Diario de la crisis
El conflicto es una potencia económica

En esta decimoctava entrega del Diario de la crisis, proyecto lanzado conjuntamente por Effimera, Machina-DeriveApprodi y El Salto, Giovanni Giovannelli analiza, a la luz del caso italiano, las distintas configuraciones que adopta la pobreza en el actual entorno de crisis y las modalidades de gestión de la misma por los actuales gobiernos neoliberales de la Unión Europea para disciplinar a la fuerza de trabajo y segmentar sus trayectorias socioeconómicas y su posible representación política. En este contexto la cuestión del salario mínimo asume una importancia estratégica en la medida en que permite oponer un criterio mínimo de igualdad a la enorme diversidad de figuras contractuales asumidas por la relación laboral, muchas de ellas tenuemente reguladas (trabajo parasubordinado, autónomos, falsos autónomos, becarios, etcétera), que deberían ser sometidas a la cobertura integral del derecho laboral para dotar a la prestación de toda actividad productiva de la protección debida a la relación jurídico-laboral con independencia del vínculo concreto y de la especificidad de la relación productiva con el empleador de turno. Mientras se avanza en esa dirección, las experiencias de autogestión de la actividad productiva frente a la negligencia patronal y la complicidad fraudulenta de las Administraciones públicas cobra una importancia estratégica en este entorno de enorme violencia estructural contra la clase trabajadora.

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Heráclito, «Fragmento 22B80», DK)

El 25 de octubre de 2023 el Istituto Statistico Italiano (ISTAT) puso a disposición de los ciudadanos su informe anual sobre la situación de la pobreza en Italia, cuyo contenido puede consultarse aquí Le statistiche dell'ISTAT sulla povertà/Anno 2022. Del mismo se desprende un cuadro general que parece coherente tanto con el sentimiento popular percibido por todo observador no retribuido (o si lo es, que hace su trabajo honestamente), como con las decisiones del aparato gubernamental. El cuadro confirma el ataque extremadamente violento lanzado contra los trabajadores subalternos y el precariado de la vieja Europa. En 2021 la pobreza ya había conocido un punto máximo, atribuido por la sociología del régimen a la contingencia sanitaria ligada a la pandemia y a las secuelas de la guerra en Ucrania. Desaparecida la emergencia de la covid-19 y más allá de las garantías dadas de la inevitable derrota rusa gracias las sanciones y al suministro de armas, ese punto máximo no fue realmente tal, porque, por el contrario, el gráfico muestra un nuevo descenso del presupuesto familiar entre los menos favorecidos en todas las regiones italianas sin excepción. En 2021 la situación de pobreza afectaba al 7,7 por 100 de los hogares italianos (9,1 por 100 de los habitantes).

A contrapelo de las promesas celestiales de la práctica totalidad de los expertos institucionales en 2022 los hogares italianos pobres pasaron a ser 2.180.000 (8,3 por 100), lo cual implica un total de 5.600.000 personas, es decir, el 9,7 por 100 de la población residente. No disponemos de los datos de los nueve primeros meses de 2023, pero los datos no oficiales (como tales no disponibles) excluyen una inversión de la tendencia que ahora se ha hecho constante, debido a la persistencia de la guerra y de la inflación con el añadido de los desastres ecológicos-climáticos, y sólo se trata de cuantificar la ampliación del contingente de quienes se hallan en situación de pobreza. Hoy en día, al menos uno de cada diez ciudadanos es pobre y precisa de ayuda para subsistir, lo cual hace erosionando los ahorros de quienes le ayudan por razones afectivas o endeudándose más o menos intensamente.

Al hojear el informe del ISTAT del 25 de octubre encontramos datos realmente inquietantes. Por ejemplo, 1.270.000 menores, es decir, el 13,4 por 100 de los integrantes de este grupo, se encuentran en la indigencia, una nueva generación que la inefable ministra de la Familia Eugenia Maria Roccella no tiene en cuenta a la hora de abordar el presupuesto anual en los foros parlamentarios (cámaras parlamentarias, comisiones, proyectos de ley). Además, la tasa de pobreza absoluta sube al 14,7 por 100 cuando en la familia hay un obrero, señal de cuánta atención les ha reservado la pareja gubernamental Draghi-Meloni, que evidencian una continuidad objetiva de sus respectivas opciones.

