Educación pública
El sistema educativo que excluye a Gael

Gael tiene 14 años y apenas ha conseguido ir cinco años a la escuela. Su currículum escolar está marcado por la exclusión, tal y como lo describe su madre Esther Ugidos. Tiene dos enfermedades raras que, para preservar la intimidad del menor, no se van a desvelar. Sus dolencias le afectan, principalmente, de manera cognitiva. Una es una enfermedad genética que le impacta a nivel intelectual, en el habla. Cuando cumplió los cinco años sus padres procedieron a escolarizarle, a través de un equipo de orientación psicopedagógica.

Comenzó en un colegio ordinario de Astorga (León), donde residen, el CEIP Ángel González Álvarez. “Pronto nos dijeron que debía abandonarlo. En 2013 le derivaron a un colegio de educación especial. Nos negamos” describe Ugidos. Comenzaba aquí su lucha por la inclusión en el sistema escolar. Hoy, y tras dos derivaciones a educación especial, Gael está apeado, sin poder ir al último centro que le han asignado. Está a 40 kilómetros de su pueblo y le han denegado la beca de transporte.

“Cobramos 406 euros por la dependencia de Gael y yo recibo una prestación del SEPE de 460 euros que se me acaba este mes. He tenido meses en que he gastado 500 euros solo en sus terapias. No puedo pagar el transporte sin la beca”

“Cobramos 406 euros por la dependencia de Gael y yo recibo una prestación del SEPE de once meses de 460 euros que se me acaba este mes. He tenido meses en que he gastado 500 euros solo en sus terapias (logopedia y estimulación neuronal). No puedo pagar el transporte sin la beca”, se queja Ugidos. Pero no quiere quedarse solo ahí. Quiere denunciar la historia de escolarización de su hijo que refleja la de muchos otros niños y niñas. Según los datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales derivadas de diversidad funcional suponen solo el 2,7% del total matriculados en las enseñanzas no universitarias de régimen general.  Así que pide empezar por el principio.

Exclusión y denuncia a fiscalía

En 2013, y siguiendo el dictamen del equipo educativo, Gael fue escolarizado de oficio en una escuela de educación especial. Estuvo tres años inscrito en este centro, pero no acudía a clase, mientras su familia costeaba terapias privadas. “Nuestro rechazo ocasionó que me denunciaran ante la fiscalía de menores y ante servicios sociales para retirarnos la única prestación de la que mi hijo era beneficiario”, explica Ugidos.

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Los especialistas recomiendan que los niños con trastornos del espectro autista sean escolarizados en centros convencionales, pero la recomendación choca con las trabas de las administraciones.

Pasados tres años, y una vez archivada la denuncia contra Ugidos, Gael fue readmitido en el colegio Ángel González Álvarez. Pactaron con la administración iniciar el curso con una hora y media lectiva e ir ampliando progresivamente. “De nuevo fuimos engañados. Ese horario se mantuvo durante todo el año teniendo Gael prohibidas las asistencias a excursiones y actividades extraescolares, salidas fuera de ese horario y apenas permaneció con sus compañeros de curso”, explica esta madre.

“Nos fuimos de ese centro con tres informes de urgencias de lesiones inexplicables que a día de hoy no conocemos debido a la falta de explicación del centro, objetos rotos y otros sustraídos, dientes delanteros rotos y ninguna compensación por ello”

Iba pasando el tiempo, denuncia Ugidos, y la exclusión se hacía más que evidente. Exclusión que venía unida a un ambiente de acoso sobre Gael, tal y como denuncia la familia. Finalmente, tuvieron que abandonar el centro.  “Nos fuimos de ese centro siendo unos apestados, con tres informes de urgencias de lesiones inexplicables que a día de hoy no conocemos debido a la falta de explicación del centro, objetos rotos y otros sustraídos, dientes delanteros rotos y ninguna compensación por ello”, expresa Esther Ugidos.

En una reunión con el jefe de inspección de área y con la responsable de atención a la diversidad de la dirección provincial decidieron que el centro más indicado era el CEO Camino de Santiago, en la localidad de Virgen del Camino, a 40 kilómetros de Astorga. Solo había dos colegios que cumplían con los requisitos necesarios: aceptar a alumnos desde infantil hasta los 18 años y contar con Asistente Técnico Educativo (ATE). Gael se incorporó en febrero de 2020. Pero la sombra de la exclusión se volvió a posar sobre su caso. Tal y como explica Ugidos, “el 20 de abril la orientadora del centro junto con la directora en funciones y la profesora de Pedagogía Terapeútica (PT) me entregaron un informe de derivación a un colegio de educación especial que para nada era lo que la familia habíamos autorizado”.

