Energía nuclear
Palo judicial para Berkeley Minera

La única vía que le quedaba a la empresa Berkeley Minera para poder encauzar su negocio radiactivo en Salamanca era que los tribunales de justicia le dieran la razón y así pudiera conseguir los permisos que se le están negando en vía administrativa, pero a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya sabe la empresa minera que judicialmente puede incluso perder algunos de los permisos que obtuvo anteriormente.

El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes recurrió la autorización de vertido de las aguas residuales procedentes de una explotación minera de extracción y procesamiento de mineral de uranio a los cauces del río Yeltes y Arroyos Caganchas, Santidad y Valdemanzano, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca).  Permiso concedido por la Confederación Hidrográfica del Duero en mayo de 2016 y que ahora anula el TSJCyL, en base a considerar que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, no es válida para la autorización de vertido de aguas residuales concedida por la Confederación.

La Declaración de Impacto Ambiental, que tanto debate ocasionó en las Cortes de Castilla y León una vez se comenzó a gestar la oposición al proyecto minero, tendría que haberse aprobado por la Administración del Estado, ya que la Confederación Hidrográfica del Duero pertenece a ese ámbito.

En la sentencia que ahora conocemos no queda bien parada la Junta de Castilla y León, cuyo Consejero de Fomento y Medio Ambiente, el juez Suarez Quiñones, ha defendido a capa y espada un documento inapropiado para la instalación radiactiva que se estaba intentando construir en la provincia de Salamanca.

En la sentencia que ahora conocemos no queda bien parada la Junta de Castilla y León, cuyo Consejero de Fomento y Medio Ambiente, el juez Suarez Quiñones, ha defendido a capa y espada un documento inapropiado para la instalación radiactiva que se estaba intentando construir en la provincia de Salamanca.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León supone el golpe definitivo al proyecto radiactivo de Berkeley en Retortillo, pues la empresa minera tendría que volver a someter a evaluación de impacto ambiental todo el proyecto previsto, lo que es a todas luces imposible quince años después de haber iniciado los trámites para obtener todos los permisos necesarios para explotar uranio en nuestro país.

Mientras tanto, Berkeley sigue negociando en Bolsa unos valores que carecen de cualquier interés, una vez que se denegó por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo.

Ahora sí que podemos celebrar el fin definitivo de la andadura de la multinacional australiana en Salamanca. Todas las personas que hemos luchado para que el futuro de nuestra tierra no se viera ensombrecido por una industria radiactiva bien nos merecemos disfrutar del triunfo obtenido.