Pero aún más llamativo es el hecho de que el porcentaje de pobreza se dispara, alcanzando el 28,9 por 100, cuando hay al menos un extranjero en la familia (cuando son todos italianos desde hace varias generaciones, baja por el contrario al 6,4 por 100). El enjambre migratorio se caracteriza, pues, por la existencia de tres de cada diez personas viviendo por debajo del umbral de subsistencia, incluso sin tener en cuenta la densa presencia de migrantes irregulares carentes de permisos y documentos y presumiblemente de recursos considerables. Pero la constante reducción de la natalidad (el ISTAT señala un descenso adicional del 1,7 por 100 respecto a 2021, 393.000 nacimientos en total) conlleva la necesaria entrada de los ya migrados en el ciclo del valor; esta cifra porcentual constituye una discriminación objetiva, con o sin la presencia adicional de racismo subjetivo consciente. Pero, por favor, no neguemos que también existe el racismo tradicional, quizá reeditado en una versión actualizada del eslogan «italiani brava gente», de fascistísima memoria, tan querido por Giorgia Meloni.

Normalmente los datos del ISTAT se publican en junio del año siguiente. Esta vez se ha producido un retraso y la publicación se ha deslizado hasta octubre, lo cual se ha debido a que el organismo sigue esperando el nombramiento de su nuevo presidente tras la salida el pasado 21 de marzo de Gian Carlo Blangiardo, un técnico de formación católico-reaccionaria, nombrado durante el primer gobierno de Conte por decisión de la Lega, y adscrito a Comunione e Liberazione. La guerra hace estragos entre los caporales dispuestos a ocupar el puesto, lo cual constituye una clara indicación del grado en que las estadísticas han adquirido ahora importancia política y precisan de un control del poder ejecutivo, que garantice, si es necesario, falsificaciones adecuadas y útiles para las estructuras autoritarias.

Resistencias 1: Trabajadores migrantes a la vanguardia sindical

Sarah Babiker Kike Castro

Sphera

Sindicalismo de base Resistencias 1: Trabajadores migrantes a la vanguardia sindical

Sarah Babiker ,  Kike Castro

Primera producción europea para Sphera Network, donde El Salto TV viajó al norte de Italia para contar la historia de Unione Sindicale di Base (USB)

La cuestión del salario mínimo

En la reunión del 12 de octubre de 2023, el Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), órgano consultivo constitucional presidido por el exministro Renato Brunetta, aprobó, a instancias del gobierno, el informe sobre el salario mínimo con el evidente objetivo de desactivar la reivindicación política de los trabajadores, el cual fue entregado posteriormente a la Cámara de los Diputados, junto con un conjunto de observaciones finales, que sugerían no intervenir sobre el asunto normativamente, confiando en cambio en la dialéctica de la negociación sindical, que se consideraba suficiente para proporcionar protección a aquellos.

La Directiva Europea 2022/2041, de hecho, no obliga al Estado miembro a adoptar un instrumento legislativo para asegurar un salario digno, siempre que esta resolución programática esté garantizada por el buen funcionamiento de la negociación colectiva, cuando ésta se halle contemplada por la legislación nacional como exclusiva. El informe del CNEL es un instrumento perfecto para apoyar el autoritarismo construido al hilo de la síntesis del poder legislativo y del poder ejecutivo, que funciona no sólo en Italia, sino ahora también en Francia, así como en otros países de la Unión Europea, presentando eso sí diferentes características.

Aprobado por una mayoría política, el informe oculta conscientemente elementos esenciales: (a) sin la aplicación de los Artículos 39 y 40 de la Constitución italiana en materia de representación, los convenios colectivos nunca podrán tener fuerza de ley. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 19 de diciembre de 1962 nº 327, había anulado la llamada Ley Vigorelli (la Legge delega 741 de 14 de julio de 1959, acompañada de los correspondientes decretos de aplicación), que pretendía extender erga omnes determinados convenios colectivos sectoriales nacionales, entre ellos el importante convenio del sector metalúrgico; (b) existe una norma, el Artículo 36 de la Constitución, de carácter pacíficamente preceptivo, que impone un salario mínimo vital con independencia de la negociación colectiva. Este principio ha sido reafirmado por no menos de seis sentencias recientes del Tribunal de Casación; (c) los empleos menos protegidos, como el de los becarios, los coordinadores permanentes y los trabajadores parasubordinados no encuentran actualmente ninguna protección en los convenios colectivos. Además, a fecha de hoy, como también reconoce el informe del CNEL, ¡el 57 por 100 de los convenios colectivos (más de 900 convenios territoriales y nacionales) han expirado y ya no se hallan en vigor!

