Armas nucleares
Epílogo de Silencios y deslealtades II

Segunda parte del epílogo del libro Silencios y deslealtades, sobre el incidente de Palomares de 1966.

Bomba 4 de Palomares.
Tras 80 días de búsqueda marítima, con los medios más modernos a su alcance, la 4ª bomba es izada al amanecer en la borda del Petrel. Al día siguiente fue mostrada al público, un hito sin precedentes en el arsenal nuclear de los EEUU que no se volvería a repetir. (Foto: National Atomic Museum) José Herrera Plaza
Co-autor de "Silencios y deslealtades"

publicado
2020-01-20 06:31

Viene de la primera parte.

Con esta acción se muestra una vez más el respeto que sienten por los habitantes de Palomares los que moran a 525 km. de distancia. Han considerado que era mejor alternativa depositar esa basura nuclear en el lugar más contaminado radiológicamente de España, en medio de una zona agrícola y aledaño a donde habitan 2.000 seres humanos, que otras opciones fuera de normativa pero más seguras y menos dañinas para el ser humano, como su depósito provisional en el cementerio del Cabril.

Por otra parte, la Abogacía del Estado ha presentado en la Audiencia Nacional las conclusiones de la demanda contencioso-administrativa que le interpuso Ecologistas en Acción por no actuar de oficio y aceptar las rebajas impuestas por los norteamericanos. En ellas niegan de nuevo y vanamente el haber traicionado sus propios criterios radiológicos de 2003, e incluso se atreven a recordar un par de veces, con la presunción del que perdona vidas que, el nivel de intervención es de 1 mSv/año y es el valor mínimo, podría teóricamente haberse fijado en un máximo de 20 (pág. 5, Conclusiones CSN de 05/09/2018). Es decir, legalmente se les podría condenar a los palomareños a sufrir la misma radiación que padecen los ciudadanos que viven en torno a 50 km de la central nuclear de Fukushima Daichi.

Lo desalentador es que lo afirmado por el CSN de la legalidad de incrementar en un 2.000% la dosis radiactiva recibida por año es cierto. Nuestros legisladores europeos traicionaron hace muchos años a sus electores, al tiempo que saneaban las finanzas de sus partidos. Se vendieron a la poderosa industria nuclear, en manos de los grupos financieros asociados a la Banca. Redactaron unas directivas relacionadas con la protección radiológica basadas en los organismos dependientes de la industria atómica (OIEA, ICRP) sin que la Organización Mundial de la Salud pudiese opinar. Después obligaron a su transposición en las legislaciones nacionales de los países miembros. En España le llaman «Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes». Más que proteger la salud, protege a las centrales nucleares de los tribunales y de un alto incremento en las primas de seguros de responsabilidad civil. Mientras, se saltan toda evidencia científica independiente, como la de que no existe umbral de radiación seguro, o la discriminación de dosis según seas trabajador o público, como si los organismos, la radiosensibilidad de los individuos fuesen diferentes. También se la saltan diferenciando situaciones “normales”(1-20 mSv/año) o de emergencia, con incrementos de hasta un 10.000% (20-100 mSv/año). En tales estados no atienden a la sensibilidad de embarazadas o niños en su consideración de público, como si la radiosensibilidad de nuestros cuerpos, de nuestros órganos y células variaran según abstracciones normativas (situación normal o de emergencia) o el trabajo.

Estas evidencias se tornan aún más sangrantes con incongruencias en el resto de la legislación nuclear. La normativa europea y española establece unos criterios de descontaminación radiactiva 10 veces más estrictos en las instalaciones nucleares a desmantelar, donde no viven personas, como es el caso de las antiguas centrales Vandellòs I o Zorita, que la que se aplicaría a la llamada Zona 3, en pleno centro urbano de Palomares, donde residen los vecinos.

La normativa europea y española establece unos criterios de descontaminación radiactiva 10 veces más estrictos en las instalaciones nucleares a desmantelar, donde no viven personas, como es el caso de las antiguas centrales Vandellòs I o Zorita, que la que se aplicaría a la llamada Zona 3, en pleno centro urbano de Palomares, donde residen los vecinos.

El público en general desconoce la magnitud real y el tipo de los efectos potenciales de la radiación, como ignora nuestro marco jurídico que la regula y la dependencia de los organismos de control, financiados con nuestros impuestos, teóricamente para protegernos. La ignorancia, la falta de una información independiente, facilita estos entornos sin hallar oposición, que además pueden generar reacciones bipolares: sesgo optimista, que consiste en percibir que los accidentes suceden a los demás, indiferencia negligente, o temor desbocado, irracional, que raya en la paranoia. Las posturas intermedias quedan para los que se esfuerzan o tienen acceso al conocimiento, la información, el análisis, evaluación, o la gestión de riesgos y problemáticas.

Pido disculpas a quien esto lea por extenderme en la descripción de la normativa que teóricamente nos protege de las radiaciones. Creo que es indispensable contextualizar, especificar quién manda realmente, dónde estamos y si al respecto podemos confiar en la buena voluntad de nuestras instituciones hacia la rehabilitación radiológica de Palomares y demás áreas con semejante problemática, o en caso de infortunio, que vivamos alguna de las experiencias de Windscale-Sellafield, Three Mile Island, Chernóbil o Fukushima, ya sea en España o en países cercanos, sometidos a unos niveles legales nada seguros ni saludables, con unas potenciales consecuencias imposibles de reclamar y compensar.

La mejor radiactividad es la que se aproxima a cero. Suficiente tenemos con el radón de nuestras casas, el aire de las ciudades, los emisores radiactivos en el cemento, la naturaleza, los rayos cósmicos y una larga lista de carcinogénicos incorporados en las últimas décadas a la cotidianeidad de nuestras vidas.

La pregunta recurrente sobre si aquella zona será alguna vez descontaminada tiene un horizonte de incertidumbre que atenaza cualquier pronóstico. La pugna por el derecho de una comunidad a vivir en un entorno sin contaminación radiactiva ha de continuar. Es una lucha por la dignidad de un pueblo quebrantado por sus gobiernos y los EEUU, que soportan en el pasado y presente los rigores y ultrajes de un destino que no es el suyo, de un sino por otros impuesto a base de silencios y deslealtades. Ante tal escenario no creo por tanto que nos hayamos de plantear nuestro compromiso y esfuerzo en aras del rédito de las acciones vindicativas. A pesar de sus avances y retrocesos, siempre he percibido el sentido progresivo de la historia. El esfuerzo por mejorar la calidad democrática de nuestros sistemas puede que vea sus frutos algún día. Para cuando así sea, resulta primordial mantener ardiente el rescoldo, la memoria viva de causas como la que hemos tratado en este libro, lejos de las fauces del olvido.

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