Ecologismo
Las jubiladas suizas, en pie contra el cambio climático

En agosto de 2016, tras otra intensa ola de calor en Suiza, un grupo de mujeres mayores decide crear una asociación con la que denunciar a su gobierno por no protegerlas de las consecuencias del cambio climático. En estos momentos son ya 1689 asociadas con una media de edad de 73 años, que se reparten por un buen número de cantones suizos, de habla suizo alemán y francés fundamentalmente. Las "ancianas por el clima" o KlimaSeniorinnen no se rinden y siguen a la espera de una sentencia favorable.

Como nos cuenta Anne Mahrer, copresidenta de la asociación, fue "el veredicto histórico del Tribunal de la Haya, en junio de 2015, condenando al Estado holandés a mejorar sus objetivos climáticos, el que nos convenció de que debíamos utilizar la vía judicial para exigir al Consejo Federal una protección más eficaz contra los efectos del cambio climático".A partir de ese momento, con el apoyo de Greenpeace, los abogados empezaron a trabajar en el caso para demostrar que las "medidas climáticas emprendidas por el gobierno suizo son insuficientes, contravienen la Constitución, el Convenio Europeo de protección de los Derechos Humanos y ponen en peligro nuestra salud", explica Mahrer.

El argumento principal sobre el que gira toda la demanda es el de que los objetivos climáticos firmados por las autoridades suizas de aquí al 2030 son insuficientes. La Confederación Helvética se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 30% en los próximos 20 años, algo que según esta asociación constituye "un riesgo absolutamente inadmisible" para la población ya que son unos objetivos que están incluso por debajo de lo acordado en 2015 en París y no servirán para limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados. El Gobierno contraviene una de sus obligaciones, que es la de actuar de manera preventiva según el principio de precaución defendido en la Constitución y otras normativas internacionales.

Hasta el momento los tribunales regionales, al que han acudido por vía administrativa, han rechazado el recurso por considerar que las mujeres mayores no sufren más que otros segmentos de la población las consecuencias del cambio climático y que no son por tanto un sujeto digno de protección especial. Desoyen así los estudios científicos que prueban que existe una conexión entre el cambio climático, las canículas persistentes de los últimos veranos y el impacto en la tasa de mortalidad, sobre todo con las muertes prematuras. En el verano de 2003, uno de los más calurosos que se recuerdan, se registraron 70.000 muertes más que en cualquier otro verano en Europa. Estas muertes afectaron más a personas de entre 75 y 85 años, y más a las mujeres que a los hombres.

En Suiza, la tasa de mortalidad fue un 6,9 por ciento más alta que la media. Si bien las olas de calor afectan también en mayor medida a otros segmentos de la población como bebés, menores y menores con problemas de salud, las últimas investigaciones revelan que son las mujeres ancianas quienes sufren las tasas de mortalidad más elevadas durante los períodos de intenso calor. Si no se ponen medidas para frenar el calentamiento global, el riesgo de mortalidad ligado al calor podría triplicarse de aquí al final de siglo.

Las medidas emprendidas por el país alpino son, según estas mujeres, incompletas y poco efectivas. Critican a las autoridades por no haber incorporado en su "ley del CO2" la reducción de emisiones, y haber en cambio entrado de lleno en el mercado de bonos de carbono.

En un contexto en el que los partidos ecologistas arrasaron en las últimas elecciones, la acción emprendida por KlimaSeniorinnen se convierte en el primer caso de juicio climático con base en los derechos humanos de Suiza. En cambio, ya existen otros ejemplos en otros países, algunos con sentencias favorables.

A finales de 2019, el Tribunal Superior de Holanda dictaminó que el Gobierno, máximo defensor de los derechos humanos, tenía la obligación de reducir las emisiones de efecto invernadero de una manera urgente y significativa. Una sentencia histórica que culmina cuatro años de movilizaciones lideradas por la sociedad civil.

En Paquistán, un agricultor, Asghar Leghari denunció a la Federación de Paquistán por no cumplir sus compromisos contra el cambio climático. En 2015, el Tribunal obligó al Gobierno a presentar una lista de medidas de adaptación al cambio climático y a crear una Comisión del Cambio Climático. La sentencia decía: "El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y ha provocado grandes alteraciones en el clima de nuestro planeta. Para Paquistán, estas variaciones climáticas se traducen en fuertes inundaciones y sequías, y la subsiguiente incertidumbre para el abastecimento de agua y comida. En el plano legal y constitucional, es fundamental proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de Paquistán, en particular, de los segmentos de la población más vulnerables y que no tienen acceso a este Tribunal".

El caso iniciado por la asociación KlimaSeniorinnen supone un gran ejemplo para futuras denuncias climáticas. En primer lugar, porque al tratarse de un segmento de la población vulnerable, como son las mujeres ancianas, resulta más fácil probar en un juicio que el cambio climático tiene un efecto nocivo para las personas. Segundo, porque contradice la defensa típica gubernamental de que los problemas climáticos deberían ser solucionados por los políticos y no por los jueces. Tercero, el argumentario de las mujeres suizas abre un camino de cómo hay que interpretar y aplicar ante un juez los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cuya información da consistencia a cualquier denuncia climática y ayuda a los individuos a determinar las reducciones de emisiones que su país debería implantar en su legislación. En cuarto lugar, todos los países deberían actuar para mitigar el cambio climático, sin importar su tamaño ni la cantidad de emisiones que tengan, incluso aunque "el problema sea global" y aunque se diga que "los esfuerzos de un país solo no pueden evitar las consecuencias para las personas de ese país y su medio ambiente".

Por último, la estrategia legal climática llevada a cabo por KlimaSeniorinnen podría suponer tanto la protección individual de los derechos humanos como una mejora de la política climática a nivel nacional e internacional. Y ojalá sirva para animar a otros individuos a defender sus derechos frente al cambio climático que estamos viviendo.

Aunque no existe fecha oficial, el Tribunal Federal debería dar a conocer su decisión en los próximos meses. Anne Mahrer confía en que en esta ocasión, los jueces sean más valientes. "Si no –asegura-, y siempre que se decida en asamblea, estamos dispuestas a ir hasta el Tribunal de Estrasburgo".