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Desokupa
Ione Belarra da el primer paso para la ilegalización de Desokupa
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que promoverá una reforma del Código Penal para “perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. En el foco de la reforma está la empresa de desalojos Desokupa, que ha sido noticia en las últimas semanas por su desembarco en el barrio de Bonanova en Barcelona en una concentración contra la existencia de dos edificios okupados.
Con la reforma anunciada que se tramitará en la Mesa del Congreso como Proposición de Ley a partir de la próxima semana, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere que se persiga jurídicamente y se disuelva la empresa de desalojos, dirigida por Daniel Esteve. Sus miembros afrontarían penas de prisión de hasta cuatro años por las prácticas habituales de hostigamiento y acoso a las personas contra las que actúan.
En un mitin en Alicante, Belarra llevó a cabo su denuncia: “Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia”.
La trayectoria de Desokupa, nacida en 2016, está marcada por acciones violentas y por las denuncias que tanto las víctimas de sus métodos como extrabajadores han realizado sobre un modus operandi en el que se dan todo tipo de actividades ilegales. No se trata de la única empresa de estas características pero sí de la que ha adquirido más relevancia por el uso de las redes sociales y la exaltación de la violencia que acompaña a sus vídeos.
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El proyecto de ley que Podemos impulsa afectaría a tres artículos del código penal, 510, 510 bis y 515, y contempla multas de seis a doce meses y penas de prisión de uno a cuatro años a quienes efectúen las prácticas de hostigamiento. Además, “se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet”, explican desde Podemos.
Según la legislación, no es ilegal la práctica de mediación de una empresa con los habitantes de un inmueble pero sí que para ello emplee coacciones o amenazas. Entre las prácticas de la empresa de Esteve que han sido denunciadas se cuentan los cortes de luz y de agua, el cambio de cerraduras, el bloqueo del acceso al edificio y toda suerte de situaciones violentas y desagradables.
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