Como se constata en las investigaciones penales en curso, algunos convenios colectivos firmados por la CGIL, la CISL y la UIL, lejos de proteger a los trabajadores constituyen, por el contrario, la base del fraude y la explotación ilegal. Así lo ha reiterado también recientemente el Tribunal de Casación en su sentencia nº 28.323 de 10 de octubre de 2023. Pero el gobierno no tiene intención de atender a razones; tras recibir el informe del CNEL, el 17 de octubre bloqueó el examen del proyecto de ley sobre el salario mínimo sin pasarlo a la Cámara de Diputados, devolviendo todo el expediente a la Comisión de esta Cámara sin fijar fecha alguna para poner fin a su aplazamiento. Al mismo tiempo, nada aparece en el proyecto de ley de los nuevos Presupuestos Generales del Estado; todo el mundo sabe que no habrá debate en la Cámara de Diputados gracias a la imposición del voto de confianza, que trunca cualquier posible enmienda y discusión.

Las empresas han decidido forzar a los trabajadores a una rendición incondicional, toda lucha es considerada un crimen contra la economía y, por lo tanto, contra la nación y, por consiguiente, contra el Estado

Por otro lado, la ley del salario mínimo es necesaria para proteger a los casi seis millones de trabajadores por cuenta ajena, a los que hay que añadir los becarios, los trabajadores parasubordinados y los trabajadores precarios de vario tipo. El trabajo de cuidados es ahora un elemento estructural de la existencia cotidiana; los recortes en la sanidad y las políticas sociales han traspasado a las familias la carga del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. La elasticidad precaria y la valorización de las vidas individuales obligan a recurrir a la ayuda doméstica, a los cuidados en general. En ausencia de recursos públicos, sin embargo, un pobre no puede pagar a otro pobre, pero la opción actual del Estado es financiar la guerra, financiar puentes sobre el estrecho de Messina para unir Sicilia con la península italiana y recuperar fondos de los recortes constante efectuados en el gasto público. Las pensiones también están siendo devastadas. La derogación ya efectuada de la renta de ciudadanía hace absolutamente seguro el aumento de la pobreza en 2023, cuyo incremento durante 2022, cuando aún se hallaba en vigor aquella, es una prueba cierta de que la medida ni siquiera era suficiente para hacer frente a las consecuencias de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo asociada a la misma. En este aumento de la pobreza se observa la entrada en la misma de los pensionistas (del 4,6 por 100 al 5,9 por 100), de los autónomos (del 7,8 por 100 al 8,5 por 100), así como de los trabajadores indicados anteriormente. El porcentaje entre los no ocupados se había mantenido estable. La anulación de la renta de ciudadanía a los denominados aptos para el trabajo [abili al lavoro] tendrá como efecto el incremento de la pobreza en el segmento de los no ocupados.

El conflicto

En este mes de octubre de 2023 parece llegar a su fin otra experiencia de la que hemos hablado mucho en los dos últimos años: la de GKN, la empresa productora de componentes de transmisión para la industria automovilística con sede en Campi Bisenzio en la provincia de Florencia. Cuando se produjo el primer despido la empresa contaba con 422 trabajadores. Ahora quedan 172 (o 185, según los cálculos). Los principales clientes de los productos fabricados en la empresa siguen existiendo: Stellantis (nueva marca de la antigua Fiat), Maserati, otros fabricantes de automóviles. El antiguo dueño, una multinacional, también existe, pero se escabulló gracias a la ayuda prestada por su asesor, el empresario Borgomeo, que se hizo cargo de GKN, a la que cambió el nombre, nunca volvió a ponerla en marcha y ahora cierra, enviando a todo el mundo a casa una vez concluido el periodo de disfrute de la Casa integrazione, esto es, el periodo de percepción de la parte del salario no pagado por la empresa por parte del Estado. Esta es la respuesta empresarial: ahora, se supone, intentarán rentabilizar el edificio y/o la zona. Detrás de una fingida solidaridad institucional se escondía, como siempre, el fraude. Sólo queda la riqueza de una experiencia de lucha llevada a cabo con generosidad, el intento de construir formas alternativas de asociación, que constituyeron una alternativa real al poder, una tesela más de posibles respuestas futuras a los proyectos de subsunción en curso (1).

