Derecho a la vivienda
La crisis de la vivienda necesita una respuesta ecosocial

La crisis de la vivienda es una de las expresiones más evidentes de un sistema que pone el beneficio económico por encima de las necesidades de la gente. Pero también es una expresión de un sistema que construye, transforma y destruye el territorio sin tener en cuenta sus límites, que convierte los recursos naturales en mercancías y que trata las condiciones que hacen posible la vida como si fueran infinitas.

No podemos separar una cosa de la otra: la misma lógica que hace que nuestras casas sean inaccesibles, que nos expulsa de nuestros barrios y que convierte el tener techo en un negocio, es la que permite construir en zonas inundables, mantener viviendas inhabitables en pleno invierno o en medio de olas de calor cada vez más extremas, y destruir los ecosistemas de los que dependemos. Es por eso por lo que la crisis de la vivienda y el estallido social entorno a ella que estamos viviendo reflejan, en el fondo, la necesidad de una respuesta ecosocialista que ponga la vida, en todas sus formas, en el centro de la planificación económica.

Las últimas semanas hemos vivido tiempos convulsos. Desde el desahucio de Maricarmen Abascal, el 23 de septiembre, se han sucedido manifestaciones masivas, acampadas, un adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una huelga general por primera vez en 12 años en este Estado. Las personas de mi edad hemos tomado las calles para gritar que ya no podemos más, y los sindicatos de inquilinas, con años de trabajo en los barrios acompañando a quienes sufren los abusos de un mercado despiadado, han conseguido extender esa chispa por todo el Estado.

Esa fuerza acumulada, fruto de años de organización y compromiso militante, ha permitido dar una dirección a la rabia y canalizarla hacia objetivos concretos, como los contratos indefinidos, la prohibición de los desahucios, la bajada de los alquileres o la expropiación a los fondos de inversión. Porque las acampadas y la huelga general no son un fin en sí mismas, sino, al menos en el momento actual, herramientas para conquistar mejoras materiales que mejoren la posición desde la que luchamos, así como para recuperar la confianza en la lucha y la organización como medios para transformar nuestras condiciones de vida.

Así se entienden tanto las demandas recogidas en el llamado decreto Maricarmen, que habrían supuesto una mejora sustancial para miles de personas trabajadoras, como las nuevas reivindicaciones en torno a la huelga. Hay que reconocerle a los sindicatos de inquilinas que, además de construir durante años una organización y una visión estratégica fundamentales, nunca han limitado el horizonte de la lucha a las demandas tácticas parciales de cada momento. Ya anunciaron su intención de trabajar en una huelga general con independencia de la aprobación o no de los decretos de vivienda, y en zonas como Catalunya ya existía un trabajo previo de más de un año para aunar el sindicalismo de vivienda y laboral hacia un horizonte de huelga con la plataforma Ens Costa la Vida.

Porque efectivamente, más allá de las victorias que le podamos ir arrancando al socioliberalismo o neoliberalismo de turno, y que son de vital importancia para que la organización de clase crezca, estas últimas movilizaciones reflejan una necesidad de un cambio profundo en el sistema de vivienda. Demuestran que no basta con conseguir que los alquileres bajen o que las condiciones de los contratos mejoren, por necesarias que sean estas conquistas. Necesitamos dejar de organizar la vivienda en función de su rentabilidad y empezar a hacerlo en función de las necesidades sociales y ambientales. Necesitamos, en definitiva, una planificación ecosocialista de la vivienda frente a la planificación actual de mercado.

¿Por qué ecosocialista, y no simplemente socialista? La crisis climática es una realidad que no se puede obviar en ningún campo, y la vivienda no es una excepción. El parque de vivienda español es uno de los más antiguos de Europa: una rápida búsqueda por internet nos informa de que más de 8 millones de viviendas necesitarían ser rehabilitadas en 2030 para cumplir los estándares de eficiencia energética exigidos por la Unión Europea. O, al menos, para que las inquilinas no nos muramos de frío en invierno y no nos asfixiemos de calor en verano, y para que no tengamos que pagar de nuestros bolsillos (aquellos que pueden permitírselo) un gasto energético que cada vez es mayor para simplemente hacer nuestra vivienda habitable.

La relevancia de este problema con el del alquiler es enorme: si las casas son para especular y ganar dinero, y no para vivir, estas consideraciones dejan de ser prioritarias. No importa alquilar a precios astronómicos un piso mal aislado, sin calefacción y con goteras, ni construir en zonas inundables.

Mientras la planificación de la vivienda siga en manos del mercado, y su motor sea el beneficio en vez de las necesidades sociales y ambientales, seguiremos teniendo gente sin casas, casas sin gente y casas habitadas cada vez más inhabitables a precios cada vez más exagerados, al mismo tiempo que degradamos las condiciones naturales que hacen posible la vida.

