Economía
Trump mantiene su apuesta arancelaria después de que la Corte Suprema haya tumbado su plan inicial

La Ley de Comercio faculta al presidente de EEUU a imponer una tasa arancelaria excepcional “cuando sea necesario para abordar déficits cuantiosos y graves en la balanza de pagos de Estados Unidos o ciertas otras situaciones que presenten problemas fundamentales de pagos internacionales“. A esa disposición de ha agarrado Donald Trump para proseguir su campaña arancelaria, sin duda el signo económico más reconocible de su mandato. El empresario, primer presidente condenado por un delito grave, anunció una nueva tasa general del 10% a todos los países y posibles aumentos en base a excepciones contra algunos de esos países.

Se trata de una respuesta que, según la ley, debe estar restringida temporalmente a un máximo de quince meses y no debe superar el 15% de los productos, bienes y servicios bajo aranceles. Llega después de que la Corte Suprema decretase, tras una votación que terminó con el resultado de 6 a 3, que la anterior ronda arancelaria había sido impuesta ilegalmente por la Casa Blanca, de manera injustificada y sin pasar por el Congreso, que en tiempos de paz es el encargado de esta política económica.

La decisión de la Corte Suprema abre un boquete importante en la agenda económica del presidente, que ve cómo sus niveles de popularidad se han desplomado precisamente en el año de las elecciones de medio mandato, claves para formar mayorías en Senado y Congreso. En caso de que los Demócratas recuperen una o las dos cámaras, Trump puede sufrir una segunda parte del mandato trufada de dificultades.

Como explica el medio Common Dreams, en el caso de la nueva ronda arancelaria del 10%, los 150 días marcados para su posible refrendo por parte del Congreso coincidiría en el tiempo con la campaña electoral del mid-term; algo que puede medir el seguimiento de ciertos representantes Republicanos cuyos estados se ven perjudicados por la imposición de aranceles.

El fallo deja en el limbo más de 130.000 millones de dólares ya pagados en aranceles por las empresas que importan productos, bienes e insumos no estadounidenses. En sus críticas a la decisión de la Corte Suprema, Trump criticó que no se haya determinado que pasará con esa cantidad, que los exportadores tienen derecho a reclamar.

Paul Krugman, nobel de economía, resumió la problemática generada ya por el fallo de la Corte Suprema para Trump y por extensión para la economía de EEUU: “Si se confisca dinero sin autoridad constitucional, encontrar otras fuentes de ingresos en el futuro no hace que la confiscación original sea legal”.

Las críticas, por supuesto, no se ciñeron a esa cuestión. Trump acusó veladamente a los jueces de la Corte Suprema de estar sujetos a intereses extranjeros y de poner a EEUU en peligro. El medio Politico ha recordado un post de Trump en noviembre envuelto en esa retórica, que incluía la frase: “Fuerzas malvadas que odian a Estados Unidos nos combaten en la Corte Suprema de Estados Unidos”. Sus invectivas se dirigieron especialmente a dos jueces nombrados por él para el cargo, que sumaron sus votos al presidente de la Corte y a los jueces liberal-demócratas.