Heroína en Madrid: los recortes se ceban con la prevención

En la Junta Municipal del Distrito de Latina (Madrid), ante los responsables policiales y municipales y en nombre de la Asociación Vecinal de Lucero, Modesto García expone la preocupación de sus vecinos por el aumento de consumidores de heroína en espacios cubiertos del barrio durante el invierno. Y añade: “Queremos resaltar una diferencia importante con la situación de hace algunos años o décadas. Entonces, el tráfico se producía en el descampado, en las infraviviendas dispersas por lo que hoy es el parque. Hoy se produce en la zona residencial”.

Según los datos de los servicios públicos que atienden a personas drogodependientes, el consumo de heroína en Madrid se ha ido reduciendo desde mediados de los años 90. Sin embargo, varias asociaciones vecinales de los distritos de Latina, San Blas y Villaverde han identificado un aumento de la venta y el consumo durante el último año. Sus relatos ponen sobre la mesa una cuestión: cómo han afectado los recortes a los tratamientos y a la prevención.

En San Blas-Canillejas, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha un plan integral que estudia extender a otros distritos. Allí, la asociación Colectivo San Blas es el único recurso de apoyo a drogodependientes a pie de calle que hay en el barrio, donde atiende a unas 150 personas. El año pasado sus dos trabajadoras sociales tuvieron que ejercer como voluntarias durante tres meses y medio ante la falta de financiación y calculan que el próximo junio se verán obligadas de nuevo a cerrar hasta que vuelvan a recibir ingresos.

“La Comunidad de Madrid retiró las ayudas para drogodependencia, cerró la Agencia Antidroga, que transformó en un servicio pero que no tiene subvenciones. El Ayuntamiento de Madrid retiró las subvenciones del Instituto de Adicciones, que quieren retomar este año pero que todos estos años hemos estado sin ellas. Las obras sociales han dejado de dar porque han recortado mucho sus presupuestos”, expone a El Salto Almudena Hernanz, coordinadora de los programas de VIH de la asociación. “No somos las únicas que estamos así”, añade Patricia Bravo, responsable de los programas de drogas. “De las [asociaciones] que estamos en Fermad, la Federación Madrileña de Drogodependencias, ya van cinco o seis las que hemos cerrado. Al final, si no te dan para sobrevivir, no puedes”.

En el local del Colectivo San Blas hablamos con Ángel, de 60 años y consumidor desde 1974, y Jesús, de 53, que empezó con 12 y actualmente no consume. “En 2010 y 2011 pegaron un hachazo: los pisos de reinserción, los CAID…”, dice Jesús. Ambos coinciden en criticar el cierre de la ‘narcosala’ de las Barranquillas y destacan el servicio de higiene y albergue que daba a los consumidores que estaban en la calle.

Dos consumidores coinciden en criticar el cierre de la ‘narcosala’ de las Barranquillas y destacan el servicio de higiene y albergue que daba a los consumidores que estaban en la calle

Muchos de ellos acuden a diario a la Cañada Real, una barriada de 15 kilómetros conocida por lo que sucede en apenas una calle de 700 metros ubicada en su sector 6. Allí se encuentra el principal punto de venta de heroína de la ciudad. Recorremos la zona con Carlos Buendía, un trabajador social que lleva tres años y medio trabajando con población gitana.

“Está todo bastante peor que hace unos años a nivel de prevención. El problema es ese, que la prevención ya no existe en Madrid. Existe la cura como tal, pero una cura de una enfermedad crónica como una drogadicción muy grande es complicada. Y más en barrios donde los recortes afectan bastante más”, señala. Buendía se muestra crítico con la externalización de los servicios: “El trabajo que se realiza es insuficiente y depende mucho de lo que le interesa al patrocinador privado. No interesa el contexto, no se hace una educación de calle real”.

En la Cañada hay tres mezquitas, una iglesia evangélica y la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, donde nos recibe su párroco. Agustín Rodríguez comparte el análisis de Buendía: “Los grupos de apoyo y seguimiento que existían en los barrios, que hacían un trabajo previo con los drogodependientes, y un trabajo posterior y con las familias…. Todo eso desaparece. Las asociaciones dejan de existir y se crean empresas de servicios”. Para Rodríhguez, que antes de llegar a la Cañada en 2008 trabajó durante 26 años en pisos con drogodependientes, “eso supuso una revolución radical en cuanto a todo tipo de planteamiento y de proceso. A partir de ese momento todo se profesionaliza y se orienta hacia lo que las administraciones marcan dentro del pliego de condiciones que tienes que firmar”. 

El área de Madrid Salud, dependiente del Ayuntamiento, cuenta con diez Centros de Atención a las Drogodependencias (CAD), tres de ellos concertados, donde en 2015 atendieron a 2.653 personas con adicción a los opiáceos, una cifra que no ha dejado de caer en los últimos años. 323 de ellas acudieron al CAD de Arganzuela. Visitamos sus instalaciones junto a María Pérez, jefa de sección en funciones del centro, quien indica que el consumo de heroína comenzó a caer cuando en 1998 se introdujeron los programas de metadona.

Pérez, que lleva 25 años trabajando en esta red de centros, explica que las partidas presupuestarias se redujeron a partir de los años 2010 y 2011. “Se pudo optimizar lo que teníamos y que se notara menos. Hubo recortes importantes, traumáticos, en el tema de prevención, menos en el tema de asistencia”, afirma. Y, aunque reconoce que en cuanto a recursos externos “no estamos como estábamos en 2009”, considera que ahora el principal problema es la imposibilidad legal de reponer personal. “Hay mucha gente que estaría deseando venir a trabajar aquí, pero la ley no nos lo permite”, comenta.

Preguntamos a Beatriz Mesías, jefa del Servicio de Asistencia del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. “Hubo una época de crisis en la que tuvimos que hacer reajustes, pero en el tratamiento se intentaron hacer de forma muy racional”, dice a El Salto. “Sí es verdad que repercutió más en plazas de comunidades terapéuticas o en recursos de apoyo al tratamiento, pero en la reducción del daño y en el tratamiento en centros ambulatorios, siempre ha habido una continuidad”, sostiene. Mesías afirma que en los dos últimos años se han ido recuperando recursos y destaca que hay prevista una convocatoria de subvenciones para entidades sociales en 2017.

En los dos últimos años se han ido recuperando recursos y destaca que hay prevista una convocatoria de subvenciones para entidades sociales en 2017

El ‘Metabús’ de la red asistencial de la Comunidad de Madrid dispensó dosis a 863 pacientes en 2015. El 22% de las personas atendidas en sus 33 centros (CAID) recibieron metadona por adicción a los opiáceos, cuyo consumo –aseguran– disminuye entre las sustancias por las que los usuarios acuden a tratamiento. En 2012 la Consejería de Sanidad cerró cuatro centros de atención y la ‘narcosala’ de Las Barranquillas tras reducir un 34,4% el presupuesto destinado a políticas en materia de drogas. En 2015 eliminó la Agencia Antidroga, y el año pasado retiró la financiación a la Unidad del Drogodependiente de la cárcel de Navalcarnero.

Sobre cómo afectan los recortes y cierres de centros a la asistencia a drogodependientes, desde la Dirección de Salud Pública contestan mediante un correo electrónico: “En cuanto a los centros de tratamiento ambulatorio, no ha habido disminución alguna en la oferta asistencial ya que permanecen abiertos todos los centros e incluso ha habido un aumento en la oferta, pues en el año 2015 se abrió un centro específico para el tratamiento de jóvenes y adolescentes”.