Los contratos a dedo de la Comunidad de Madrid llegan a la Fiscalía Anticorrupción

Izquierda Unida denuncia ante Anticorrupción al presidente autonómico Ángel Garrido y a otros nueve cargos del Gobierno del PP por malversación y prevaricación en el uso de contratos menores.

Cristina Cifuentes 4
Dos frascos de crema hurtados en un centro comercial pusieron fin a la agonía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que renunció en abril, tres años después de acceder al cargo. David Fernández

publicado
2018-06-15 09:59:00

Izquierda Unida ha llevado esta mañana a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra 10 cargos y antiguos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid por posible prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en el uso de contratos menores, una modalidad de compra de bienes o servicios por parte de la administración pública que permite licitar contratos sin concurso.

Para IU, existen sospechas de que este tipo de contrataciones se hayan llevado a cabo interesadamente de forma fraccionada, una práctica que contraviene la ley de contratación pública por afectar a los principios de publicidad y concurrencia.

La denuncia apunta al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (PP); al vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico, Pedro Rollán; al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al exconsejero de Medio Ambiente y actual senador y coordinador del PP madrileño, Jaime Taboada, junto a otros seis cargos actuales y pasados del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellos la expresidenta Cristina Cifuentes.

Existen sospechas de que este tipo de contrataciones se hayan llevado a cabo interesadamente de forma fraccionada

En el listado de contratos analizado por la coalición de izquierdas aparecen adjudicaciones por un mismo concepto a una misma empresa a lo largo de distintos meses e incluso en días sucesivos, práctica que permite la contratación ‘a dedo’ sin un concurso público al no superar cada contrato los 40.000 y 15.000 euros marcados por la ley, respectivamente, para obras y servicios (50.000 y 18.000 euros para la normativa vigente en el periodo analizado). “Existen muchas empresas que reciben contratos de manera continua y sucesiva vulnerando los procesos de concurrencia”, asegura el texto de la denuncia.

La Consejería de Sanidad, a la cabeza

Los datos se basan en un análisis propio a través de la información publicada desde enero de 2017 por el Gobierno autonómico en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, y comprende contratos establecidos entre junio de 2015 y diciembre de 2017. En ellos, resaltan prácticas como que se repitan más de 3.000 veces contratos con una misma empresa y por un mismo concepto (“objeto”, en la terminología empleada) en ese periodo de dos años. El caso más extremo son las 49.000 veces en que la Consejería de Sanidad contrató el objeto “implantes”, entre un listado de ejemplos citados en la denuncia. Solo la empresa Zimmet acumula 2.080 contratos con este objeto: en la primera semana de octubre de 2015, estos contratos así encadenados superarían los 30.000 euros.

Otro ejemplo sería el de la empresa ISS Soluciones de limpieza, que recibió 354 contratos para servicios, en su mayoría, en institutos de educación secundaria. Para los denunciantes, el fraccionamiento para sortear el concurso es evidente pese a que la información proporcionada por el portal de transparencia no incluye la fecha: “Sin embargo, parece evidente atendiendo al número de referencia, que en su inmensa mayoría son correlativos lo que indicaría que, si no se adjudicaron en el mismo día, fue en fechas muy próximas”.

El caso más extremo son las 49.000 veces en que la Consejería de Sanidad contrató el objeto “implantes”

“Es una situación endémica de los órganos de contratación las prisas, las urgencias en la prestación de servicios, por ello en muchas ocasiones se fracciona el objeto del contrato”, reconoce el escrito. Pero a juicio de los denunciantes la práctica general es demasiado sistemática: “Como hemos observado de la configuración de los contratos menores, éstos comprenden desde la compra de un bolígrafo de 0,50 euros hasta obras de 50.000 euros (IVA excluido), por lo que el número de contratos menores es enorme”, señala la denuncia.

Dichos contratos suman, en importe, más de 1.987 millones de euros y suponen más del 15% de la contratación de la Comunidad de Madrid. Entre todos estos datos, sobresale la mala praxis de la Consejería de Sanidad, que acumula, en número de contratos, el 94,3% de la contratación menor total de la CAM. En la denuncia aparecen citados los dos últimos consejeros de Sanidad: el actual, Jesús Sánchez Martos, y el anterior, Enrique Ruiz Escudero.

En declaraciones a El Salto, Carlos Sánchez Mato (uno de los tres denunciantes junto con la portavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, y el coportavoz y concejal del ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente) señala que “hay sobrados indicios para que se abra una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción o para que se derive a otra fiscalía”, si bien aclara que no esperan “que se resuelva nada de forma inmediata”. “En todo caso es responsabilidad de todo ciudadano poner en conocimiento de la justicia indicios de delito y como representantes políticos la responsabilidad es mayor”, explica el exconcejal de Economía del Ayuntamiento y portavoz de IU en temas económicos.

La denuncia llega dos meses después de un goteo de informaciones que señalaban el supuesto trato de favor del ayuntamiento de Madrid a empresas de la economía social, en ocasiones a través del uso de la contratación menor. Las informaciones, recogidas por representantes de los grupos municipales del PP y de Ciudadanos, no han tenido de momento ninguna consecuencia en forma de denuncia legal. “La suma de menores del Ayuntamiento es irrisoria comparada con los de la CAM”, compara Sánchez Mato. El actual concejal de distrito en Latina y Vicálvaro señala a El Salto que “además el Ayuntamiento ha publicado todos ellos con total transparencia y no existe indicio alguno de fraccionamiento”, y aclara que “la contratación menor es totalmente legal y necesaria para las administraciones públicas”, pero no “para trocear grandes adjudicaciones con la intención de sortear la libre concurrencia”.

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#18811 8:28 16/6/2018

Gracias.

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