”, añade mientras acuna una carta de disculpas, señal de los nuevos tiempos. Pertenece a un niño que ha insultado a su pequeña. En el nuevo colegio un insulto racista se paga: el agresor debe de mandar una carta de arrepentimiento a la víctima. “Para nosotras, esta carta significa mucho”, asegura Petra mientras Camila exhibe una sonrisa tímida y esperanzada.