Sorprendentemente, en el curso 2020/2021 le han dejado volver, pero ahora Gael no puede acudir por otro motivo: les han denegado la beca de transporte. El argumento esgrimido por la Dirección Provincial de Educación es no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria para este tipo de becas por disponer en su localidad de centros que proporcionan apoyos educativos. Esther no lo entiende, ya que la decisión de escolarizar allí a Gael fue pactada con la administración. “Nos han dejado solos y ya no sé a dónde recurrir”.

La ONU contra España

El caso de Gael es solo uno de todos los integrados en una demanda colectiva presentada por la Asociación Solcom ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014. En un dictamen emitido en 2018, este Comité concluyó que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que “utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general”. Además advirtió a este país que debe de cumplir con la Convención de Derechos de personas con discapacidad, ratificada en 2008.

“El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”, afirmó Theresia Degener, quien lidera el Comité.

Para Mar Álvarez, presidenta de SOLCOM, la educación inclusiva consiste en integrar los recursos de la educación especial en la ordinaria. Cosa que, a su juicio, sigue sin suceder en este país. “Llevamos más de 30 años hablando de ello, primero como integración y luego como inclusión. Y hoy, en pleno siglo XXI, si se sigue hablando de incluir, se da por hecho que hay gente que está excluida”, destaca.

“Desde que empezó la pandemia los alumnos que necesitan apoyos educativos se han quedado muy atrás, se han olvidado de ellos”

Y Álvarez avisa: incluir a un alumno o alumna en un aula no es solo sentarle en una mesa, hay que dotarlas de recursos. Situación que se ha complicado con la pandemia. “Los alumnos que necesitan apoyos educativos se han quedado muy atrás, se han olvidado de ellos”, asegura y pone un ejemplo: los Asistentes Técnicos Educativos no han podido entrar en las aulas, personas imprescindibles para el día a día de los alumnos y alumnas con diversidad. “Con la pandemia se ha visto que el compromiso que la administración demuestra ante la educación inclusiva es cero”, concluye.

“No ser flexible en la concesión de becas para el transporte es uno de los criterios de exclusión. Hay que abrir la mirada más allá y darse cuenta de que la familia no ha elegido otro colegio por capricho”

Hacia la nueva ley

Para Inés Guerrero, responsable de Educación Inclusiva de Plena Inclusión España, la denegación en la beca de transporte que ha sufrido Gael es una de las formas de exclusión que se dan en España. “No ser flexible en la concesión de becas para el transporte es uno de los criterios de exclusión. Hay que abrir la mirada más allá y darse cuenta de que la familia no ha elegido otro colegio por capricho”, asegura.

Y vuelve a los datos. Si bien, como ya hemos dicho, solo hay un 2,7 % de alumnos y alumnas con diversidad funcional en los centros ordinarios en la educación no universitaria, este porcentaje se rebaja hasta el 0,5% en Formación Profesional de Grado Superior y hasta un 0,6% en Bachillerato.

“Mi hijo —cuenta Mar Álvarez— tiene 20 años y está fuera del sistema educativo porque le han echado. Se ha mantenido en un instituto ordinario por nuestra pelea y ha acabado la ESO y ya no le dejan acceder a nada”, se queja. La presidenta de SOLCOM explica que a partir de cierta edad esas personas ya no tienen derecho a nada más. “Tienen problemas para hacer una carrera o una FP, ellos se quedan ahí. Las opciones que dan son centros de día, centros especiales de empleo, que son centros de exclusión”, sentencia.

“Yo abrí el camino de la educación inclusiva en Astorga y he recibido todo lo contrario. Nos hemos tenido que ir incluso a otra ciudad. Y ahora ni siquiera podemos ir a clase”

Y el panorama no parece ser muy alentador, pese a que la nueva ley educativa, la LOMLOE, promete cambios para caminar hacia la inclusión. “Esta ley recoge en su disposición adicional cuarta que los centros de educación inclusiva deben de adoptar los recursos de los centros de educación especial pero esto debe de hacerse realidad”, advierte Guerrero. Exactamente el ejecutivo se compromete a elaborar un plan, en un plazo de diez años, “para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. “Diez años es un abismo. Esto tendría que haber cambiado ya. Mientras, seguimos recibiendo familias con informes de derivación a educación especial. Y no parece que vaya a cambiar”, se queja Álvarez.

“Yo abrí el camino de la educación inclusiva en Astorga y he recibido todo lo contrario. Nos hemos tenido que ir incluso a otra ciudad. Y ahora ni siquiera podemos ir a clase”, se queja Esther Ugidos mientras insiste en que cuenta el caso de Gael para que ya no haya más Gaeles. Para que un día la escuela sea realmente para todos y todas.