Drogas
Sustancias legales que matan a sus consumidores y sustancias ilegales que matan a sus productores

El azúcar, la carne procesada, las patatas de bolsa -es decir, concentrado de grasas hidrogenadas, sal y carbohidratos-, el alcohol y el tabaco, son sustancias legales que provocan más muerte y enfermedad en sus consumidores que sustancias ilegales como la cocaína. Mientras en nombre de la guerra contra las drogas, Donald Trump inicia operaciones militares millonarias contra carteles de la droga catalogados por Washington como organizaciones terroristas -y contra la soberanía de otras naciones-, organizaciones defensoras de los derechos humanos y gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia han propuesto regular la cocaína.

“La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina”, afirmaba el presidente del país que exporta el 80% de la cocaína mundial, en declaraciones públicas hace 6 meses. Desde su llegada a la presidencia ha mantenido un posicionamento claro en materia de política global de drogas: regular las drogas resolvería en buena parte la grave problemática en términos de vulneración de derechos humanos en la que está sumergido su país históricamente y que estos últimos meses se ha agravado con atentados bomba en distintas ciudades, reclutamiento de menores por parte de grupos narcotraficantes y asesinato de lideres sociales que defienden sus territorios de las dinámicas del narco.

El alcohol también fue ilegal

El primer presidente progresista de Colombia también afirmó en esas mismas declaraciones que “la cocaína no es más mala que el whisky”. En esa línea, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que cada año se da una media de 2,6 millones -2 de los cuales son hombres- de defunciones atribuibles al consumo de alcohol, un 5% del total de las muertes en el mundo. Otra droga legal, el tabaco, ocasiona, según la OMS, casi 8 millones de muertes al año. Mientras que las muertes atribuibles al consumo de las otras sustancias psicoactivas son, en cambio, 600.000 al año, 400.000 de las cuales son de hombres, también según la OMS. 

No está demás recordar aquí que el alcohol también ha sido ilegal en muchos territorios y que el fin de la Ley Seca en Estados Unidos el año 1933 fue motivado por los altos índices de criminalidad y violencia que generaban las mafias que comerciaban clandestinamente con esta mercancía.

11 millones de muertes al año se relacionaron con una mala alimentación. Alrededor de 10 millones de defunciones se dan por enfermedades cardiovasculares

Si analizamos, por otro lado, la lista de sustancias que más enferman y matan, antes que el alcohol y el tabaco están tres alimentos: la carne procesada, el azúcar y la sal. El estudio más amplio realizado a nivel mundial sobre la relación entre la alimentación y las enfermedades, Carga Global de Enfermedad afirmó que “la mala alimentación es responsable de más muertos que cualquier otro factor de riesgo en el mundo”.

Este estudio, que analizó tendencias desde el 1990 hasta el 2017, demuestra que 11 millones de muertes al año se relacionaron con una mala alimentación. Alrededor de 10 millones de defunciones se dan por enfermedades cardiovasculares, unas 913.000 por cánceres relacionados con la alimentación como el de colón, y casi 339.000 por diabetes tipo 2. 

Récord de mercado de la cocaína y derroche

De hecho, en el país impulsor de la fallida guerra contra las drogas, Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), registró en 2024 una reducción histórica de casi un 24% en las muertes por sobredosis de drogas, a pesar del auge del mortífero fentanilo. Se estima que 80.391 personas murieron por sobredosis de drogas en 2024, una caída del 27% con respecto a las 110.035 de 2023.  El número de muertes asociado al consumo de drogas bajó -posiblemente por la implementación de políticas de reducción de daños de la administración Biden-  pero el mercado global de la cocaína batió su propio récord. 

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “la producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento de mercado. La producción ilegal se disparó a 3.708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales alcanzaron un récord de 2.275. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023”. 

Según expertas en drogas como Estefanía Ciro, regular la cocaína también representaría una mejora en términos de economía política y de economía humana

Es imprescindible resaltar, de entre todos estos datos, que de 3.708 toneladas de cocaína producidas, 2.275 fueron incautadas, es decir -en teoría- destruidas. Más allá del éxito que esto pueda suponer para las fuerzas estatales policiales, en términos de economía política o de practicidad, esto supone un nivel de derroche impresionante. Derroche en energía, materiales, trabajo humano, contaminación etc. Significa que un 61% de la producción de un bien, que guste o no, es consumido por 25 millones de personas en el mundo, es producido en vano. Según expertas en drogas como Estefanía Ciro, regular la cocaína también representaría una mejora en términos de economía política y de economía humana.

La sangre derivada de la producción

Todos estos datos podrían ser de suficiente peso para proponer una regulación de una sustancia por ahora ilícita que no es más nociva ni mortífera en su consumo que otras sustancias legales. Pero si acaban siendo los mismos países productores o comercializadores, como Colombia o México, los que defienden una política no prohibicionista, es por su preocupación por el nivel de violencia que esta legislación mundial en materia de drogas implica para sus territorios y poblaciones. 