La propuesta ecosocialista es la de un proyecto de sociedad donde la planificación de la economía se haga en torno a las necesidades sociales y ambientales, de forma democrática, teniendo en cuenta las necesidades de adaptación a la crisis climática y los límites planetarios. La planificación del mercado tampoco tiene en cuenta el territorio que ocupa, el agua que consume, los materiales que necesita ni los ecosistemas que transforma o destruye.

Poner en el centro las necesidades ambientales implica recordar que la naturaleza no es simplemente el escenario en el que se desarrolla nuestra vida, ni un almacén de recursos al que podemos recurrir indefinidamente para sostener nuestro modelo de consumo. Somos parte de ella, dependemos de sus ciclos y compartimos el territorio con otras especies cuyas necesidades también quedan sistemáticamente fuera de los cálculos del mercado.

Frente a quienes proponen como única solución la construcción sin frenos, debemos señalar que la expansión urbana puede implicar la pérdida de suelo fértil, la fragmentación de hábitats y una presión cada vez mayor sobre unos recursos que no son infinitos. Incidir en esto resulta fundamental cuando hablamos de la crisis de la vivienda: no es necesario construir más, es necesario que la vivienda que exista cumpla su función real (la de ser el hogar de la gente, y no una inversión rentable), y esto implica también cosas como reformar el parque de vivienda actual para hacerla habitable en un mundo marcado por el cambio climático.

Este verano se han muerto en el Estado español 5.807 personas por calor, y probablemente ninguna de ellas era un gran tenedor de vivienda. No nos vale con que las administraciones nos ofrezcan refugios climáticos para aquellas que no podemos pagarnos la instalación y las facturas de un aire acondicionado. No puede ser que, en un contexto de olas de calor cada vez más extremas, tener una casa habitable dependa de la capacidad de cada cual para pagar una factura energética cada vez mayor.

En el corto plazo, una respuesta ecosocialista a la crisis de la vivienda creo que, al menos, pasaría por medidas como obligar a los grandes caseros a acondicionar las viviendas y aislarlas térmicamente (asumiendo ellos mismos esos gastos); actualizar los índices de habitabilidad para incluir las temperaturas como indicador, de forma que las inquilinas tengamos cobertura legal para exigir estos acondicionamientos; exigir una oferta real de vivienda digna para todas aquellas personas que malviven en la calle bajo circunstancias climáticas cada vez más extremas; y prohibir los desahucios sin alternativa de vivienda digna, que dejan a las personas más vulnerables en la calle.

A estas medidas habría que añadir otras que no se limiten a mejorar las condiciones de las viviendas existentes, sino que permitan planificar la vivienda teniendo en cuenta las necesidades de los ecosistemas. Esto significa, por ejemplo, priorizar la rehabilitación y el aprovechamiento de las viviendas vacías frente a la expansión urbana innecesaria mediante la expropiación a fondos buitre, grandes tenedores y bancos; proteger las zonas inundables, los suelos fértiles y los espacios naturales de la presión inmobiliaria; y garantizar que la planificación urbanística tenga en cuenta la disponibilidad de agua, la biodiversidad y los efectos que cada nueva construcción tiene sobre el territorio.

No podemos seguir llamando progreso a construir más viviendas a costa de destruir las condiciones que hacen posible habitarlas. Tampoco podemos permitir que la adaptación a la crisis climática se convierta en un nuevo negocio que solo puedan pagar quienes ya tienen recursos.

Todas estas demandas convergen ya, o deberían hacerlo, con las que ya hay puestas sobre la mesa por el movimiento de vivienda para caminar, más allá de la huelga general, hacia un horizonte dónde la vivienda se rija mediante una planificación social, democrática y ecológica, de todas para todas (como dicen las profesoras de la pública).  Por eso, la lucha por la vivienda no puede quedarse únicamente en la lucha por pagar menos alquiler o por conseguir un contrato que nos permita vivir sin miedo.

Estas conquistas son imprescindibles, pero tienen que servirnos además para comenzar, o al menos para permitirnos imaginar, la construcción de algo más: una sociedad en la que la vivienda no sea un bien de mercado, en la que todo el mundo tenga derecho a techo, y, también, en la que podamos decidir colectivamente qué viviendas necesitamos, cómo rehabilitamos las que ya existen y qué territorios debemos preservar, sin que la rentabilidad de unos pocos esté por encima de las condiciones de vida de todas. Y para conquistarla, igual que para arrancar cada una de las mejoras que necesitamos hoy, tendremos que seguir luchando y construyendo organización.

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Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.