Esto no sólo ocurre en Italia. El autoritarismo de las instituciones es funcional a la elección de las empresas. Las empresas han decidido forzar a los trabajadores a una rendición incondicional, toda lucha es considerada un crimen contra la economía y, por lo tanto, contra la nación y, por consiguiente, contra el Estado. Las instituciones gubernamentales actúan según el patrón probado del «piloto automático», ignorando los programas electorales por los que fueron elegidos. Siguen el mismo patrón, prácticamente sin variación, ya se trate de la guerra, de la moneda, de las fuentes de energía o de los beneficios. Las diferencias permitidas a los gobiernos nacionales son ideológicas en el sentido más amplio del término: permitir o castigar una orientación sexual diferente, una religión diferente, una forma de arte diferente, una forma diferente de construir familias, una forma diferente de comer. No son detalles, no son cuestiones sin importancia, seamos claros. Pero la configuración capitalista actual deja libertad a los gobiernos por otra razón: los llamados derechos civiles no afectan (demasiado) al beneficio, al valor. Y en cualquier caso no deben generar «conflicto», porque cualquier conflicto es peligroso en sí mismo, es una tentación en el método. Pero los gobiernos olvidan que el conflicto es al mismo tiempo una potencia económica, es el motor indispensable de todo ordenamiento.

De hecho

En la última entrega del Diario de la crisis, Christian Marazzi describía la serie de huelgas y agitaciones sindicales registrada en Estados Unidos. Una señal clara a contrapelo de la tendencia, porque en esta ocasión ello no ha acarreado una erosión de las rentas del trabajo, al contrario, se han producido incluso aumentos salariales sustanciales. Tras el acuerdo logrado en Ford, los trabajadores de Stellantis también consiguieron un aumento del 25 por 100 en su convenio a finales este mes de octubre. ¿Qué pensarán de esto los trabajadores de Pomigliano, Melfi, Vigo, Metz, Sochaux? La gran ola de lucha desencadenada en Estados Unidos, traducida en la Unión Europea, ¡supondría un aumento salarial mensual equivalente a 400/500 euros! En el plano político, el presidente Biden en lugar de reprimir a los rebeldes defendió sus razones. Un tipo como Biden se comporta así por una sola razón: se dio cuenta de que realmente no tenía otra opción, si quería sostener el incremento global de la producción económica.

En Italia, en cambio, la represión, entendida como la única opción de orden, va acompañada de una sustancial calma, sin indicios reales de un posible crecimiento del conflicto a corto plazo. En Francia, Macron ciertamente ha sofocado las protestas masivas organizadas contra el recorte de las pensiones y ha impuesto en las plazas la ley de la porra y el cañón de agua después de haber privado al parlamento de su poder legislativo y haber ignorado las razones de la oposición general a la reforma de las pensiones, que representa en la Asamblea nacional al menos a dos tercios de la población. Pero esto no se ha traducido en una fuerte recuperación de la economía; la crisis persiste. Se trata de una contradicción irreconciliable del capital: necesita la esclavitud pacificada para imponer la puesta en valor a las existencias, por lo cual debe criminalizar el conflicto; al mismo tiempo, sin el motor indispensable de la lucha de clases, el capital es incapaz de desarrollarse, de renovarse, de enriquecerse enriqueciendo también a regañadientes a su adversario. El propio sistema legal no puede funcionar sin conflicto: Francia surgió en las barricadas de la Bastilla, todas las dichas democracias de la vieja Europa nacieron con –y dentro de– una revolución. Sin conflicto, los Estados mueren, no tienen razón de existir. Heráclito tenía razón. Así que no hay razón para no tener esperanza.