Desde los países consumidores -Estados Unidos y España entre los que más consumen cocaína del mundo-, las muertes que tenemos más asociadas al polvo blanco y otras drogas son las que se dan en personas consumidoras por sobredosis o consumos abusivos. En los países productores, en cambio, están más instalados en el imaginario colectivo los asesinatos por ajustes de cuentas, reclutamientos de menores, violencia sexual contra mujeres y niñas, desplazamientos forzados y otras vulneraciones de derechos humanos que comportan la producción y el comercio de estas drogas. 

América Latina es el continente con más defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados del mundo desde hace años. El año 2024 se registraron al menos 257 según Front Line Defenders, 157 en Colombia y 32 en México. Si bien muchos tienen que ver con megaproyectos extractivistas, un gran porcentaje tiene que ver con el narcotráfico. Y, de hecho, ambas actividades suelen estar vinculadas. Un 18% de estas defensoras asesinadas pertenecen a comunidades indígenas. Autoridades de pueblos originarios asesinadas en Colombia como Edwin Dagua, Cristina Bautista o Argenis Yatacue, tenían una posición crítica frente al cultivo de hoja de coca que representa el principal sustento de sus comunidades y habían plantado cara a los grupos armados narcotraficantes que controlan sus territorios antes de ser alcanzados por sus balas.

Violencia en Europa, deforestación y justicia global

Si bien estos niveles de violencia estructural en el sur global no parecen preocupar a Europa, la llegada de los grandes cárteles de la droga a los principales puertos europeos en los últimos años está empezando a ser noticia de cabecera en los periódicos del norte. Los hechos violentos relacionados con el narcotráfico van en aumento en países como Países Bajos o España, con noticias recientes como la de la instalación de una oficina del Clan de Sinaloa en Barcelona o asesinatos por ajustes de cuentas en barrios de alto nivel económico como l'Eixample de Barcelona. Situación que pone de manifiesto que la política de drogas está estrechamente relacionada con los derechos humanos.

En el año 2021 se calculó que el 10% de la deforestación de la amazonía era atribuido directamente a los cultivos de coca

El tema tiene muchas perspectivas, también la ecológica: la producción de cultivo de coca en la Amazonia -en territorios más escondidos y menos accesibles- se traduce en altos niveles de deforestación. En Perú, según la Agencia de Prensa Ambiental Inforegión, en el año 2021 se calculó que el 10% de la deforestación de la amazonía era atribuido directamente a los cultivos de coca. En Colombia, según el centro de estudios Indepaz, en 2017 la deforestación asociada a cultivos de coca llegó a representar el 24% del total de bosque deforestado en el país. 

A todo ello debemos sumarle otros factores de riesgo ambiental como las tradicionales aspersiones de glifosato como medida para erradicar cultivos que en Colombia se prohíben y legalizan dependiendo del gobierno de turno. Un agente contaminante de tierra y fuentes hídricas cancerígeno y nocivo para la salud de todos los seres vivos que habiten las áreas rociadas. 

Desde la perspectiva de justicia global o colonialidad podemos realizar también un análisis de los precios y costos de la cocaína. Según un informe de Institute for Diplomacy and Economy de Bruselas, las bandas originarías de los Balcanes están comprando actualmente el kilogramo de cocaína a entre 1.700 y 3.500 euros a los productores y lo venden a precios entre 25.000 y 35.000 euros a los distribuidores europeos. A su vez, según agricultores de la hoja de coca del departamento del Cauca, Colombia, un kilogramo de hoja -se necesitan unos 11 kilos de hoja para hacer un kilo de cocaína- ahora mismo lo compran por 50 céntimos de euro. La desigualdad que reflejan estos valores cambiantes del precio de la cocaína según latitud, clase social y raza, es abrumadora. 

El gobierno de Petro, cuyo mandato termina en junio de 2026, se ha comprometido a organizar una Conferencia Internacional de Drogas para abordar el asunto

Organizaciones académicas y defensoras de derechos humanos especializadas en derecho como DeJusticia (Colombia) o Elementa (México-Colombia) ya han publicado numerosos informes sobre las virtudes y posibles escenarios de vías posibles de regularización de la cocaína. Sería bien distinto legalizarla y que la producción y el comercio quede en manos de las multinacionales a que las comunidades, según sus mandaros y planes de vida, diseñe modelos de regulación que respete la autonomía de los pueblos. En cualquier caso, el gobierno de Petro, cuyo mandato termina en junio de 2026, se ha comprometido a organizar una Conferencia Internacional de Drogas para abordar el asunto y seguir cuestionando el régimen internacional de prohibición.